SABADO Ť 8 Ť DICIEMBRE Ť 2001

Ť Pendientes, casos ocurridos con De la Madrid y Zedillo

La CNDH ignoró desapariciones forzadas posteriores a guerra fría

Ť En la administración foxista ya hay tres denuncias

BLANCHE PETRICH

La investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre las desapariciones forzadas de los años 70 y 80 se "desacelera" bruscamente en el sexenio de Miguel de la Madrid (l982-l988) y sólo da cuenta de ocho casos en ese periodo, aunque el Comité Eureka documenta 20.

Tampoco son tomados en cuenta como parte del problema los desaparecidos en las administraciones de Carlos Salinas de Gortari (ocho en total, más otros cuatro "encontrados") Ernesto Zedillo (11) y Vicente Fox (tres casos documentados en su primer año).

Es cierto que el informe se aboca, como lo dice su título, a "las quejas en materia de desapariciones forzadas" en esas dos décadas, durante lo que ahora, por primera vez desde el Estado, se reconoce como una guerra sucia. También es verdad que en la época delamadridista se puso en marcha la llamada "apertura", que permitió que la militancia comunista dejara de ser oficialmente proscrita, y que dio lugar a la gradual incorporación de la oposición de izquierda a la escena legislativa.

Sin embargo, los aparatos represivos, urbanos y rurales, continuaron con un patrón de eliminación de los disidentes políticos, de tal modo que de los 20 casos de desaparecidos entre l982 y l988, por lo menos ocho eran colonos, sindicalistas o activistas políticos. Al menos en una de estas denuncias, la de José Antonio Curiel Velázquez, la Brigada Blanca aún aparece como perpetradora del secuestro. El resto son casos de violencia policiaca.

En el periodo de Carlos Salinas el patrón represivo cambia drásticamente. Su sexenio comienza con el secuestro y desaparición de un militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores morelense, José Ramón García Gómez, simpatizante de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas (y el asesinato de otros dos, Ovando y Gil). Durante los seis años de salinismo se acumularon centenares de denuncias de asesinatos políticos. Solamente el PRD documenta cerca de 200.

De los ocho casos de desaparecidos que se registran en el periodo -ninguno de los cuales fue incluido en el informe de Soberanes-, varios son casos de integrantes de los propios cuerpos policiacos, o casos aparentemente relacionados con el narcotráfico. Al menos en tres de ellos el Ejército aparece como responsable, cuando ya el actual procurador general Rafael Macedo de la Concha era procurador de justicia militar. En este periodo se cuenta el caso de la desaparición del teniente Orlando Muñoz, desde el Batallón de Infantería de Ciudad Juárez, donde estaba asignado.

En el periodo de Zedillo se registran 11 casos de desaparecidos, en los que se encuentran involucrados policías judiciales en escenarios donde se desarrolla el narcotráfico. El informe del Comité Eureka no incluye a una veintena de zapotecas de la región Loxicha, desaparecidos en el marco de la batida contrainsurgente entre l997 y l999. A estos casos se suma el "estilo" de represión que marcó el zedillismo, con al menos tres masacres históricas de campesinos: Aguas Blancas y El Charco, en Guerrero, y Acteal, en Chiapas.

El Comité Eureka documenta tres casos de desaparecidos en el primer año de la administración de Fox.

A continuación, los casos de desaparición forzada que ignoró el informe de Soberanes:

Periodo de Miguel de la Madrid

José Antonio Curiel Velázquez, detenido por agentes de la llamada Brigada Blanca y la Dirección de Investigaciones al mando de Sahagún Baca en el Diatrito Federal, el 6 de diciembre de l982.

Marcelo Badillo Zapata, de l8 años, detenido por una patrulla del estado de México en Xalostoc, el 3l de diciembre de 1982.

Ramón Monroy Olivar, detenido por la Policía Judicial Federal en la capital el 3 de abril de983.

Francisco Javier Santamaría Ceballos, detenido por agentes del 15 Grupo de la Dirección General de Policía y Tránsito en el DF, el 28 de agosto de 83.

Cirilo Roldán Avila, detenido por la Policia Judicial en Tlalnepantla, el 27 de septiembre de 83.

Policía judicial capitalino al mando del comandante Leonel Isla Rueda, detenido en la ciudad de México.

