El verdadero problema de los mercados públicos “son los administradores que generan la corrupción al implementar acciones en complicidad con las alcaldías para la venta de espacios destinados a servicios sociales –como los Centros de Desarrollo Infantil, Cendi–, remodelaciones, construcción de bodegas en segundos pisos, cambios de giro, cambios de nombre y, traspaso de derechos, extorsionando al comerciante con cobros que van de 20 mil hasta 150 mil pesos, según el trámite a realizar; además de que, en algunos casos, se apropian de sanitarios y estacionamientos para tenerlos como cajas chicas”, aseveró Édgar Álvarez, presidente del Frente de Comerciantes Colaboradores del Servicio Público de Mercados de México.

Tras mantener la postura de realizar una movilización el próximo martes, con comerciantes de 180 mercados integrados al citado frente, pidió al Gobierno de la Ciudad de México respetar el Reglamento de Mercados promulgado en 1951 por el presidente Miguel Alemán Valdés.

Acusa empecinamiento

El Reglamento de Mercados requiere de una urgente aplicación, ya que, dijo, regula el funcionamiento y operación del servicio público de mercados, tiene sustento constitucional, mismo que se reforzó con las reformas constitucionales de 1983, al consolidar la rectoría del Estado y las obligaciones municipales (alcaldías) de prestar y administrar el servicio público de mercados.

Cuestionó que desde 2010 la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México se haya empecinado en promover lineamientos totalmente anticonstitucionales que contravienen el Reglamento de Mercados vigente.

En 2017, tras el terremoto de septiembre, las autoridades trataron de hacer creer que se preocupan por los mercados públicos, pero olvidan que a lo largo de 50 años no destinaron presupuesto para el mantenimiento de los 329 mercados públicos que existen en la Ciudad de México.