Fox se juega las elecciones de 2003 con su reforma fiscal: PRI

Ť El Ejecutivo pretende obtener la mayoría en el Congreso, asegura

CIRO PEREZ SILVA Y ROBERTO GARDUÑO

Con la reforma fiscal y el paquete económico "están en juego las elecciones intermedias de 2003", en las que el Ejecutivo "va a tratar por todos los medios de ganar la mayoría en el Congreso", además de que un Presupuesto de Egresos "malogrado y no negociado da el pretexto perfecto al Presidente de la República para hacer una campaña contra la Cámara de Diputados", advierte un texto elaborado por la bancada del tricolor en San Lázaro, en el que se plantean las razones políticas y económicas de una negociación que, todo parece indicar, hoy podría definirse.

En el documento denominado Estrategia para la elaboración del paquete económico, la bancada del PRI analiza una gran variedad de medidas, incluso contradictorias entre sí, que representarían para el gobierno la posibilidad de recaudar 126 mil 467.4 millones de pesos. Entre esas diversas opciones destacan las de gravar con 20 por ciento artículos suntuarios, aplicar 4 por ciento de IVA en alimentos, reducir el costo financiero de la deuda, disminuir el gasto corriente y combatir a la evasión.

Este análisis, junto con otras propuestas que rechazan cualquier impuesto en alimentos y medicinas, y descansan en una tasa diferenciada de impuesto especial sobre productos y servicios (IEPS), exención de algunos artículos suntuarios y el compromiso del gobierno foxista de allegarse recursos a partir de incrementar gasolinas y energía eléctrica, entre otros, que le significarían al Ejecutivo 70 mil millones de pesos adicionales, se afinará la mañana de este viernes a efecto de presentar al pleno de la bancada por la noche un texto, de donde surgirá la posición definitiva del tricolor.

Presupuesto 2002

Desde la óptica macroeconómica, destaca el documento, la propuesta de Presupuesto de Egresos del Ejecutivo presenta un déficit similar al del año pasado, pero éste es de menor calidad, ya que adicionalmente disminuye la inversión y aumenta el gasto corriente. El rubro de servicios personales explica el crecimiento del gasto corriente; dicho rubro se ha vuelto una presión constante y creciente a las finanzas públicas; se sujeta el éxito del paquete económico a la aprobación de la reforma fiscal, a pesar de que la aplicación de impuestos en una desaceleración, como pretende el Ejecutivo, "tiene un efecto recesivo".

En el apartado ¿Con qué se puede negociar el paquete económico?, el documento considera diversos planteamientos como eliminar la tasa cero y cambiarla por el esquema de exención, lo que representaría ingresos por 56 mil 639 millones de pesos; imponer una tasa de 4 por ciento de IVA para obtener 24 mil 143 millones, en tanto que en materia de combate a la evasión se considera que la recaudación potencial del IVA puede crecer hasta 72 mil millones de pesos.

Destaca que algunos diputados proponen incrementar otros impuestos a tabacos, alcohol, jugos y refrescos, para compensar la no aprobación del IVA en alimentos y medicinas, lo que aumentaría la recaudación de IEPS, pero que disminuiría la de ISR. Adicionalmente puede preverse reducción de inversiones en estas industrias; se afectaría a los productores de tabaco, caña de azúcar y fruticultores en estados como Nayarit y Veracruz, además de promover un mercado negro de estos productos.

Otra propuesta es revivir el impuesto telefónico (que se eliminó en 1992), aunque con ello se "desincentiva" la expansión de la industria. "De aplicarse, el gobierno recaudaría un monto importante por este concepto. Sin embargo, disminuiría también la del ISR, frenaría la expansión, perjudicando especialmente a las familias y a las regiones de menores ingresos".

El mismo apartado contiene "medidas de alto costo político" para el gobierno federal, ya que no requieren autorización del Congreso. Se refiere a disminuir las transferencias y los subsidios a las tarifas eléctricas; ajustar el gasto corriente a las áreas administrativas y de apoyo (comunicación social y jurídicos); a los bonos y estímulos por productividad y eficiencia de los mandos medios y superiores; metas de recaudación por combate a la evasión fiscal.

Negociaciones paralelas

Mientras 44 diputados del PRD (de un total de 52) manifestaron su apoyo a su coordinador en San Lázaro, para rechazar el IVA en alimentos y medicinas, esta bancada y las de los partidos Verde y del Trabajo, así como Alianza Social y Convergencia por la Democracia, firmaron ayer un manifiesto en el que califican como erróneo el planteamiento oficial de aplicar IVA en alimentos, transporte, educación y medicinas, y sostienen que es innecesario "lesionar" la economía de las familias mexicanas para incrementar los ingresos del Estado.

Como alternativa a la propuesta del Ejecutivo sugieren establecer una tasa de 20 por ciento de IVA a productos suntuarios, dañinos para la salud y con efectos nocivos para el medio ambiente.

No reducir las tasas máximas del ISR a las personas físicas y morales como propone el gobierno federal, mantener deducibles del impuesto los gastos médicos, hospitalarios y dentales, exentar los ingresos por pensiones y jubilaciones hasta 10 salarios mínimos, y estimular la innovación y desarrollo tecnológico que realicen las empresas.

No gravar las prestaciones sociales, mantener la reducción de 50 por ciento en la tasa del ISR para el campo, gravar a los pequeños contribuyentes con ingresos hasta por 2 millones de pesos anuales con hasta 2 puntos porcentuales sobre tales percepciones, acotar el régimen de consolidación fiscal, acumular todos los ingresos en las declaraciones de este impuesto, incluyendo dividendos.

Por cuanto a la Ley de Derechos, consideran legislar un gravamen "mucho más representativo" por el uso y explotación de recursos naturales y respecto del IEPS, incrementar e igualar este gravamen a cigarros con filtro y sin filtro a 125 por ciento, además de incrementar el impuesto a bebidas alcohólicas.

Para evitar los "abultados" subejercicios presupuestales se pronunciaron por establecer reglas de operación claras y oportunas para el ejercicio del gasto público; mayores sanciones administrativas para funcionarios que no cumplan a cabalidad con el decreto de presupuesto aprobado por la Cámara.

Proponen, además, más y mejores reglas de transparencia y fiscalización en el decreto presupuestario para combatir con mayor eficiencia la evasión fiscal y la corrupción.