Al comenzar los debates sobre la iniciativa de Morena para reformar la Constitución y crear la Guardia Nacional, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, reprochó la propuesta.

Esa decisión sería problemática en términos de derechos humanos porque el entrenamiento y la filosofía de los militares, basada en el combate del enemigo, no son idóneos para la prevención y persecución del crimen, advirtió.

Al acudir a la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro, refirió que el desafío del nuevo gobierno en materia de seguridad, heredado por las estrategias anteriores en la materia, es mayúsculo.

En 2018, señaló, los homicidios alcanzaron los niveles más altos del siglo, el crimen organizado ha infiltrado a muchas autoridades públicas y los indicadores sobre garantías fundamentales son igualmente preocupantes.

Asimismo, desde 2006 se disparó el número de casos de desaparecidos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, violencia contra periodistas y defensores, y los desplazamientos internos.

Además, ahora México tiene la cifra abrumadora de más 38 mil personas ausentes oficialmente registradas y centenares de fosas clandestinas; este es el tamaño del desafío que enfrentan las nuevas autoridades federales.

Nuestra prioridad es favorecer un paradigma de seguridad que proteja a la población y garantice el respeto a los derechos humanos, el cual no debe ser sólo una figura retórica, sino de importancia tangible. En el contexto de las políticas de seguridad y del uso de fuerza, debemos hacer una pausa y reflexionar en los derechos fundamentales como el de la vida, la libertad y a la seguridad, de no ser sometido a la tortura o trato crueles e inhumanos o degradantes. Es decir, de las grantías que nos liberan del temor, y desde esta perspectiva el cambio de paradigma de seguridad prometido por el actual Ejecutivo significó una fuente de esperanza.

El funcionario de la ONU coincidió con varios cambios de enfoque en la estrategia de seguridad de la nueva administración, con la finalidad de materializar la paz y superar la lógica de guerra, transitar a una visión de regulación menos represiva en materia de política de drogas, combatir la corrupción, priorizar la prevención y reducir la desigual social y económica, ya que estas son las principales causas de la inseguridad y la destrucción del tejido social.