Opinión
Ver día anteriorJueves 19 de diciembre de 2013Ver día siguienteEdiciones anteriores
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A falta de votos
L

a reciente reforma política, la toma de la tribuna en el Senado y la Cámara de Diputados, el uso de palabras altisonantes, los desnudos, los bloqueos de calles, la ocupación de la vía pública para protestar contra una ley o contra una determinada política, son estrategias dictadas por un mismo problema: la condición de minoría legislativa de partidos o fuerzas que no logran movilizar a sus simpatizantes para que los apoyen con su voto en las urnas. En la medida en que nuestra forma de gobierno siga siendo una democracia representativa, la manera más eficaz de influir en las políticas gubernamentales es mediante una representación legislativa numerosa, y esa sólo la asegura el sufragio.

Desde esta perspectiva, la denuncia sistemática de instituciones y procesos electorales, que es uno de los temas centrales del discurso de las oposiciones, es autoderrotista en la medida en que desanima la participación. Los priístas también la han emprendido contra el voto, pero de otra manera, por ejemplo al haber incurrido en prácticas fraudulentas o al socavar la credibilidad del IFE, como lo han hecho sistemáticamente sin importar si están en la oposición o en el poder. Una amplia movilización de votantes es el mejor antídoto contra el fraude, como bien lo sabe el PRI, que durante décadas cultivó la no participación; en aquellos años no eran pocos los ayuntamientos en los que los munícipes eran quienes cruzaban todas las boletas de votación. El sorpresivo incremento de votantes en los años 80 cimbró el autoritarismo y acabó con la hegemonía priísta.

Esta historia parece olvidada. El objetivo de la reforma política más reciente parece ser congelar el equilibrio político existente, como si las oposiciones se hubieran resignado a serlo indefinidamente, mientras que el PRI se asegura la condición mayoritaria, que debe considerar natural. Es cierto que aún debemos esperar la ley de partidos políticos que nos tienen prometida para abril de 2014, para saber exactamente qué tienen en la cabeza los legisladores; sin embargo, no deja de ser inquietante que se haya votado que un diputado que busque relegirse sólo puede hacerlo si se postula por el mismo partido que representó originalmente; o la propuesta, por fortuna derrotada, de aumentar el porcentaje de votos que requiere un partido para llegar al Legislativo, de 3 a 5 por ciento.

Creo, sin embargo, que el cambio más significativo que revela la intención de paralizar la dinámica política es el que se refiere a la constitucionalización de la posibilidad de formar un gobierno de coalición. Esta fórmula no sólo contraría la separación de poderes, que es un principio básico del régimen, sino que se opone a uno de los presupuestos fundamentales del régimen presidencial, según el cual el candidato que obtiene la mayoría tiene la prerrogativa de integrar su gabinete como mejor le convenga, con miembros de su propio partido o de otros, tecnócratas o analfabetas.

Las oposiciones actuales se apresuraron a votar esta modificación del régimen político que, en el fondo, equivale a fabricar una mayoría que no proviene de la urna, sino de negociaciones –no siempre transparentes– entre las fuerzas políticas, que pueden ser como el PVEM, que se ha convertido en un Mini-Me del PRI, ese personaje minúsculo de la parodia de James Bond, Austin Powers. Los efectos de esta reforma son comparables a los de la famosa cláusula de gobernabilidad que tanto criticaron las oposiciones en los años 80.

La clave de la democracia es la posibilidad del cambio; es decir, el reconocimiento de que los equilibrios políticos son coyunturales; la manera más efectiva de desvirtuar el régimen es tratando de paralizar esa dinámica con acuerdos entre los legisladores, que luego llegarán al Poder Ejecutivo. En esas circunstancias, el presidente estaría, o bien atado de manos frente a arreglos del Legislativo que pueden llegar a obstaculizar la implementación de sus políticas de gobierno; o bien, todo se vuelve una ficción, porque el representante (o los representantes) de la oposición en el gabinete pronto se tendrán que disciplinar a las instrucciones del señor Presidente.