Luego de que el juzgado tercero de distrito en materia penal, con sede en Guanajuato, dictó auto de formal prisión en contra de tres de los siete consignados por la Procuraduría General de la República (PGR) como presuntos involucrados en la evasión de Joaquín Guzmán Loera, funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) indicaron que el Ministerio Público Federal apelará de la resolución judicial.

Durante la madrugada de ayer el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio a conocer el fallo dictado por el juzgado con sede en Guanajuato, en el cual señaló que la PGR no aportó elementos de prueba para enjuiciar a dos funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y dos servidores públicos más del penal del Altiplano que también habían sido acusados de ayudar al líder del cártel de Sinaloa.

La decisión judicial fue decretar formal prisión en contra de tres servidores públicos que laboraban directamente en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número uno, Altiplano, como parte de la red de corrupción que colaboró en la evasión de Guzmán Loera.

A los tres acusados se les procesará por ser presuntos responsables de la comisión del delito de evasión de presos en la hipótesis de cuando el detenido está siendo procesado por la comisión de delito o delitos contra la salud, previsto y sancionado en el artículo 150 del Código Penal Federal, con la agravante señalada en el párrafo segundo del citado precepto.

La PGR ejercitó acción penal en contra de los siete funcionarios el pasado 17 de julio, luego de que el juzgado cuarto de distrito en el estado de México, con residencia en Toluca, libró orden de aprehensión.

La orden de captura fue cumplimentada ese mismo día y los siete indiciados quedaron presos en el Cefereso número 12, en Guanajuato.

El CJF indicó que “la fiscalía probó el delito de evasión, al existir datos suficientes para concluir que funcionarios públicos favorecieron el escape de Joaquín Guzmán Loera.

Sobre el delito de evasión, se estableció que la forma de fuga de Guzmán Loera indicaba que le fueron proporcionados datos estratégicos y logísticos de la penitenciaría, y que la construcción de un túnel altamente sofisticado en un centro penitenciario de máxima seguridad permitía afirmar que funcionarios públicos propiciaron y favorecieron al evasor.