Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Sábado 8 de diciembre de 2001
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Política
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SABADO Ť 8 Ť DICIEMBRE Ť 2001

Ť Invocación del general Quintanar al fuero castrense, llamado a la impunidad, advierten

Inadmisible, que el Ejército busque colocarse por encima de la ley: ONG

Ť El militar retirado deberá mostrar los archivos sobre la guerra sucia que dice tener en EU, coinciden

VICTOR BALLINAS

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), Amnistía Internacional (AI), la Asociación de Familiares de Desaparecidos de México (Afadem) y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) coincidieron en que "es inadmisible que el Ejército se quiera situar por encima de la ley en las violaciones a derechos humanos cometidas durante la guerra sucia, por lo que el presidente Vicente Fox debe cumplir su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables".

Sobre las declaraciones del general Alberto Quintanar, en el sentido de que a los militares involucrados se les juzgue en tribunales castrenses, dijeron que "es una invocación a la impunidad". Este militar debe ser llamado ante la justicia para que entregue los archivos que dice tener en cajas de seguridad en Estados Unidos y para que diga lo que sabe, señalaron.

Christian Rojas, director de Amnistía Internacional sección México, consideró que lo primero que deberá hacer el fiscal especial -una vez que sea nombrado- "es llamar al general retirado Alberto Quintanar para que declare todo lo que sabe, dé los nombres de los militares involucrados, entregue los archivos que dice tener en su poder y que responda por omisión".

Agregó que es muy importante el señalamiento del militar, porque "da la oportunidad de discutir el fuero de guerra. Esta es la ocasión para poner a los miembros del Ejército en su lugar. Cuando Quintanar invoca dicho fuero para que sean juzgados los soldados y los generales participantes en la guerra sucia, lo que hace es manifestar que esa figura ha servido para solaparlos y darles impunidad".

Edgar Cortez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, expuso, a su vez, que "es inadmisible el argumento de que no fue guerra sucia, sino una operación de limpieza. Esto no se puede tolerar, porque es injustificable que el Ejército se coloque por encima de la ley y se abrrogue el derecho que le da impunidad de secuestrar, torturar y desaparecer personas".

Sus declaraciones, resaltó Cortez, ponen en el debate la figura de la justicia militar. "Esta es la oportunidad de Fox de ponerlos en su lugar, para adecuar su marco jurídico y hacer que se respete la Constitución mexicana".

Con esa postura del general, añadió, queda de manifiesto, "como lo sabíamos todos, que en efecto el Ejército no se mandaba solo"; esta aseveración "es muy grave, porque evidencia que quienes tenían la obligación de respetar el estado de derecho ordenaron que fuera violado y garantizaron la impunidad".

Balbina Flores Martínez, de la AMDH, resaltó que "lo dicho por el general retirado es una reacción defensiva, esperada... pero encierra una amenaza".

Se debe investigar a fondo a generales, capitanes y otros altos mandos del Ejército, no sólo a los elementos de base, "como lo definió el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, en su informe sobre desaparecidos".

La revelación del general retirado "nos indica que sí hay responsabilidades de los altos mandos, por lo que debe integrarse ya la fiscalía especial, pero tiene que aclararse su funcionamiento, pues demandamos autonomía, recursos económicos suficientes y el personal necesario para que pueda hacer su trabajo".

Adriana Carmona, coordinadora del área jurídica de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, apuntó, por su parte, que "la posición del general Quintanar muestra la mano dura del Ejército. Sus declaraciones son una amenaza real, porque abiertamente descalifica la figura del fiscal. Antes de que sea designado, un militar que figura en la lista de los presuntos responsables aparece públicamente para justificar la labor del Ejército.

"ƑQuién le ha dado tanto poder? ƑQuién le dio línea para que abiertamente amenace? ƑA quién defiende?" -inquirió Carmona.

Por su parte, la directora del Cencos, Eréndira Cruz, dijo que "es una grosería para la sociedad la forma en que el general declara. Lo único que hace es evidenciar su impunidad".

Destaca que el general Quintanar "sólo confirma que en la guerra sucia están involucrados ex presidentes, ex secretarios de Estado, generales, capitanes, las fuerzas armadas y procuradurías".

Los representantes de las ONG manifestaron además su preocupación porque "todavía no hay un fiscal especial y la PGR ya está tomando cartas en el asunto".

De igual forma, condenaron los oficios girados por la PGR a los "desaparecidos para que se presenten a declarar ante el Ministerio Público".

Julio Mata, secretario ejecutivo de Afadem, dijo que "el general Quintanar sólo confirma que en la guerra sucia el Ejército recibió órdenes del Ejecutivo. Y respecto a la fiscalía, señaló que no funciona esa figura, e insistió en la creación de una comisión de la verdad".

El director de AI apuntó que el desafío para Fox es poner orden en el Ejército. "Este es el momento de abrir la discusión sobre la impunidad en las fuerzas armadas y ceñirlas al marco constitucional. Es la hora en que Fox debe cumplir su compromiso de que en su gobierno no habrá nadie por encima de la ley. Las declaraciones del general Quintanar son una afrenta el Presidente, porque el 27 de noviembre, en la presentación del informe de desaparecidos, éste dijo que no hubo instituciones, como tales, involucradas en la guerra sucia. Lo contradice la afirmación de que el Ejército no se manda solo".

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