El gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe dar a conocer un plan bien estructurado para superar la crisis de derechos humanos que vive el país, y entre sus primeras acciones tendría que estar el fortalecimiento de las instituciones que buscan a las personas de-saparecidas, una propuesta de capacitación de los diversos cuerpos policiacos y la liberación de presos políticos, afirmaron organizaciones de la sociedad civil.

Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, estimó que una de las primeras acciones del nuevo presidente en esta materia debe ser el planteamiento de un esquema integral y coherente, ya que muchas de las propuestas que ha dado a conocer hasta ahora tienen un carácter contradictorio o inacabado.

En los primeros 100 días de la nueva administración, de acuerdo con Cortez, tendría que lanzarse un programa de cumplimiento de la Ley general en materia de desaparición forzada de personas, poner a funcionar el Sistema Nacional de Búsqueda, tener una propuesta de reorganización de la Fiscalía General de la República y decir cómo se profesionalizará a las policías federal, estatales y municipales.

Por su parte, Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, subrayó que las expectativas que hay con respecto al nuevo gobierno son muy altas, por lo que éste debe responder poniendo por encima de todo los intereses de la población en general, pues de lo contrario estaría cometiendo los mismos errores de administraciones anteriores.

Entre los asuntos que Andrés Manuel López Obrador tendría que definir en sus primeros meses de gobierno, dijo, está el de la liberación de los presos de conciencia, además del fortalecimiento de las instituciones de búsqueda de personas desaparecidas y el cumplimiento de las consultas obligatorias a los pueblos indígenas cuando existan proyectos que puedan impactar su forma de vida.