Aureliano Lugo López y Jesús Ramírez Carrasco fueron detenidos-desaparecidos por policías judiciales capitalinos el 25 de octubre de l983, y llevados a la séptima comandancia de la Policía Judicial del Distrito Federal por el jefe de unidad Ulises "N", que dice haberlos puesto a disposición del comandante Leonel Isla Rueda, quien asegura haber recibido sólo a Jesús Ramírez Carrasco.

Rubén Andrade Gonzaga, detenido por la Policía Judicial en Los Reyes, wstado de México, en febrero de 1984.

Isidro Lobato, detenido por la Policía Judicial poblana en Ixtacamatitlán, en mayo de 1984.

Mariano Santos, detenido por la Policía Judicial en Huitzilán de Serdán, Puebla, el 9 de junio de l984.

Manuel Félix Mérida, detenido por dos pistoleros, Victorino Morales y Gaspar Morales, al servicio del cacique Luis Mendoza, en Huayacocotla, Veracruz, el 9 de septiembre de l984. Fue sacado violentamente de la tienda La Bodega, ubicada sobre la avenida Revolución.

Manuel Islas Mendoza fue detenido por un policía uniformado del estado de México en Tequisquiac, el l9 de abril de l985 durante el desalojo violento que sufrieron los comuneros de esa localidad. El desalojo violento de la ex hacienda de San Sebastián llevó al encarcelamiento de varios comuneros, la hospitalización de otros y la desaparición de Manuel Islas.

Después de los hechos, la esposa de Manuel, Guadalupe Espinoza, recibió en su domicilio la visita de diversos agentes de Gobernación del estado, quienes le dijeron que no se moviera, que no hiciera nada y que ellos mismos le llevarían a su esposo hasta su casa; le advirtieron y la amenazaron.

Gabriel Fernando Valles Martínez fue detenido en Durango en l987, por agentes bajo las órdenes del procurador Raúl Pacheco y por militares al mando del general Mario H. Castillo y el teniente Amador García Estrada.

Juan Ramón Vázquez, detenido por la Policía Municipal y los pistoleros Antonio Francisco Martínez y Pedro Alejandro García en Joya de Mamey y Llano Juárez, Oaxaca, el 27 de mayo de l987. Los pistoleros obedecían órdenes de los caciques de San Juan Copala.

Adalberto Boyas Pacheco, detenido por Policía Judicial en Jiutepec, Morelos, el 3 de mayo de l988. Fue sacado violentamente de su casa como a las 22 horas por varios elementos que dijeron ser policías judiciales y amenazaban a gritos con utilizar la violencia. Se lo llevaron con rumbo desconocido, según testimonio de su esposa, Laura Capistrán Trejo.

Periodo de Carlos Salinas de Gortati:

José Ramón García Gómez, detenido por la Policía Judicial en Cuautla el l6 de diciembre de l988, cuando se trasladaba de la casa de su madre a la de Alberto Tapia, en donde tendría lugar una reunión del Frente Democrático Cardenista. Su papel destacado en la lucha por el respeto al voto le había valido la vigilancia constante en su domicilio y la persecución en distintos momentos por parte de judiciales a bordo de diversos vehículos.

Andrés Antonio Osorio, detenido por la Policía Judicial de Puebla en San Gabriel Chilac, el l7 de diciembre de l988. Es originario de Veracruz.

Fancisco Javier Andrade Murrieta, detenido por la Policía Judicial Federal en Guaymas, Sonora, el 27 de julio de l989, junto con su amigo Inés Félix Berralleza y trasladado a la ciudad de México para investigación. Las autoridades lo negaron, pero su hermana descubrió en los patios de la Policía Judicial del estado, en Hermosillo, la camioneta en que había salido su hermano de su domicilio. Además varios testigos los vieron detenidos en las oficinas de la Policía Judicial Federal, en la calle de López e Hidalgo, en la ciudad de México. El policía judicial del estado de Sonora Alejandro Corral le dijo a la hermana de Francisco Javier, Elsa Andrade, que a su hermano se lo habían llevado al Campo Militar Número 1.

Teniente Miguel Orlando Muñoz Guzmán, de 25 años y originario de Jalisco, fue desaparecido el 9 de mayo de l993 por el Ejército Mexicano, bajo responsabilidad del general Luis Montiel López y el teniente coronel Pedro Gutiérrez López. El 8 de mayo de 1993, Miguel Orlando se comunicó con su madre desde las instalaciones del 26 Batallón de Infantería con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Le comunicó que por fin le habían dado permiso para viajar a la ciudad de México para presentar sus exámenes de ingreso a la Escuela Superior de Guerra, y que la llamaría en dos días para felicitarla por el Día de las Madres. Nunca llamó. Como única respuesta en todas las instancias le dijeron que Miguel Orlando había desertado ese mismo 8 de mayo.

