La extraña renuncia de Alberto Fujimori, enviada desde Tokio al Congreso peruano, parece el inicio de una fuga de la justicia --acaso argumentada como exilio-- y la admisión implícita de razones, por parte del ex presidente, para permanecer fuera del país. Así culmina la crisis del prolongado, autoritario y antidemocrático gobierno encabezado por ese peruano descendiente de japoneses y operado por Vladimiro Montesinos, un turbio ex militar y abogado que resultó no tener rival, en la historia peruana, como represor y como corrupto. 

El ex mandatario no pudo sobrevivir a la bancarrota política de su ex asesor. Ahora, el primero se encuentra en lo que puede ser el inicio de un largo destierro y el segundo, en la clandestinidad dentro del país. Si existe el afán de restituir el Estado de derecho en Perú, uno y otro deberán rendir cuentas ante instancias penales por un vasto cúmulo de abusos de poder, atentados a las instituciones y a las personas, violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción inocultables. 

Por otra parte, el fin del fujimorato representa, para Perú, el inicio de un nuevo escenario de crisis plagado de incertidumbres: el orden institucional fue gravemente subvertido a lo largo de una década desde la propia Presidencia y las oligarquías políticas tradicionales fueron desplazadas por un grupo en el que abundan los logreros y los arribistas, y cabe dudar que ese grupo sea capaz, por sí mismo, de dar solución al peligroso vacío de poder generado por la dimisión de su líder. Tal vacío puede exacerbar las expectativas de sectores militares que nunca se resignaron a la pérdida del poder. Para colmo, la presencia en el país de Montesinos, impune pese a su ruina política, podría agitar las aguas del golpismo. 

En tales circunstancias, resulta necesario recomponer el panorama político peruano, mediante la búsqueda de consensos de transición entre los variopintos fujimoristas y las organizaciones opositoras, y acaso con los buenos auspicios --en el marco del respeto a la soberanía-- de la OEA y de gobiernos de la región. El más obvio y urgente de esos acuerdos es el saneamiento de las entidades públicas y el esclarecimiento de las responsabilidades políticas y penales del gobierno que ayer llegó a su fin. 

Por último, resulta lamentable constatar que la renuncia a distancia de Fujimori no contrarresta en nada la descomposición generada por su gobierno sino que incluso la ahonda. En esa desoladora perspectiva, cabe decir que el fujimorato termina como empezó: dañando al país.