El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) iniciará una investigación administrativa de oficio para determinar si al fijar los salarios de la alta burocracia del organismo se violentó el artículo 127 de la Constitución y se incurrió en un probable daño patrimonial a la institución.

Jesús George Zamora, titular del OIC, dio a conocer la realización de las pesquisas al destacar que hay dudas sobre la legalidad del acuerdo que permite a consejeros y funcionarios recibir sueldos superiores al del Presidente de la República y posiblemente se están excediendo sus alcances al hacerlo extensivo a personal que no cabría en la categoría de trabajo calificado o de especialización.

Ante los planteamientos del contralor, directivos del INE –encabezados por el consejero presidente, Lorenzo Córdova– se dijeron convencidos de la legalidad de la resolución y de su apego a la Carta Magna, si bien manifestaron que estarán atentos a los planteamientos del OIC. El consejero recordó que hay una disputa jurídica sobre este tema que rebasa a todos y agregó que cuando una norma se interpreta, difícilmente hay verdades absolutas.

El 20 de diciembre pasado la Junta General Ejecutiva (JGE) del INE aprobó el manual y el tabulador de remuneraciones para los empleados del instituto, que fijó para los consejeros un salario de 170 mil pesos mensuales con el argumento de que realizan trabajo especializado. Dicho monto supera en más de 50 por ciento el sueldo del Presidente de la República, quien recibirá este año 111 mil pesos al mes.

George Zamora explicó que dicha resolución podría estar violentando el artículo 127 de la Constitución, fracciones 2 y 3, que señalan que nadie puede ganar más que el jefe del Ejecutivo federal y la excepción aplicable a personal altamente especializado.

En la primera sesión del año de la JGE, George Zamora explicó que en la investigación se revisará la relación del acuerdo con la controversia constitucional que interpuso el INE contra la ley de remuneraciones y el presupuesto 2019, y si se debió esperar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También se revisará si al señalar las remuneraciones se contó con la opinión del comité de estudios de la Cámara de Diputados sobre trabajos calificados a que hace referencia el apartado constitucional.

De igual manera, se analizará cuántos funcionarios resultaron beneficiados y el monto que reciben para determinar si hay un posible daño patrimonial al instituto. Se evaluarán las funciones efectuadas en cada puesto, pues hay dudas en torno a cuáles secretarios particulares y jefes de oficina caben en el acuerdo.

George Zamora sugirió a los integrantes de la junta reflexionar sobre una eventual suspensión del acuerdo en tanto se resuelve la controversia constitucional.

El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, sostuvo que las decisiones se tomaron con el fundamento correspondiente, mientras Gabriel Mendoza, director jurídico del instituto, pidió al OIC no entrar en el terreno de las interpretaciones jurídicas. Añadió que hay precedente en el sentido de que la discrepancia que pueda haber entre criterios interpretativos no puede ser motivo de responsabilidad.