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Autoridades de Morelos nunca notificaron al DF, dice Mancera

Admite PGJDF errores en el caso El Bocinas

Se van a revisar los protocolos para actualizarlos y mejorarlos, señala su titular, Rodolfo Ríos

Rechaza Ejecutivo que exista alarma en hospitales

 
Periódico La Jornada
Jueves 20 de diciembre de 2012, p. 30

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Rodolfo Ríos Garza, reconoció que falló la colaboración entre la dependencia a su cargo y las autoridades de Morelos en el caso del presunto narcotraficante Crisóforo Rogelio Maldonado Jiménez, El Bocinas, asesinado la noche del pasado domingo cuando se encontraba internado en el área de terapia intensiva del hospital Médica Sur, donde se internó el pasado 11 de diciembre, luego de ser atacado a balazos en la ciudad de Cuernavaca.

Evidentemente es un hecho que está a la vista de todos, pero es un caso aislado, dijo el funcionario, quien manifestó que se van a revisar los protocolos para actualizarlos y mejorarlos.

Ríos Garza señaló que en ningún momento la PGJDF tuvo información sobre los antecedentes penales de Maldonado Jiménez e incluso, agregó, tuvieron que pasar dos días del homicidio, para que la PGJDF tuviera acceso al expediente de investigación iniciada en Morelos, y eso porque personal de la procuraduría capitalina tuvo que ir por él la madrugada de ayer, ya que nunca se le fue entregada dicha información a pesar de que se solicitó.

Tampoco, agregó, recibió oficio de colaboración ni para custodiar al presunto narcotraficante, ni para ubicarlo, pues, subrayó, él ingresó al hospital como víctima.

Por su parte, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, aseveró que Morelos no hizo ninguna notificación a las autoridades capitalinas. “Aparentemente la hizo a otra instancia; no tengo todavía el dato concreto, solamente el gobernador de Morelos –Graco Ramírez– debe tenerlo, pero no fue al Distrito Federal”.

El mandatario rechazó que exista alarma generalizada por la seguridad en los hospitales o entre la ciudadanía derivada de la ejecución del presunto narcotraficante.