El presidente del Consejo Económico y Social de la ciudad de México, Juan de Dios Barba, denunció que funcionarios delegacionales han armado verificaciones de última hora contra micros y pequeños negocios, así como construcciones, haciéndoles notar la ausencia de requisitos administrativos y después ofrecerles una solución por medio de terceros, para evitar multas o clausuras, a cambio de un pago de entre 12 mil y 18 mil pesos.

Tan sólo en Álvaro Obregón, se han recibido en los pasados 60 días 50 quejas de negocios y 25 por obras irregulares, que no cumplen con el uso de suelo y las limitantes de la construcción; a los cuales se suman casos en Tlalpan e Iztapalapa, pero éstas son las que nos han llegado. Son demasiadas en un lapso pequeño, aun cuando mucha gente no denuncia, señaló.

Dicha situación fue notificada al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard; los delegados y la Contraloría General, que comenzó una investigación en contra de los funcionarios presuntos responsables, a fin de aplicar las sanciones administrativas o penales que resulten. Se tiene el caso particular de Álvaro Obregón, afirmó el funcionario de la administración capitalina.

Ahí se solicitó a varios negocios un programa interno de protección civil. Tenemos las tarjetas de visita, que el área de Protección Civil de la delegación entregó a algunos empresarios para recurrir a terceros acreditados, registrados conforme a la ley, para que les expida un oficio en el que se establece que no tienen necesidad de elaborar un programa de ese tipo, cobrándoles entre 12 mil y 18 mil pesos, dependiendo del negocio, explicó.

Se trata, dijo, de pequeñas oficinas, papelerías, tintorerías, agencias de viajes, dulcerías y talleres automotrices que “caen en esa situación de temor.