México aún resiente las consecuencias de que en 2006 se haya adoptado una irresponsable decisión que condujo a soldados y marinos a una lucha frontal contra la delincuencia organizada bajo la consigna de limpiar, como fuera, con ajusticiamientos, masacres o exterminio, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Contrastó que su administración, en la crisis de seguridad que se enfrentó en Culiacán, desató acusaciones de los adversarios de debilidad institucional pero se optó por lo más importante: salvar vidas.

En esa verdadera prueba de fuego en la que la delincuencia salió a la calle con armas de alto calibre y se vivió un alto riesgo, se prefirió detener el operativo y liberar al implicado para evitar una masacre en la que habrían perdido la vida centenares de personas, la mayoría civiles, gente inocente, según el cálculo que responsablemente hizo en su momento el alto mando de las fuerzas armadas. Aprovechó la referencia para destacar la lealtad de los militares que no está en tela de juicio, no está en duda.

Al hacer un balance de la situación de seguridad asumió que reducir la incidencia delictiva, constituye nuestro principal desafío, pero estamos seguros de que vamos a serenar a México con el apoyo del pueblo y con el trabajo coordinado de todo el gobierno. En este marco advirtió que es obvio que esta absurda y desquiciada estrategia no se repetirá y que nunca más se pondrá en riesgo de manera irresponsable ni la vida ni el prestigio de los integrantes de las fuerzas armadas.

No obstante, asumió que el operativo destinado a detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, desató una crisis de terror y miedo en Culiacán, Sinaloa, pero evidenció también la vigencia de la nueva política de seguridad.

Subrayó que la nueva estrategia de seguridad se dirige a las causas de la violencia, como la pobreza y la atención a los jóvenes, pero al mismo tiempo pasa por la tolerancia cero ante la tortura y cualquier otra violación a los derechos humanos.

La situación que prevalece en la actualidad en la materia, dijo, está claro que deriva de las políticas que se aplicaron entre 2006 y 2018, en las cuales se pretendió enfrentarla mediante acciones de fuerza militar y policial, sin atender las causas. Para López Obrador el resultado de esa estrategia fue catastrófico, dejó un saldo pavoroso de muertos, desaparecidos y lesionados, una crisis de derechos humanos, una descomposición institucional sin precedente y un gravísimo daño al tejido social, dijo.

Mencionó expresamente a Felipe Calderón como el responsable de impulsar una guerra contra el narcotráfico con la participación de las fuerzas armadas en febrero de 2007, eso no debe olvidarse porque a veces hay como amnesia. Cuestionó que en ese entonces se ordenaba a la tropa hacer su trabajo que de los derechos humanos se encargarían los mandos militares, por eso la mejor prueba de este proceder autoritario es que ese sexenio ostenta la mayor letalidad en combate desde la Revolución mexicana.

Ofreció cifras: en sólo dos años del gobierno de Calderón, 2011-2012, ocurrieron mil 898 enfrentamientos en los que murieron 2 mil 459 personas, resultaron heridos 231 y fueron detenidos mil 519, o sea, 709 muertos más que el número de heridos y detenidos. En los tres últimos años de Calderón, 2010-2012, los militares y navales fallecidos en enfrentamientos fueron 154, un promedio de 51 por año; en 12 meses de este gobierno sólo han perdido la vida 15 miembros de las fuerzas armadas.

Finalmente pidió el apoyo popular en la campaña para desalentar el consumo de drogas, refiriéndose especialmente a las drogas sintéticas como el cristal o el fentanilo, pues el que se atreve a consumir esos productos, esas drogas, puede morir en un año. Y eso es tristeza, es dolor, es sufrimiento para los jóvenes, para sus familias.