SABADO Ť 8 Ť DICIEMBRE Ť 2001

Ť Reconoce que han disminuido los casos este año

En Chiapas aún se violan garantías individuales: Centro Fray Bartolomé

ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL

San Cristobal de las Casas, Chis., 7 de diciembre. En lo que va de la administración del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía el Centro Fray Bartolomé de las Casas ha documentado 45 casos de violación a los derechos humanos en Chiapas, lo que cuantitativamente significa una disminución importante respecto a gobiernos anteriores, informó la directora de ese organismo, Marina Patricia Jiménez.

Sin embargo, aclaró, "vemos que hay una persistencia de situaciones de violación a derechos humanos en el estado, y en esta materia lo central es el hecho de que si hay un ejercicio democrático del poder, no debe haber violación a las garantías individuales".

Al hacer un balance de la situación de los derechos humanos en Chiapas a un año del gobierno de Salazar Mendiguchía, Jiménez dijo que los casos más recurrentes sobre la violación de las garantías individuales se relacionan con detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones y lesiones.

"Vemos con preocupación que no hay un eje transversal en la política de gobierno sobre la situación de derechos humanos, y los órganos de procuración y administración de justicia no han dado una respuesta contundente para impedir que siga prevaleciendo una situación de impunidad", agregó la directora del Centro Fray Bartolomé, entrevistada en sus oficinas.

Tras reconocer que "ha habido esfuerzos importantes, como las reformas legislativas sobre la tortura y para que se castiguen las desapariciones forzadas, además de la ley contra la discriminación", la activista aclaró: "por la vía de los hechos vemos que hay una persistencia de la violación de los derechos humanos en Chiapas".

La directora del organismo que preside el obispo emérito Samuel Ruiz García precisó que entre los casos más graves de violación a derechos humanos en el último año está el relacionado con la "detención arbitraria y tortura en agravio de José Luis de la Torre Vázquez, Luis Manuel Hernández Pérez y José Luis Castellanos Vicente, durante un operativo realizado en mayo en el municipio de Veustiano Carranza", en el que, además, se hizo un "uso excesivo de la fuerza pública". En el caso están involucrados policías judiciales, estatales y municipales.

Asimismo está el operativo policiaco para rescatar a seis funcionarios públicos retenidos en Marqués de Comillas. "Tenemos pruebas de que hubo abusos, y tanto la mayoría de los 63 detenidos como otros pobladores fueron brutalmente golpeados, las tiendas cooperativas saqueadas y los domicilios allanados", manifestó.

Destacó también el caso de Rudi Rolando Reyes García y Abenamar Meza Román, de Comitán, quienes están acusados del homicidio de un taxista. Dijo que en junio ambos fueron detenidos "ilegalmente por la policía estatal", y Meza Román "fue torturado".

En cuanto a tortura, dijo que otro de estos casos se presentó en Benemérito de las Américas, donde Uriel Ochoa y Berti Pérez fueron víctimas de esta práctica ilícita. "Algunos han sido casos de tortura física con golpes, bolsas y toques eléctricos, y otros psicológica", precisó.

Marina Patricia Jiménez subrayó el caso de Cecilio Patishtán López, Mariano López López, Mariano Patishtán Patishtán y Sebastián Patishtán López, quienes fueron detenidos "arbitrariamente" y uno de ellos golpeado por autoridades municipales de San Juan Chamula, el pasado 5 de noviembre.

De igual forma destacó el caso de Jerónimo Gómez López, detenido el 20 de diciembre en Simojovel, quien se encuentra desaparecido. Explicó que después de ser encarcelado en ese municipio desapareció, y el argumento de la policía municipal es que cuando lo trasladaban al penal de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez, fueron "emboscados y Gómez López desapareció".

Jiménez reiteró que en "términos cuantitativos hay una diferencia significativa" respecto a gobiernos anteriores, pero "en la situación de violaciones a los derechos humanos no es cuestión de números, pues cualquier acción que se cometa por parte de los funcionarios del gobierno y tengan una repercusión en la violación de las garantías de cualquier persona es grave".

Sostuvo que si el gobierno estatal no actúa frente a las violaciones de las garantías individuales, ello provoca que las autoridades policiacas y municipales sigan actuando arbitrariamente, por lo que "tiene que haber una política intencionada de atención al tema".

Dijo que "a pesar de que se han hecho las denuncias, no ha habido respuestas contundentes, lo que abre la puerta para que se sigan cometiendo más violaciones, y esto tiene repercusiones".

Informó que todos los casos de violación a los derechos humanos documentados han sido presentados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y los casos de tortura al relator especial de la ONU sobre la materia.