Integrantes de la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco interpusieron la semana pasada otra denuncia ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial por la tala de decenas de árboles dentro del Centro Bancomer, que forma parte del proyecto inmobiliario Mítikah.

Además, dijeron, presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, y una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para que actúen, en el ámbito de sus competencias, contra este desarrollo.

Hoy solicitarán también a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que todas las obras de mitigación del proyecto se paren hasta que se instalen mesas de negociación, en las que estén las autoridades capitalinas, representantes de la empresa y vecinos.

Advirtieron que de no obtener una respuesta positiva el 13 de junio, cerraremos de forma indefinida todos los carriles de avenida Universidad, en sentido sur-norte, desde las 7 horas, pues no vamos a permitir más talas clandestinas y que vecinos originarios abandonen sus inmuebles.

En conferencia de prensa, René Rivas, secretario técnico de la asamblea vecinal, explicó que la construcción de grandes torres y centros comerciales en el pueblo ha provocado un incremento hasta de 400 por ciento en el pago de predial y agua, imposible de cubrir, lo que genera un proceso de gentrificación.

Los vecinos originarios no cuentan con recursos para cubrir las contribuciones exigidas, al aumentar el valor agregado de la zona por este proyecto que, no conforme con la tala de 56 árboles en la avenida Real de Mayorazgo, ha derribado varios ejemplares dentro del Centro Bancomer.

Con el apoyo de un dron que toma fotografías y la aplicación Google Earth es posible observar esta nueva tala para poner concreto y plantar edificios, en busca de un provecho en términos bursátiles y de ganancia económica con la venta de sus departamentos, expuso.

La nueva denuncia presentada ante la PAOT permitirá a ésta verificar la irregularidad, porque se trata de una propiedad privada, donde no podemos ingresar, y con los resultados de su investigación acudir ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a interponer una denuncia penal.

Además de la queja que se presentará el viernes ante la CDHDF, comentó que están a la espera de la respuesta de la jefa de Gobierno a su planteamiento de parar todas las obras de mitigación hasta conocer en qué consiste cada una, los montos y quiénes las revisan.

No vamos a negociar nada ante el daño ecológico que ha provocado la constructora del proyecto y que ha afectado el hábitat de los vecinos, por lo que presentaremos también a la Secretaría de Medio Ambiente las fotografías de esta dilapidación (sic), para que actúe, concluyó.