Los procesos de justicia transicional son indispensables para llegar a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición de los hechos violatorios de derechos humanos; sin embargo, no representan la panacea para resolver la grave situación de violencia e inseguridad que enfrenta México.

Así lo consideraron las personalidades que participaron en la presentación del Estudio para elaborar una propuesta de política pública en materia de justicia transicional, realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) a solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En el acto, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, destacó que el país necesita un proceso particular, pues el contexto es diferente a otras naciones donde se ha aplicado, pues en éstas se salía de dictaduras o conflictos civiles armados, mientras que México vive una crisis de criminalidad y violencia a la que no se le ve solución pronta.

El presidente de la CNDH añadió que la permanencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública –como lo indica el proyecto de Guardia Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador– podría obstaculizar el resultado de la justicia transicional.

Las víctimas merecen que los hechos y contextos en los que se ha desarrollado la violencia sean plenamente esclarecidos e investigados, que se combata la impunidad y las víctimas sean integralmente resarcidas; es una deuda que el Estado tiene con todos aquellos que han soportado la afectación a sus derechos humanos, dijo.

Sergio López Ayllón, director del CIDE y coordinador del estudio, destacó que el país hoy vive una oportunidad histórica, pues el nuevo gobierno ha presentado una hoja de ruta diferente para enfrentar el problema y lograr la pacificación del país.

Es posible poner en marcha un proceso de justicia transicional en México dentro del marco vigente, y sólo en ciertos casos se necesitaría de reformas legales (o constitucionales) de mayor alcance, subrayó.