México enfrenta desde hace varios años un fenómeno de violencia a gran escala que ha dejado más de 40 mil desaparecidos, alrededor de 30 mil cuerpos no identificados, más de 200 mil ejecutados y 15 mil casos de tortura (la mayoría de estos últimos perpetrados por elementos de las fuerzas armadas), señalaron integrantes de diversas organizaciones civiles.

Frente a esa realidad, demandaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador adoptar una política integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que combata la impunidad, garantice los derechos de las víctimas, promueva escenarios de construcción de paz y contribuya a debilitamiento de las redes y patrones de macrocriminalidad.

En conferencia de prensa criticaron la posición del Presidente de poner un punto final o borrón y cuenta nueva ante casos de corrupción y violaciones graves a derechos humanos cometidos por las administraciones anteriores, así como la creación de la Guardia Nacional. Esto, subrayaron, complica la posibilidad de lograr los objetivos de verdad, justicia y reparación.

Recordaron que el 14 de septiembre de 2018, durante el segundo Diálogo por la Paz, la Verdad y la Justicia realizado en el Centro Universitario Cultural Tlatelolco, López Obrador (entonces presidente electo) se comprometió a desarrollar una política pública que garantice el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, la cual sería prioritaria para su adminsitración.

Para sumar a la construcción de esa política desde la sociedad civil y la academia, entregaron ayer a representantes de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores cinco documentos en los que se propone la creación de una comisión nacional de la verdad, un mecanismo internacional contra la impunidad, un nuevo modelo de reparaciones, una unidad de protección a víctimas y testigos y un sistema de participación de víctimas y sociedad civil en el diseño e implementación de todos estos componentes.

A estas propuestas deben sumarse los resultados de la mesa de trabajo sobre búsqueda de personas desaparecidas y otras como las presentadas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de justicia transicional, así como las conclusiones de varios colectivos de víctimas en el encuentro que se realizó en Nochixtlán, Oaxaca.

Araceli Rodríguez, madre de un policía federal desaparecido, afirmó que el borrón y cuenta nueva planteado por López Obrador es enterrar la verdad y la justicia que hemos buscado miles de familias. Sería la representación de un Estado fallido, de la inacción.

José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, indicó que se necesita disposición y voluntad de quien detenta el poder para emprender esta política integral.