El Comité de Víctimas de Nochixtlán pidió ayer al gobierno federal la creación de una fiscalía para investigar los hechos ocurridos el 19 de junio en esa comunidad de Oaxaca, que dejaron ocho muertos y cientos de heridos, luego de un enfrentamiento entre policías y pobladores que protestaban en contra de la reforma educativa impulsada por la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Juana Ramón Solís, presidenta del comité, dijo en una conferencia de prensa en la sede de la sección nueve de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en el Centro de la Ciudad de México, que aquel día los habitantes de Nochixtlán no salieron a buscar las balas. Las balas del gobierno llegaron a nosotros, por eso es responsabilidad del gobierno atender el mal que nos llevó.

Ese día nos agarraron en desventaja, aseguró Héctor López Rodríguez, miembro del comité. Pero ahora sí estamos preparados, continuó, y sostuvo que la población de Nochixtlán se ha organizado para resistir una eventual repetición de la operación policiaca del 19 de junio. No buscamos confrontación ni violencia, sino solución a nuestros planteamientos, entre los que está la cancelación de la reforma educativa.

Enrique Enríquez, dirigente de la sección nueve de la CNTE, dijo que la coordinadora respalda a los pobladores de Nochixtlán y solicitó que en las investigaciones intervengan organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que envió un grupo de investigadores a indagar sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

José Luis Cruz Aquino, hermano de Anselmo, uno de los fallecidos en Nochixtlán, dijo que a dos meses de lo ocurrido en el pueblo he visto en los medios de comunicación que el gobierno dice que ya nos dio el apoyo. Vengo a aclarar que sólo nos dieron el apoyo de gastos funerarios para las víctimas, pero no ha habido indemnización, ni reparación integral del daño.

El comité calcula que hubo 300 lesionados el 19 de junio, unos 150 de ellos heridos por armas de fuego. El 19 de agosto, dijo la presidenta del comité, se hizo el pago de gastos emergentes de los lesionados, que incluyó los costos del transporte, hospedaje y ciertos gastos médicos para algunos heridos que se trasladaron a la Ciudad de México para recibir atención. ¿Cuántos recibieron ese beneficio? 85 personas, 77 lesionados y ocho familiares de personas asesinadas por el Estado, dijo Ramón Solís.

No descansaremos hasta encontrar lo que nuestro comité ha dicho siempre: justicia para los caídos y castigo para los responsables de este crimen, aseguraron.