SABADO Ť 8 Ť DICIEMBRE Ť 2001

Ť Se ha avanzado en materia de democracia, afirman dirigentes del PAN y PRD locales

Primer año de Pablo Salazar: pérdida de apoyos y confrontación con otros poderes

Ť El EZLN se ha mantenido indiferente a acciones en favor de sus bases civiles

ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL

Tuxtla Gutierrez, Chis., 7 de octubre. El primer año de gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía se caracterizó por la disolución de la alianza de ocho partidos políticos que lo llevó al poder, la confrontación con sectores del Poder Judicial y Legislativo y sus llamados y acciones a favor de bases y simpatizantes del EZLN, grupo que sin embargo ha mostrado indiferencia a tales pronunciamientos.

Aunado a esto, factores externos provocaron que durante este primer año se cancelaran al menos tres proyectos productivos que reactivarían la economía local y se dejaran de invertir mil millones de pesos. Además se perdieron 35 mil empleos y las ventas empresariales cayeron 35 por ciento, de acuerdo con datos del Consejo Coordinador Empresarial.

No obstante, dirigentes estatales de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática le reconocen al gobierno que haya sometido a proceso penal al ex procurador Eduardo Montoya y a otros ex funcionarios acusados de peculado. Respecto de las confrontaciones, indican que "son parte del proceso de transición" y que "hemos avanzado en materia de democracia".

Una de las primeras confrontaciones sostenidas por el gobernador fue con un sector del Poder Judicial. Frente a la pretensión de un grupo de magistrados de sustituir a su entonces presidente Noé Castañón, el ex coordinador de campaña de Pablo Salazar en la zona costa, Juan Roque Flores, tomó el cargo, lo que le valió una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En lo que se refiere al Poder Legislativo, los partidos que llevaron a Pablo Salazar a la gubernatura impusieron, conjuntamente con un sector del PRI, reformas para quitarle al tricolor el liderazgo camaral, pese a que obtuvo la mayoría de votos en las elecciones del 7 de octubre.

De este hecho, los actuales legisladores priístas acusan al gobernador de haber actuado presuntamente con el afán de impedir que el Poder Legislativo se constituyera como un obstáculo a la gobernabilidad. Al respecto, la directiva nacional del PRI interpuso una controversia constitucional ante la SCJN para intentar disolver las reformas en cuestión, la cual continúa su trámite.

El presidente estatal del tricolor, Aquiles Espinosa, acusa a Pablo Salazar de haber avasallado a su partido y lo ubica como "un absolutista que no quiere interlocutores, sino súbditos". Lo acusa de que "no respetó las instituciones ni a los partidos políticos ni a las organizaciones sociales".

En cambio, el dirigente estatal del PAN, Javier Zepeda, justifica las acciones del gobernador y argumenta que las confrontaciones sostenidas con el Poder Judicial y el Legislativo, e incluso con el Instituto Estatal Electoral -cuyo titular, Gilberto Monzón, fue removido luego que el mandatario le negó más recursos e incluso sugirió que malversó fondos- son parte del proceso de transición.

Martiniano Reyes Palacios, dirigente estatal del PRD, argumenta a su vez que en este primer año "hemos avanzado en materia de democracia... Queremos pensar que las confrontaciones que hubo con diversas instancias se dieron porque había un régimen de 70 años que se negaba a morir. Había que terminar con viejos vicios y eso originó las pugnas".

El dirigente del PT y líder del Congreso local, Amadeo Espinosa, sostiene que ninguna comunidad zapatista ha querido un diálogo o acercamiento con el gobierno y, al contrario, continúan rechazando los programas que se le ofrecen.

De su lado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Sergio Rayó Cruz, indica que lo que caracterizó el año administrativo que concluye es que se dejaron de invertir en Chiapas alrededor de mil millones de pesos, se perdieron 35 mil empleos en los primeros ocho meses y las ventas empresariales cayeron 35 por ciento, agregó.

Entre los proyectos cancelados, añadió, se encuentran el del Grupo Xcaret para la construcción del parque temático del cañón del Sumidero, la ampliación de maquiladoras por el Grupo Axa Yazaki -que preveía introducir nuevas plantas en Cintalapa y Comitán- y la ampliación de las vías de ferrocarril desde Chiapas hasta Yucatán, que efectuaría el Grupo Mayab.

Acciones sin consenso

Un balance del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC) indica que Salazar Mendiguchía se ha separado de organizaciones sociales y civiles, como el Movimiento Obrero, Campesino Revolucionario Independiente y la Unión de Grupos y Organizaciones del municipio de Ixtapa, que lo apoyaron para llegar a la gubernatura.

El análisis, elaborado por Gustavo Castro Soto y Onésimo Hidalgo, subraya que se han fortalecido las organizaciones que tienen a sus dirigentes en puestos del gobierno local, lo cual genera confrontaciones con las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Esto último en relación con la confrontación que sostienen la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo y bases del EZLN por las instalaciones de lo que fue el campamento militar de Cuxuljá.

"El gobernador ha perdido simpatía ante varios sectores. Se le critica la falta de cumplimiento de sus promesas de campaña, el abuso en el uso de la fuerza pública, la mala procuración de la justicia, la impunidad que mantienen los paramilitares; el problema de los desplazados, cuyo retorno no fue consensado con las bases sociales de la organización Las Abejas; los desalojos en la zona norte y el apoyo ciego o desinformado a los proyectos de inversión y de las grandes empresas, entre otros aspectos."