Campeche, Camp., 14 de agosto. Los habitantes de la comunidad San Antonio Ebulá –ubicada en las inmediaciones de esta capital– que fueron desalojados de sus viviendas el jueves pasado intentaron regresar este mediodía al poblado, pero no pudieron acercarse pues un grupo de choque que resguarda el predio colocó barricadas y montones de tierra en el único camino de acceso.

Los afectados dieron a conocer que Félix Quen Pech, de 76 años, está desaparecido, y lo vieron por última vez el jueves, cuando se cubría con unas láminas para no ser detectado por los sujetos armados que desalojaron San Antonio Ebulá –bajo la mirada de efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal–, presuntamente pagados por el empresario Eduardo Escalante Escalante, quien fue suegro del anterior secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.

En protesta por el desalojo, los colonos iniciaron un plantón permanente ante el palacio de gobierno, y bloquearon durante 20 minutos la avenida 16 de Septiembre, para exigir a las autoridades intervenir para que les devuelvan sus terrenos.

El abogado de los colonos, Jorge Cocom, informó que presentaron denuncia penal contra Eduardo Escalante y su hijo, Carlos Daniel Escalante Castillo, por supuesto despojo y lesiones contra seis personas, entre ellos un niño de 12 años y tres ancianos.

Los dos detenidos tras el desalojo, Ranulfo Ramírez Naal y su hijo Marco Antonio Ramírez, fueron liberados la noche del jueves, y de acuerdo con la SSP de Campeche, se les arrestó porque eran de los que estaban más violentos.

Unas cien personas intentaron llegar a San Antonio Ebulá en busca del anciano desaparecido y para recoger sus pertenencias, pero no pudieron acercarse porque siguen ahí los vigilantes, armados con piedras y palos.

Se defienden los Escalante

En conferencia de prensa, Concepción Sansores Ambrosio, apoderada legal de Carlos Daniel Escalante, negó que se usaran armas durante el desalojo, y sostuvo que el lugar es propiedad privada.

Relató que personal de seguridad contratado por los Escalante acudió al poblado, pero se encontró con gente que respondió con agresiones, por lo que los guardias privados no hicieron más que defenderse, y dos elementos salieron heridos de bala.

Pese a fotografías, negó que la personal de seguridad privada de los Escalante portara armas de fuego. Se trató de un agresión en contra de ellos, reiteró.

Pese a las evidencias de destrucción de las chozas, negó que se causaran destrozos.

En cuanto a la propiedad del predio, sostuvo que la autoridad judicial validó y ordenó su recuperación desde 2001, y los invasores retornaron en cuatro ocasiones. Se tienen los dictámenes de la Secretaría de la Reforma Agraria y del Registro Agrario Nacional de que se trata de un predio particular, y se tiene las documentales de su origen en 1920, señaló.