Con la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006, Michoacán comenzó a registrar desplazamiento forzado por la violencia, con una cifra negra que no permite dimensionar la situación, señaló Gerardo Herrera Pérez, ex coordinador de Estudios, Divulgación y Capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

De acuerdo con el informe Desplazamiento interno forzado en México, realizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), en 2017 se registraron 20 mil desplazados en todo el país; de ese total, mil 350 corresponden a Michoacán. Entrevistado, Gerardo Herrera explicó que los pobladores michoacanos migran principalmente a las ciudades de México, Morelia, Guadalajara o incluso buscan llegar a Estados Unidos.

Los municipios afectados por disputas con el cártel Jalisco Nueva Generación, que encabeza Nemesio Oseguera, junto con su grupo financiero de Los Cuinis, son Huetamo, San Lucas, Tiquicheo, Aquila, Apatzingán, Múgica, Aguililla, Tepalcatepec, Jiquilpan, Sahuayo y Coahuayana.

Gerardo Herrera indicó que desde que ingresaron las fuerzas armadas para enfrentar a los grupos criminales los pobladores comenzaron a abandonar sus hogares, tanto en Tierra Caliente como en municipios que colindan con Jalisco.

No hay un censo para conocer el total de desplazados, no sabemos en qué situación se encuentran, todo porque no hay confianza en las autoridades para denunciar, sostuvo.

Mencionó que hay ausencia por parte de las autoridades en el tema de desplazamiento forzado y todo se ha quedado en discursos que dejan fuera a las víctimas.

El reporte de la CMDPDH refiere que en 2017, Chiapas fue el estado con más desplazados con 6 mil 90 personas; Guerrero, 5mil 948; Sinaloa, 2mil 967; Oaxaca, 2 mil 700; Chihuahua, 693; Durango, 365, y Zacatecas, 230.

Las modalidades de violencia que provocaron el desplazamiento forzado son: uso de arma de fuego (76 por ciento), amenazas (60), ataques a casas o negocios (56), saqueo en viviendas o robo de ganado (35), reclutamiento (16) y detenciones arbitrarias (8).

En 2017, 92 por ciento de quienes dejararon su lugar de origen lo hicieron con sus familias completas; 14 personas murieron fuera.