sabado Ť 8 Ť diciembre Ť 2001

lán Semo

La memoria conspicua

Los orígenes de la guerra sucia en México se remontan a los años sesenta. Nunca sabremos con exactitud cómo y cuándo se inició. Precisamente, la noción de guerra sucia refiere ese tipo de acción del Estado en la que la fuerza pública se transforma en una maquinaria que actúa clandestinamente al margen de su propia legalidad, con el fin de nulificar una o varias expresiones políticas de la sociedad. Desapariciones, ejecuciones, juicios sumarios y torturas escapan no sólo al registro público sino al más elemental testimonio burocrático. El Estado apuesta a extraviar su acción en el secreto; para ello debe extraviar el rostro de sus víctimas. Siempre es difícil imaginar un crimen perfecto. Pero resulta casi inconcebible creer que alguien llegue a la conclusión de la posibilidad de una guerra perfecta: una guerra donde los que matan y los que mueren son seres anónimos. Sobre las variadas posibilidades de lo inconcebible hablan varios años recientes de la historia de la violencia en México y en algunos países de América Latina durante la década de los setenta.

Que la guerra sucia sea una práctica habitual y adicional de la acción de cualquier Estado moderno no es un hecho sorprendente. El límite entre la violencia legítima y la no legítima tiende a desaparecer a la hora de la violencia misma. Sin embargo, lo que asombra en la historia mexicana de los setenta, al igual que en la de algunos países de América Latina, es que se haya convertido en el elemento central del combate del Estado contra los grupos armados. En algunos casos se trataba de grupos reducidos y aislados. Hubo otros, como la Liga 23 de Septiembre, que adquirieron proporciones nacionales. Pero en dos casos, al menos, se trató de una guerra que afectó a enormes sectores de la población civil de un estado: Guerrero. Las campañas militares contra las guerrillas de Genaro Vázquez en los años sesenta, y de Lucio Cabañas en los años setenta, dejaron estragos en la población de Guerrero que adquirieron la dimensión de las que acarrean normalmente las guerras regulares: miles de víctimas, decenas de miles de desplazados, heridas imborrables.

La historia de las guerrillas en los años setenta está todavía por escribirse. Sabemos, sin embargo, que hubo algunos grupos cuyas estrategias no fueron distintas a las de sus perseguidores: Los Enfermos en Sinaloa, ciertos sectores de la Liga, el FRAP y otros más. Vista desde la perspectiva del movimiento civil y social de los años setenta, un movimiento esencialmente dedicado a la democratización de la estructura autoritaria que dominaba el país, la guerra sucia fue también una guerra entre dos demonios: la maquinaria clandestina del Estado, puesta en acción por sectores del Ejército, y el delirio de quien se supone que pueden sustituir las fuerzas que sólo una sociedad entera puede engendrar.

Las primeras reacciones ante el informe presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos han sido curiosas. La mayoría coincide en desdeñarlo: los delitos han prescrito, los casos están mal armados, ha pasado demasiado tiempo, los archivos desaparecieron, los victimarios ya murieron, etcétera. Se les puede interpretar de diversas maneras. Pero todas tienen algo en común: una cierta angustia por cerrar el paso a las cartas del pasado. Los reclamos pueden ser impecables, de orden jurídico o legal, pero basta con asomarse a algunas de las heridas que abrió la ira de los setenta para demostrar que ese orden jurídico era una auténtica escenografía de tru-tru legal.

Sigo creyendo, como alguna vez lo afirmó la comisión de la verdad que se constituyó en 1993, que la masacre del 2 de octubre es, si su responsabilidad recae principalmente en el Estado Mayor Presidencial, un crimen de lesa humanidad, al igual que los que se cometieron en contra de la población de Guerrero entre 1971 y 1973. ƑY los de los Halcones del 10 de junio de 1971? Son crímenes que no prescriben. Hay torturadores que mataron a 10 o 15 de sus víctimas durante los procesos de tortura, Ƒson simples homicidas? El militar que ordenó incendiar un poblado entero en la Sierra de Atoyac, Ƒes un simple "militar en campaña"?

Ya sabemos, por las declaraciones que vertió ayer en La Jornada uno de los artífices de esa guerra, el general Alberto Quintanar López, que hubo en efecto una guerra. El considera que fue limpia. Es muy su opinión. Pero las víctimas, sus hijos, sus amigos, sus compañeros, tienen derecho a entablar un juicio para tratar de mostrar que en realidad fue una guerra sucia.

Es lo mínimo que el Estado y el país les debe. Es lo mínimo que la sociedad se merece.