Tres unidades de la Policía Federal (PF) interceptaron este miércoles al presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, Héctor Murguía Lardizábal, a quien encañonaron con rifles de asalto, lo mismo que a sus escoltas, y lo obligaron a bajar de la camioneta en que circulaba. Este fue el tercer incidente similar que sufre el edil este año.

Ayer por la tarde, cuando Héctor Murguía se dirigía a la inauguración de unas oficinas del Infonavit, efectivos federales, a bordo de tres camionetas –una de ellas marcada con el número 13123–, interceptaron la caravana de tres vehículos en los que viajaba el alcalde con sus guardaespaldas sobre la calle Libramiento de la colonia Manuel Gómez Morín, al sur de Juárez, y apuntaron sus armas hacia los tripulantes de las unidades.

Murguía Lardizábal reclamó a los federales por apuntarle con sus fusiles y le dijo al jefe de los uniformados tú no eres nadie para andar mandando en Juárez. El oficial de la PF al mando llamó por teléfono a sus superiores y el presidente municipal le preguntó: ¿por qué no le dices que apuntaste a los escoltas? ¿Por qué no le dices que me apuntaste?

Este es el tercer suceso de este tipo entre Héctor Murguía y elementos de la PF. El pasado 25 de enero, efectivos federales dieron muerte al oficial de la policía municipal Jorge Humberto Muñoz Pérez, de 29 años, quien recibió dos impactos de bala a corta distancia, después de que se identificó como parte del equipo de seguridad personal del edil. Al día siguiente, Murguía Lardizábal dijo en conferencia de prensa gracias a Dios no me mataron a mí, ya que también me encañonaron.

El 6 de abril anterior, elementos federales encañonaron a Héctor Murguía y a sus escoltas, cuando se dirigían a un acto público. En esa ocasión, reprochó a la Secretaría de Seguridad Pública federal que no tenga coordinación para identificar a autoridades municipales.

En tanto, seis agentes de tránsito del municipio de Linares, Nuevo León, fueron levantados ayer por la mañana, y lo mismo sucedió en Michoacán, donde tres mujeres policías y una empleada administrativa de la Dirección de Seguridad Pública de Uruapan fueron privadas de la libertad sin intención de obtener rescate. También fue levantado un comandante de la PF asignado al aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, en compañía de su esposa.

En una jornada durante la cual se documentaron 30 muertes vinculadas con el crimen organizado en los estados de México, Baja California, Nayarit, Guerrero, Chihuahua, Jalisco y Nuevo León, tres presuntos sicarios fallecieron ayer al enfrentarse con militares en Linares, 133 kilómetros al sur de Monterrey.

Las fuerzas castrenses se movilizaron luego que se reportó el levantón de seis policías de Tránsito de Linares al filo de las nueve de la mañana, informó el vocero de Seguridad del gobierno de Nuevo León, Jorge Domene Zambrano.

Este año han sido privados ilegalmente de la libertad 24 policías y agentes de Tránsito en Nuevo León. El jueves anterior fueron secuestrados por la delincuencia organizada, en el municipio de Benito Juárez, 10 oficiales de policía de Apodaca y el director de la corporación, Milton Alvarado Rojas, mientras que el 11 de marzo fueron levantados siete policías estatales en el municipio de Guadalupe.

Fuentes de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán informaron que un grupo armado levantó la madrugada del miércoles a tres mujeres policías y a una empleada administrativa en Uruapan. Indicaron que dos de las oficiales estaban en servicio, y a las otras dos mujeres las sacaron de sus domicilios.

La procuraduría de Quintana Roo dio a conocer que el comandante de la PF Juan Gabriel Arellano Munguía fue levantado junto a su esposa, Rosa María Esparza Esqueda, por sujetos armados que viajaban en tres vehículos, de la habitación 218 del hotel Pedregal, ubicado en la carretera que lleva al aeropuerto de Cancún.

Mientras, el secretario de Salud de Tamaulipas, Norberto Treviño García Manso, dio a conocer que por la inseguridad en la entidad, las universidades locales prohibieron a los pasantes de medicina prestar sus servicios como residentes en clínicas de los municipios de Mier, Mante y San Fernando, lo que ha provocado dificultades para dar cobertura médica a las comunidades de esas demarcaciones.