Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Viernes 21 de diciembre de 2001
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Política
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Gilberto López y Rivas

El defensor de oficio de la guerra sucia

El Ejército Mexicano ha recibido desde 1953 asesoría y entrenamiento contrainsurgentes en instituciones militares estadunidenses como la School of Americas, conocida también como "escuela de asesinos". La "especialización" también se ha impartido en materia policiaca y de inteligencia con fines represivos, de tal suerte que ya desde 1962, los generales Luis Montiel López y Fernán Pérez Casanova recibieron cursos sobre tácticas para enfrentar conflictos internos (revista Milenio, 6/12/01).

A partir de esos años, centenares de soldados mexicanos se graduaron en guerra irregular, aplicando sus conocimientos en las sucesivas operaciones en contra de movimientos populares de diversa naturaleza electoral, sindical, agraria, estudiantil, magisterial, en las cuales el Ejército fue utilizado como brazo armado de la clase dominante. Esta realidad histórica contradice la argumentación del senador Diego Fernández de Cevallos, quien asegura que la versión de que la guerra sucia empezó con la represión en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz es de "historiadores de izquierda" y que fueron los "guerrilleros o gavilleros" quienes transgredieron la ley.

Habría que preguntarse y preguntarle al senador qué motivó al gobierno mexicano y a la jerarquía castrense para enviar a miembros de las fuerzas armadas a recibir instrucción contrainsurgente ya desde fechas tan tempranas como los años cincuenta y sesenta. De paso, habría que cuestionarlo si tiene alguna idea de lo que la guerra contrainsurgente moderna significa en términos de violaciones a las garantías individuales, sin mencionar la atrocidad que por sí representan el asesinato, la vejación y la tortura que conllevan.

El senador afirma que "hay una sociedad muy injusta, que produce guerrilleros, salteadores, secuestradores y asesinos que se tapan la cara, aunque vengan con inditas a su lado, pero que han matado policías, que también son indígenas, soldados que no tenían por qué morir" (La Jornada, 15/12/01). Su "interpretación" de la historia establece que quienes se levantan en armas "están aceptando que a través de la violencia, el terror y la muerte van a establecer un cambio". Del terrorismo de Estado, el senador prefiere callar. Gracias a la magia del discurso de los actuales detentadores del poder político y encubridores solícitos del régimen priísta, los culpables de la guerra sucia son convertidos en víctimas y los luchadores sociales en verdugos. Dice contundente que a lo que se niega "es a señalar al Ejército como responsable" de la matanza del 2 de octubre de 1968. ƑQué sabe acerca de la masacre en la Plaza de las Tres Culturas que no sepamos los demás mexicanos? ƑExisten pruebas exculpatorias que no conocemos que contradigan la evidencia testimonial, documental y fotográfica hasta ahora recabada acerca de la atroz y condenable actuación institucional de las fuerzas armadas en 1968? ƑO acaso es que el jefe Diego simplemente quiere alzarse como la figura señera de la transición tersa entre el sistema priísta y el foxismo, incluso más allá del propio Vicente Fox?

La mayoría de los crímenes de lesa humanidad de estas cuatro décadas fueron planeados y ejecutados por funcionarios gubernamentales y militares de las máximas instancias de decisión y mando. La obediencia debida es cuestionable y hasta él mismo acepta que "nadie tiene derecho a una orden que evidentemente violente la ley y transgreda los derechos humanos elementales".

Lo más obsceno de todo esto es la ratificación que el Senado de la República realizó el 10 de diciembre pasado de las Convenciones para la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad e Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, šasentando que la ratificación de dichas convenciones no se hará de manera retroactiva!, por lo que a los asesinos y torturadores se les abren de par en par las puertas de leyes de "punto final", como ocurrió en países del cono sur.

Sin duda Diego Fernández es el principal artífice de lo que de ahora en adelante deberíamos calificar de corolario blanquiazul a la impunidad y la justificación del genocidio priísta. Nos referimos a la "declaración interpretativa" que el gobierno de Fox propuso para estos instrumentos de justicia internacional, adoptados por la ONU desde noviembre de 1968, que establecen que "únicamente se considerará no prescriptibles las desapariciones forzadas de personas y otros delitos -como el genocidio, contemplado en ese convenio- cometidos con posterioridad a su entrada en vigor en México", lo cual, en palabras del también senador panista Víctor Manuel Torres "es un ejemplo claro del espíritu conciliador y del sentido de justicia del Ejecutivo mexicano".

Fernández de Cevallos, defensor de oficio de la guerra sucia, exculpa al sector castrense de la acusación de genocidio con este argumento: "muchas veces el poder político usó soldados, a veces vestidos de civil y con un brazalete para identificarse, para matar, secuestrar, tirar en el Golfo de México, torturar inclusive a niños inocentes. Pero como instrumentos de una institución que no es la militar". Si así fuera, Ƒpor qué la resistencia a llegar a las últimas consecuencias en la investigación sobre la participación de las fuerzas armadas en la guerra sucia de ayer y de hoy?

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