Río de Janeiro. El Supremo Tribunal Federal impidió ayer que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva fuera trasladado de la sala de la superintendencia regional de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, donde cumple una sentencia desde abril del año pasado, a una cárcel común en el vecino estado de Sao Paulo que alberga a presos condenados por crímenes brutales.

En caso de aprobar el traslado, Lula sería confinado al lado de violadores, asesinos seriales –criminales que han matado a sus padres, hijos o pareja–; es decir, presos en extremo violentos, lo que pondría al ex mandatario en situación de peligro permanente.

La determinación de la Corte Suprema es válida hasta que el pleno decida sobre el pedido de la defensa de Lula, que quiere la anulación del juicio en el que fue condenado con el argumento de que hubo múltiples irregularidades, y que todo empiece de cero en otro tribunal.

La juez Carolina Lebbos, quien ordenó el traslado, ocupa el puesto que perteneció a Sergio Moro. De aquel mismo sillón se profirió la sentencia que condenó, sin prueba alguna, al ex presidente y lo envió a la cárcel por un caso de corrupción.

Lebbos atendió la petición de la Policía Federal para que Lula fuera transferido.

La Policía Federal integra el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, cuyo titular es Sergio Moro, premiado con este cargo por el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro. Al fin y al cabo, éste se eligió porque Lula, favorito absoluto en todas las encuestas electorales del año pasado, no pudo contender.

La publicación digital The Intercept, del periodista Glenn Greenwald, viene filtrando, en asociación con otros medios brasileños, material que indica que el juicio fue totalmente manipulado por Moro. En concreto, el juez coordinó todos los pasos de la acusación violando las reglas más elementales del derecho; por eso, la defensa de Lula quiere la anulación del juicio.

En abril pasado Moro cambió al superintendente de la Policía Federal en Curitiba y nombró al que ahora pidió el traslado de Lula a Sao Paulo.

La juez Lebbos rechazó el pedido de la defensa para que, una vez transferido, Lula fuera conducido a instalaciones similares a las que ocupa en Curitiba. Dijo que el tema estaría a cargo de la justicia de Sao Paulo.

Paulo de Almeida Sorci, juez encargado, fue nombrado hace meses por el ministro Moro para un consejo nacional de justicia.

Su decisión fue radical: determinó que Lula fuera conducido a la cárcel de Tremembé, ciudad de la provincia de Sao Paulo, famosa por albergar a algunos de los criminales más violentos del país.

Como ex mandatario Lula tiene derecho a prisión especial, pero tanto la juez de Curitiba como su par de Sao Paulo decidieron negárselo.

Por donde quiera que se mire, todo gira alrededor del actual ministro de Justicia. Resulta evidente que ni el superintendente de la Policía Federal en Curitiba, ni la juez encargada del caso, adoptarían semejante decisión sin al menos informar previamente a Moro. Y que éste no dejaría de informar al presidente ultraderechista que en la campaña electoral sostuvo que si dependiera de él, Lula moriría en una celda.

Por eso conviene no descartar la posibilidad de que haya sido al revés: que Bolsonaro ordenó a Moro trasladar a Lula a una cárcel donde su vida estaría en riesgo.

Al frenar el traslado, el Supremo Tribunal Federal puso fin a un silencio que venía siendo duramente criticado por juristas de varias partes del mundo. Según esos críticos, sería un silencio omiso frente a las claras irregularidades del juicio conducido por Moro.

Nada indica, sin embargo, que la saña del presidente ultraderechista, sus partidarios más fundamentalistas y su ministro de Justicia contra Lula algún día llegue a su fin.

Se trata del único líder político capaz de movilizar masas contra las actitudes cada vez más radicales de Bolsonaro y sus ministros. En libertad, Lula sería un peligro permanente.