Buenos Aires. En menos de una semana el polémico juez Carlos Bonadío acaba de dictar otros dos procesamientos con pedido de prisión preventiva contra la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y ex funcionarios de su gobierno, por haber recibido supuestos sobornos vinculados a subsidios al gasoil y a los pasajeros, que obtuvieron las empresas de transporte colectivo y trenes durante su gobierno.

Esta decisiones están vinculadas a la causa de las fotocopias, que precisamente está a punto de caer por el escandaloso descubrimiento de una red paraestatal –como la calificó el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel– de extorsiones y espionaje, entre otros delitos gravísimos, que involucran a fiscales, jueces, periodistas y medios de comunicación aliados y funcionarios del gobierno, cuya responsabilidad alcanza incluso al presidente Mauricio Macri.

Por eso el apresuramiento de Bonadío para sumar otros dos procesos que significan nuevos embargos cercanos a mil millones de pesos, por presunta asociación ilícita (ampliación), cohecho y administración fraudulenta.

Esto se suma además al que dispuso el lunes en un procesamiento con prisión preventiva, también por presunta asociación ilícita, con lo que son cinco los que ha dispuesto Bonadío contra la ahora senadora.

Recientemente Cristina Fernández fue citada a indagatoria por el mismo juez en ocho causas. En ninguno de los casos existen pruebas y el mayor escándalo es el de los cuadernos, utilizando fotocopias no autenticadas, lo cual anula toda legalidad jurídica.

El pedido del lunes pasado es por la compra de gas licuado en barcos, que se demostró que está montada sobre falsos peritajes, lo que también afecta al ex ministro de Planificación y diputado Julio de Vido, en detención preventiva desde julio de 2017 y acusado en por los menos tres causas forzadas. Fernández de Kirchner se encuentra en Cuba, donde acompaña a su hija Florencia, que atraviesa serios problemas de salud en buena parte derivados de la persecución política contra su madre, ella misma y su familia.

El procesamiento alcanza también a ex funcionarios y a empresarios que confesaron, en el caso de los cuadernos, haber pagado sobornos a los ex secretarios de Transporte por los subsidios a los trenes.

Precisamente, De Vido es uno de los más de 30 presos políticos, cuyo número sigue aumentando mediante nuevos juicios, la mayoría armados.

El juez Bonadío está acusado de armar y acumular causas contra la ex presidenta, a quien Macri y sus funcionarios quieren ver presa, como lo expresan públicamente, para impedir que contienda en las elecciones presidenciales, ya que encabeza todas las encuestas para octubre.

También el ex gobernador Daniel Scioli, candidato a presidente por Unidad Ciudadana en 2015, quien le ganó en primera vuelta a Macri y perdió por escaso punto y medio en la segunda, fue acusado de lavado de dinero y otros delitos, después de presentarse como otro candidato del peronismo para disputar las próximas internas de ese partido.

La Corte Suprema de Justicia dio una firme respuesta este martes al apoyar la investigación del juez Alejo Ramos Padilla, quien investiga una red de extorsión y espionaje, cuyo primer detenido es el agente Marcelo D’Alessio, acusado de extorsionar en nombre del fiscal Carlos Stornelli, el mismo de la causa de los cuadernos, y después de que Macri pidió abiertamente la destitución del magistrado, lo que es ya un escándalo en el país y en el extranjero.

El gobierno también quiere frenar la causa porque los documentos involucran a la embajada de Estados Unidos y a Israel, y este martes diputados uruguayos anunciaron una demanda por violar la soberanía de Uruguay, al comprobarse que esa red espió en el país y que hizo seguimiento a una misión comercial iraní.

Como corolario de la situación, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, nombrado por Macri, sorprendió al admitir que el Poder Judicial atraviesa una crisis compleja de legitimidad y que los argentinos están perdiendo la confianza en este organismo y tienen dudas de que nos comportemos como verdaderos jueces de una democracia republicana. La solución requiere que lo revirtamos.

En este entramado, la detención de una pareja supuestamente de iraníes, que ingresó el pasado 12 de marzo con pasaportes israelíes, es utilizada por el gobierno para tratar de desviar la atención sobre el escándalo de la red de extorsión. La mayoría de los analistas hablan de una operación montada que se trataría de los más ingenuos agentes iraníes de la historia, a pesar de la manipulación del tema por los medios afines al gobierno.