Ť Pide $6.5 millones más de presupuesto para 2002

Excesiva carga de trabajo retrasa cumplimiento de ley en la SCJN

Ť El total de expedientes hace que la impartición de justicia no sea pronta, dice Ť Inaplazable, crear más órganos jurisdiccionales

JESUS ARANDA

Ante un panorama incierto por el destino que tendrá el presupuesto asignado al Poder Judicial de la Federación, éste solicitará 20 mil 300 millones de pesos -en 2001 recibió 13 mil 800 millones-, y advierte que "las cargas de trabajo existentes en los tribunales federales rebasan los límites aceptables", lo que atenta contra la excelencia y la calidad de las resoluciones y rebasa "en gran medida" el número de expedientes que se pueden resolver.

En un diagnóstico de la situación actual de la Judicatura Federal, denominado Proyecto de Presupuesto 2002, que constituye la base de las negociaciones que han tenido lugar entre el Poder Judicial y los diputados de diversos partidos, se agrega que pese al esfuerzo realizado por los juzgadores federales, las condiciones actuales obstaculizan el cumplimiento del derecho fundamental consignado en el artículo 17 constitucional, en el sentido de que a toda persona se le debe administrar justicia de manera pronta, completa, imparcial y gratuita.

El estudio subraya que para 2002 resulta "inaplazable y necesario" crear órganos jurisdiccionales en las ciudades de Monterrey (4), Hermosillo (2), Villahermosa, Morelia, Mérida, Tijuana, Distrito Federal (4), Toluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Guadalajara, Nogales, Puebla, Torreón, Piedras Negras, Mexicali, Ciudad Juárez y Cancún, para sumar un total de 30 que atiendan las excesivas cargas de trabajo, ya que el actual reclamo de justicia de los gobernados "lleva a los juzgadores y a su personal a realizar jornadas extenuantes, más allá de lo humanamente recomendable".

En el rubro de prioridades para el siguiente año se encuentra el atender las necesidades presupuestales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que sólo el próximo año habrá seis elecciones estatales que demandarán su intervención.

El texto subraya que una obligación preponderante del Estado es la instalación de tribunales que administren justicia de manera expedita, para lo cual el Poder Judicial de la Federación debe contar con los recursos suficientes para cumplir su función, debido a que cuando uno de los tres poderes no cumple su cometido de manera decidida, o cuando actúa con timidez o indecisión, la sociedad es la que resulta afectada.

El documento subraya también que si el Poder Judicial federal no cumple con el nivel de excelencia requerido, ello representa un freno al desarrollo económico.

Para dar una idea de la desproporción que hay en el número de juzgados y tribunales federales en relación con los habitantes del país, el texto llama la atención en que de 513 ciudades con más de 15 mil habitantes que hay en el país, ni siquiera se ha logrado instalar un juzgado o tribunal en cada una de éstas, lo que arroja un déficit para este año de 260 órganos jurisdiccionales. A través de la Suprema Corte y de su presidente, el ministro Genaro Góngora, el Poder Judicial subraya que para 2010 las áreas metropolitanas de Puebla y Cuernavaca se unirán al Distrito Federal, con una población estimada de 31 millones de habitantes, lo que redundará también en que los órganos jurisdiccionales enfrentarán cargas de trabajo distintas a las actuales, tanto por el número de casos como por la complejidad de los mismos. Cuestión que demandará no sólo más juzgados y tribunales, sino además impartición de justicia de calidad.

Se dice también que el tema de la delincuencia organizada (cuya ley entró en vigor en 1996) creó un nuevo régimen jurídico con reglas especiales que demandan una estructura sólida en los organismos de administración de justicia.

El diagnóstico explica que los órganos jurisdiccionales han experimentado problemas al resolver ese tipo de actos ilícitos por su complejidad propia y creciente. Delitos que por cierto se ven exclusivamente en el orden federal.

México, afirma el texto, ha experimentado en los últimos años una "exclusión jurídica" que se manifiesta en sobrecarga de trabajo de los órganos jurisdiccionales, así como una creciente judicialización de la vida social que demanda mayor intervención de juzgados y tribunales; ello sin tomar en cuenta la importancia que revisten el juicio de amparo y los recursos de revisión y de reclamación.

Informes de labores en salas de la Corte

Los presidentes de las salas primera y segunda de la Suprema Corte, Jesús Gudiño Pelayo y Guillermo Ortiz Mayagoitia, respectivamente, rindieron ayer sus informes de labores en los que destacaron la independencia y la objetividad de la Suprema Corte frente al Ejecutivo y el Legislativo, y, en general, "frente a todos los actores reales de poder".

Ortiz Mayagoitia destacó, por su parte, que la segunda sala logró prácticamente terminar con el rezago, al quedar únicamente 109 asuntos pendientes para el próximo año, de un total de mil 639 que ingresaron en los últimos 12 meses.

Gudiño Pelayo dejó pendientes de resolver 164 casos de los mil 875 que ingresaron a la primer sala durante el último año.

No obstante estos avances, ambos ministros reconocieron que la disminución en el número de asuntos registrada en salas durante el último año, y que les permitió reducir su rezago, se basa en el acuerdo 5/2001 expedido por el pleno de la Corte, que resolvió pasar a los tribunales colegiados el incumplimiento de sentencias de amparo dictadas por juzgados y tribunales. Paradójicamente, la carga de trabajo de los tribunales colegiados de circuito se incrementó sustancialmente.

Quedará pendiente para el próximo año la resolución relacionada con la demanda de participantes en el movimiento de 1968 para que la PGR investigue los hechos, toda vez que, luego de que el Ministerio Público federal se negó a abrir la averiguación por la prescripción de los delitos, los demandantes acudieron a la Corte con la intención de que el alto tribunal obligue a la procuraduría a investigar los hechos ocurridos en Tlatelolco en 1968.