n el caso de la familia Lozoya sólo faltó el perico. La Fiscalía General de la República obtuvo otra orden de aprehensión en contra del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) –más su esposa, hermana y madre–, y en esta ocasión el mandato judicial se enfoca a los sobornos que la omnipresente empresa brasileña Odebrecht presuntamente canalizó –a cambio de jugosos contratos con la ex paraestatal– a quien fuera coordinador de Vinculación Internacional de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto.

De la mano, los antiéticos Alejandro Gertz Manero ( acusador) y Javier Coello Trejo ( defensor) afinan detalles para que Emilio Lozoya salga lo menos raspado posible de estas diligencias y le ponen adornos al pastel para que el ex director de Pemex se convierta en testigo protegido, con el fin de que los casos de corrupción en los que aparece involucrado sumen presuntos culpables y acerquen a la cárcel (tal vez por primera ocasión en la historia político-judicial de este país) a un ex presidente de la República, que bien podría ser Enrique Peña Nieto, junto con Luis Videgaray, o ambos.

Lo destacable de esta orden de aprehensión es que reactiva el caso mexicano de Odebrecht (en otros países latinoamericanos este asunto ha causado estragos entre la clase política), el cual, por órdenes del gobierno peñanietista, se metió en lo más profundo de la congeladora con la invaluable participación del ex procurador general de la República Raúl Cervantes Andrade y su relevo, como encargado del despacho, Alberto Elías Beltrán, un personaje también investigado por presunto lavado de dinero.

El circo, pues. Ahora, Lozoya aparece como personaje principal de la trama, pero bien puede transformarse de acusado en acusador de la pandilla peñanietista en todos los tejes y manejes, tomando como base no sólo los dineros ilegales presuntamente canalizados a la campaña electoral de Peña Nieto, sino los pingües negocios al amparo del consejo de administración de Petróleos Mexicanos, en donde la batuta siempre la llevó Luis Videgaray ante la obediencia del legalmente designado presidente de dicho consejo, Pedro Joaquín Coldwell (de cualquier suerte, a ellos deberían cobrarles el desastre que causaron en Pemex).

Así, de cuajar la estrategia del abogánster de Lozoya, prácticamente será inagotable el inventario de ex funcionarios a citar por la Fiscalía General de la República para que declaren sobre el caso Odebrecht, Agronitrogenados, Fertinal y los que se acumulen, siempre con el ánimo de evitar que su cliente (y de paso su familia) pise la cárcel. Y los relacionados no se limitarán a Pemex, sus ex directivos y su consejo de administración, pues incluiría a la dirigencia del otrora partidazo, los integrantes de la campaña electoral, los miembros del gabinete peñanietista y, desde luego, los empresarios amigos.

La Jornada (Gustavo Castillo) detalla que de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República las órdenes de aprehensión se obtuvieron en contra de la esposa del ex director de Pemex, Marielle Helene Eckes, la mamá de Lozoya, Gilda Margarita Austin, y su hermana Gilda Susana Lozoya. Otra orden de aprehensión se libró en contra de la empresaria inmobiliaria Nelly Maritza Aguilera Concha.

En el caso de Helene Eckes también se le investigó por haber participado presuntamente en operaciones con recursos de procedencia ilícita provenientes de sobornos que se habrían entregado a Emilio Lozoya por la compra con sobre precio de la empresa Agronitrogenados, y en el de Gilda Susana Lozoya, además de la orden de captura por el caso Odebrecht, existe otro mandamiento judicial relacionado con lavado de dinero por operaciones realizadas que presuntamente se relacionan con sobornos entregados a Emilio Lozoya por la compra de Agronitrogenados a Altos Hornos de México, caso en el que también existe orden de captura en contra del ex director de Pemex, y motivo por el cual el empresario Alonso Ancira fue detenido en España.

Las rebanadas del pastel

Bien. Solo falta que los capturen.

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