l caso de Arturo Campos Herrera, dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), detenido en 2013 acusado de robo, delincuencia organizada y secuestro, es un monumento a la injusticia.

Con dos juicios de amparo, tribunales federales han declarado su inocencia en tres de las cuatro causas penales abiertas en su contra. Está pendiente sólo el proceso por el secuestro de 43 personas, que se ventila ante el juez de primera instancia en materia penal del distrito judicial de Morelos con residencia en Tlapa de Comonfort, con la causa 196/2013-I-A.

Arturo Campos se ha careado con los 43 supuestos agraviados y ninguno ha sostenido sus dichos frente al defensor comunitario; reconocieron que era la primera vez que lo veían, que no les pidió dinero y mucho menos los privó de la libertad; asimismo, admitieron que durante el tiempo en que estuvieron en reeducación nunca intercambiaron palabra alguna con el defensor indígena y en ningún momento lo acusaron de haberlos secuestrado.

Del mismo modo, se ha probado la calidad de Campos Herrera como consejero de la CRAC-PC, por lo que, en todo caso, las retenciones las realizó en su calidad de autoridad bajo el sistema comunitario, que tiene un marco normativo que le da legalidad y legitimidad, con base en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.

Al cumplirse este viernes cuatro años de encarcelamiento de Campos Herrera, organizaciones civiles y sociales exigen su libertad y emprendieron una campaña nacional e internacional.

Si bien Campos Herrera fue encarcelado por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, afamado represor de movimientos sociales, es el actual régimen estatal el que lo mantiene privado de la libertad, solapando en cambio a supuestos policías comunitarios, como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, autora de matanzas de mujeres y niños como la perpetrada en Cacahuatepec.