Ť Asegura que cinco ejidos han manifestado su disposición de llegar a un acuerdo

La oposición al aeropuerto de Texcoco se limita a Atenco, sostiene la SRA

Ť Herrera Tello informa que el gobierno federal depositó ya $564 millones para pagar a afectados

PATRICIA MUÑOZ RIOS

Propietarios de cinco ejidos mexiquenses expropiados ya aceptaron pactar y llevar a cabo un convenio con el gobierno para vender sus terrenos sobre los que se erigirá el nuevo aeropuerto de Texcoco. Se trata de: Huexotla, Tocuila, San Bernardino, San Martín y Chimalhuacán, reveló ayer la secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello.

Son 11 los ejidos que están en la mesa de negociaciones, puntualizó la funcionaria, y de éstos prácticamente la mitad ya está dispuesta a negociar. Señaló que los únicos con los que todavía no hay ningún acercamiento son los de San Salvador Atenco, quienes optaron por la vía jurisdiccional. Sin embargo, recalcó que los casos en que se interpusieron amparos, si los ganan, lo único que sucederá es que se revisará el monto de las indemnizaciones.

También sostuvo que el gobierno federal ya tiene depositados 564 millones de pesos para el pago de las indemnizaciones. Añadió que sería muy importante "que quienes deseen recibir ya el monto indemnizatorio, lo utilicen en proyectos productivos, que aprovechen la oportunidad de incorporarse al desarrollo y se capaciten para participar de éste".

En una reunión con reporteros, Herrera Tello confirmó que los diversos ejidos, aun cuando optaron por la vía legal para este caso, "no han descartado llegar a un convenio" para la venta de sus terrenos y aseguró: "ellos acuden a la Procuraduría Agraria para que ésta los asesore no nada más en lo que es el aspecto jurídico, sino también para que, en un momento dado, si llegan a hacer un convenio, que esto realmente los beneficie".

Sostuvo que cinco ejidos han manifestado su interés por negociar y llevar a cabo un convenio. En el caso de San Salvador Atenco, serán las instancias legales las que determinen si el decreto debe ser modificado en cuanto al monto de indemnización, "que es lo que a ellos les ha inconformado", sostuvo la funcionaria.

Explicó que la expropiación es una facultad que tiene exclusivamente el Ejecutivo federal, el cual en uso de las atribuciones que la ley le confiere tomó la decisión de ubicación del nuevo aeropuerto. No obstante, "en cualquier lugar donde se hubiera decidido ubicar la terminal se hubiesen dado las mismas manifestaciones".

Hizo ver que en las mesas de negociación que llevan a cabo la Semarnap, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno del estado de México con los ejidatarios se está viendo la posibilidad de que éstos obtengan prestaciones que les van a permitir incorporarse al desarrollo económico del país, porque también se tendría que ver que esta es una "oportunidad para la gente que vive en estos ejidos".

En cuanto al proceso legal que se sigue, indicó que en caso de que los ejidatarios ganaran el amparo que interpusieron, lo que tendría que resolver la autoridad sería que el monto de la indemnización no pudiera estar ajustado a lo que determina la ley y se tendría que fijar el valor con base en un avalúo comercial.

Por el momento está concedida la suspensión, sin embargo, desde mediados de este mes y hasta la primera mitad de enero se han de llevar a cabo las audiencias del caso, en las cuales la autoridad federal determinará si continúa vigente la suspensión o no.

Consideró fundamental que los campesinos afectados sientan que la secretaría los está apoyando y que los cauces legales están a su disposición.