Gustavo E. Otero Castro, detenido por el Ejército Mexicano en Zapopan, Jalisco, el 3 de junio de l993. De 28 años, fue detenido-desaparecido por militares al mando del capitán Negrete (o Montenegro), cuando el responsable de la Zona Militar de Guadalajara era el general Gutiérrez Rebollo. Gustavo se encontraba visitando a un amigo de nombre Magdaleno en el fraccionamiento Jardines Universidad, en una casa ubicada en la calle Aldous Huxley, cuando se suscitó una balacera con miembros del Ejército, que pretendían detener al de nombre Magdaleno, a quien se llevaron herido de ese lugar junto con Gustavo. Los medios de comunicación informaron que se habían llevado únicamente a una persona herida, la cual entregaron muerta.

Heriberto Baltazar Pantaleón, comandante de la policía motorizada de Guerrero, fue detenido por Víctor Manuel Pérez Rocha y Fernando Vega Alanís, ex comandantes de la Policía en Chilpancingo, el l3 de octubre de l994.

Baltazar Pantaleón, de 35 años, fue detenido junto con su compadre y también comandante Cándido Organista Mayo, al salir del centro nocturno Casa Mónica. Se los llevaron en un Spirit negro con placas 839-GFX del Distrito Federal, propiedad del capitán Lorenzo Cortés Abelar, comandante de la Policía Montada.

Gregorio Alfonso Alvarado López, detenido por la Policía Judicial Federal en Chilpancingo, Guerrero, el 26 de septiembre de l996. Maestro originario de Oaxaca, miembro de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación y del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena; salió de la sede de este último organismo la noche del 26 a bordo de su automóvil Volkswagen placas CZH-950 cuando fue detenido por los agentes, que lo habían estado siguiendo durante meses. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió una queja del maestro y su familia, el 25 de enero de 1996, en el sentido de que "individuos no identificados, en vehículos con placas del Distrito Federal y del estado de Guerrero", vigilaban su hogar familiar, les tomaban fotografías en las calles y los hacían objeto de un seguimiento cotidiano.

Tres denuncias se presentaron ante la CNDH. Debido a esa situación, el profesor y su familia se presentaron voluntariamente ante la Policía Judicial del estado y otras autoridades, para denunciar esta situación e indagar los motivos de la persecución.

Juan Rodríguez Valenciano fue detenido por agentes armados vestidos de civil que dijeron ser de Inteligencia Militar, en Zapopan, Jalisco, el 22 de marzo de l997. Los hechos ocurrieron frente a su domicilio, ubicado en el departamento 3 del edificio que se encuentra en la calle de Mariano Otero número 5695, y en presencia de su esposa, Luz María Barrera Ponce. A las 6:15, Juan Rodríguez, mayor retirado que trabajaba en el Departamento de Seguridad Pública del estado, salió en su vehículo-patrulla Dodge Dart K blanco, modelo 1988, con placas HSZ-1316, cuando una camioneta gris claro tipo Voyager de modelo reciente se le paró al lado y de ella descendieron cinco individuos con armas largas, que le exigieron se bajara, y lo subieron al vehículo. Uno de los sujetos subió al vehículo del señor Juan Rodríguez y se lo llevó. La señora Luz María gritaba que lo dejaran, y uno de ellos le dijo: "no se preocupe, señora, somos del Inteligencia Militar". Luz María rápidamente lo buscó en la zona militar y lo negaron, levantó demanda, acudió a todas las autoridades. El teniente coronel Ricardo Flores, secretario particular del general Manuel Avila Pérez, le dijo a Luz María que el Ejército tenía a su esposo junto con otros militares arrestados clandestinamente. El propio general Manuel Avila Pérez reconoció frente a Luz María que sí tenían en su poder a Juan Rodríguez. El general Olaya Valdez, amigo de Juan Rodríguez, le dijo al hermano de Luz María, el también militar con grado de capitán Humberto Barrera Ponce, que sí tenía a su cuñado y que por ser su amigo haría lo posible para que lo liberaran; Juan Rodríguez estaría ilegalmente detenido-desaparecido en el Campo Militar Número 1.

