La defensa de Rosario Robles Berlanga pagó la garantía de 70 mil pesos para conservar vigente la suspensión provisional que le otorgó un juez federal con sede en la Ciudad de México en contra de cualquier orden de aprehensión.

El pago se realizó luego de que fue citada a comparecer ante un juez de control del Reclusorio Sur este jueves, donde conocerá las pruebas con base en las cuales se le imputa el delito de ejercicio indebido del servicio público, por su presunta participación en desvíos de recursos cuando estuvo al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En ese contexto, el juzgado décimo de distrito en materia de amparo difirió la audiencia incidental en la que se definirá si se concede o niega la suspensión definitiva en contra de alguna orden de aprehensión porque falta que jueces adscritos a entidades como Hidalgo y Quintana Roo informen si han librado algún mandamiento en contra de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, relacionadas con la acusación que se hizo ante un juez con sede en la capital del país.

En el acuerdo judicial se menciona que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al juzgado que no otorgue la suspensión definitiva, y ello se resolverá cuando se realice la audiencia interlocutoria.

Vigencia del recurso

Sin embargo, para mantener vigente la suspensión provisional, la defensa de Robles Berlanga realizó el pago a través del billete de depósito número 076882, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, a fin de que surta efectos la medida cautelar.

La semana pasada el juzgado décimo de distrito de amparo en materia penal admitió a trámite la demanda de garantías que Roboles Berlanga presentó contra cualquier orden de arresto o citación a comparecer por desvíos de recursos públicos a empresas fantasma mediante contratos otorgados durante su gestión al frente de la Sedesol y la Sedatu.

El amparo que promovió busca también tener acceso total a la carpeta de investigación con el propósito de preparar su defensa, y por la misma razón su abogado, Julio Hernández Barros, interpuso un recurso ante el juez con el fin de que se aplace la audiencia.

El litigante dijo a La Jornada que las autoridades no le han dado acceso completo a la indagatoria, pero que en los documentos que le han sido proporcionados no aparece ningún señalamiento directo que involucre a su cliente en la comisión de algún ilícito y que presentarán pruebas de su inocencia durante la audiencia de este jueves.

(Con información de Eduardo Murillo)