Ť Recomendación del Alto Comisionado para Derechos Humanos

Mayor consulta con indígenas, pide la ONU a la cancillería

Ť Fue evaluado el programa de cooperación técnica con México

KYRA NUÑEZ CORRESPONSAL

Ginebra, 12 de diciembre. En la evaluación final de la primera etapa del programa de cooperación técnica con México, que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos encargó a un experto independiente, se consideró necesaria, para la segunda parte del programa (actualmente en proceso de negociación), una mayor consulta con los pueblos indígenas. Si la cancillería sigue negándolo, porque mantiene su responsabilidad global en las negociaciones, debe encontrar una forma que permita tal involucramiento, así como delegar la autoridad en otras instituciones, estatales o no, se apunta.

Diez recomendaciones fueron hechas en esa evaluación, con la demanda de ser tomadas en cuenta ''antes de que la alta comisionada firme la próxima etapa''. Las negociaciones no deben caracterizarse por la prisa, porque los resultados no serán satisfactorios, como fue el caso en la primera fase.

Puntos a considerar

1. Si bien no debe perderse la relación directa que algunos funcionarios gubernamentales en la coordinación del programa tienen con el presidente Vicente Fox y con el canciller Jorge Castañeda, la segunda fase debe delegar algunas funciones a representantes de otros niveles, incluso mediante la formación de un comité gerencial.

2. La segunda fase del programa no debe iniciarse hasta que se resuelva el diferendo sobre el protocolo de modelo para la Rehabilitación para Víctimas de Tortura (Dinamarca) y la Procuraduría General de la República (PGR), y esperarse hasta que se modifique la norma oficial mexicana sobre tortura.

3. Fortalecer la autonomía de la CNDH, cuya posición e imagen no parece ser suficientemente fuerte para insistir en un papel autónomo en las negociaciones.

4. El plan de trabajo para las actividades indígenas debe consensuarse entre el gobierno y el grupo más representativo posible (que incluya a la conferencia nacional indigenista) y sea parte formal del paquete de actividades para la segunda fase.

5. Los temas a los que el gobierno dé prioridad no deben ser exclusivos, sino acompañados de temas adicionales, propuestos por las organizaciones no gubernamentales, y de otros informes sobre el diagnóstico de necesidades y las actividades de ejecución inmediata.

6. Si no es factible incluir a representantes de la sociedad civil y de la población indígena en la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores que negocia el acuerdo, debe buscarse otra forma de consulta del proceso para que éste sea legítimo ante todas las partes interesadas.

7. En la segunda fase debe existir una mayor delegación de las responsabilidades de ejecución de las actividades a las instancias beneficiarias (gubernamentales y no gubernamentales); incluir otras expresiones legítimas de la sociedad civil, con prioridad a la representación indígena, y lograr una comunicación más directa con la CNDH, Sedena, Segob y PGR, entre otras instancias gubernamentales.

8. La representación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos debe ser explícita. Si bien hay consenso para una representación oficial de la alta comisionada (incluso en la forma de una oficina del Alto Comisionado en México), debe insistirse en que la coordinación, sin llegar a ser concebida como un órgano de monitoreo de la situación de los derechos humanos en el país, tiene la responsabilidad de expresarse públicamente en nombre de la alta comisionada.

9. La representación en México de la alta comisionada debe estar bien equipada con personal suficiente y con solvencia presupuestal, compartiendo con la representación del PNUD los apoyos internacionales, lo que es necesario habida cuenta de la sensibilidad política del programa en un país como México, que no es prioritario para la comunidad de donantes; por ello debe darse mayor énfasis a los aspectos que son más relevantes para la captación de fondos internacionales, como los temas indígenas; el financiamiento del gobierno mexicano debe ser tal que no ponga en duda la independencia de la representación.

10. El lapso de desfase -que comenzó al término de la primera fase, el 21 de septiembre- debe ser cubierto por el PNUD.

La evaluación final consideró que, antes del inicio de la eventual segunda parte del programa técnico en derechos humanos para México, debe resolverse la diferencia de percepción sobre su coordinación; por ahora, la Comisión Nacional de Derechos Humanos demanda parte del liderazgo, mientras que cancillería lo rechaza y prefiere que la coordinación sea dirigida por una oficina del Alto Comisionado.