José Gilberto Heredia Sánchez, detenido por la Policía Judicial Federal en la carretera que va de Durango a Torreón, Coahuila, el 8 de febrero de l999. Es originario de Sinaloa y agente de la PGR; fue detenido-desaparecido junto con los también agentes federales Luis Enrique López Rochín y César Berrelleza Malacón, así como con el hermano de éste, Humberto Berrelleza Malacón.

Rosario Higuera Pérez, detenido por agentes judiciales en Mexicali, Baja California, el l3 de septiembre de l999, al salir de la casa de su amigo Héctor Amarillas Martínez, en la colonia Cuauhtémoc. Este último también fue detenido-desaparecido a tres cuadras de su casa un día después por agentes fuertemente armados que se movilizaban en tres vehículos. Los hechos de esta detención fueron publicados en el diario Crónica en su edición del 27 de septiembre de 1999. El automóvil de Rosario fue localizado por su esposa Laura Alanís Loaeza a los doce días de su detención en la misma colonia.

Periodo de Vicente Fox

Juan Gabriel Huerta Beltrán, Rubén Díaz Moreno y Julio César Calvo Barraza, detenidos por el Grupo de Operación Mixta en Tijuana, Baja California, el 5 de diciembre de 2000. Se desempeñaban como agentes judiciales.

José Abel Gómez Quiñones, detenido por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Policía Ministerial y Procuraduría General de la República en Sinaloa, junto con Fernando Alonso Llanos Baca. Fue turnado a la Policía Ministerial de Sinaloa y de ahí a la Procuraduría General de la República de esa plaza, acusado de portación de arma de fuego. El seis de enero el abogado que llevaba el caso del señor Llanos Baca pidió a la hermana de José Abel, María Isabel, 10 mil pesos, diciendo que ese día José Abel saldría libre. Ese día 6 como a las 20:15 horas habló José Abel a casa de su hermana y le dijo que ya salía libre de la procuraduría y se dirigía para allá en un taxi. Nunca llegó. Al día siguiente los abogados Víctor Manuel Rochín y Guillermo Andrade dijeron a su madre que no había salido pues había habido problemas. El día 8 llegó Guillermo Andrade exigiendo a la familia el pago de 35 mil pesos más y amenazando que si no se los daban habría problemas. La madre de José Abel, Ubaldina Quiñones González exigió pruebas periciales que demostraran que la firma de su hijo en el libro de registro de entrada de la Procuraduría es de su puño y letra, pero que la firma que aparece en el libro de salidas de la PGR no es de su hijo.

Alejandro Martínez Dueñas y Jesús González Medina, detenidos por la policía Judicial Federal en Colima el 30 de junio de 200l. Originarios de Jalisco, fueron detenidos-desaparecidos por agentes pertenecientes presumiblemente a la Policía Judicial Federal. Alejandro viajó a Colima el día 26 para visitar a su amigo J. Jesús, con domicilio en calle Río Armería 489, colonia Placetas Estadio de la ciudad de Colima. Cuando se encontraban Alejandro y J. Jesús parados en la esquina de la casa de este último, llegó un grupo grande de agentes judiciales vestidos de negro en diversos vehículos: una camioneta Suburban negra, una Lobo de doble cabina negro, un Atos amarillo y un coche grande estadunidense de color azul. Tras pedirles su identificación, los detuvieron con lujo de violencia. Los vecinos aseguran que los supuestos agentes en los vehículos mencionados habían estado rondando el domicilio de J. Jesús González durante los dos días previos a su detención. La madre de Alejandro, Marcelina Dueñas Escalera y su hermana, Diana Martínez Dueñas, se entrevistaron con el licenciado Julio García Pimentel, subprocurador operativo de la PGJE; con el licenciado Ramón Carrillo, secretario particular del procurador, y con el propio procurador, doctor. Sam López. Este último les dijo que se trataba de un "caso federal por tratarse de billetes falsos". Humberto Silva Ochoa, secretario de Gobierno, les dijo a las familiares de Alejandro, así como al diputado Armando de la Mora, que los muchachos estaban vivos en la ciudad de México, pero incomunicados por la PGR. El 11 de julio se presentó denuncia ante la mesa cuarta de la Agencia del Ministerio Público de la PGJE de Colima, con número de acta 301/2001.