El ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, fue citado a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de la investigación que se tiene abierta por el espionaje a periodistas y defensores de los derechos humanos con el malware Pegasus.

El citatorio está fechado el 4 de marzo para que Zerón de Lucio se presentara en calidad de testigo el pasado 20 de marzo ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

Su presencia fue solicitada por el agente del ministerio público de la Federación, como parte de la investigación FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017, “a fin de que declare la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado; asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias o cualquier otra información que sea relevante respecto a la información relacionada a la contratación y funcionamiento del sistema denominado Pegasus”.

Tras conocer que era requerido, el ex titular de la AIC se adelantó y presentó un amparo contra cualquier acto privativo de la libertad; sin embargo, el juez desechó la demanda, ya que aclaró que se advierte que su citación ante la autoridad ministerial responsable es en calidad de testigo y no de imputado. El acto que aquí se reclama no contiene ningún apercibimiento, por lo que no es más que la simple citación a comparecer ante el Ministerio Público, lo que cualquier persona, sea inculpado, testigo, perito, en caso de atenderlo, hace por voluntad propia.

Al desecharla el juez reiteró que no puede considerarse como un acto que atenta contra la libertad personal, ya que, como se precisó, no contiene apercibimiento alguno dirigido al impetrante que implique que su desobediencia conlleva decretar su presentación a través de la fuerza pública, sino que se constituye en una simple citación para que el quejoso comparezca ante la autoridad responsable al desahogo de la diligencia indicada, pero su incumplimiento no implica la imposición de alguna medida de apremio que pudiera atentar contra su libertad personal; por tanto, queda a la voluntad de la gobernada comparecer o no a su desahogo.

Hasta el momento no ha trascendido si el ex titular de la AIC acudió ante la Feadle a declarar sobre el escándalo Pegasus.

Se investiga la compra y uso del malware

La Feadle inició una carpeta de investigación por la compra y el uso que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) le habría dado al malware Pegasus para la intervención de equipos celulares y el espionaje.

Dicha compra por 32 millones de dólares se habría hecho en octubre de 2014 mediante la Agencia de Investigación Criminal y su Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información (Cenapi) desde donde se habría operado el espionaje.

En junio de 2017, la Feadle informó que, como parte de las diligencias, declararían todas las empresas que han vendido equipos que posibilitan la intervención de comunicaciones en México.

Además, que con el apoyo en el artículo 190 fracción II de la Ley Federal de Telecomunicaciones, se solicitaría a las empresas de telefonía celular los registros de llamadas de los celulares presuntamente infectados a efecto de detectar similitudes en los números que hubieran enviado el virus.

Asimismo, se ordenó “a todas las dependencias federales y estatales de seguridad, que pudieran tener acceso a equipos y software para realizar intervención de comunicaciones, que resguarden toda la información relacionada a la contratación del malware Pegasus u otros similares”.