Matemática mexicana Raquel Gutiérrez, ex guerrillera en Bolivia

Es una maniobra de extorsión mantener vivo el proceso a antiguos combatientes de Tupac Katari

 BLANCHE PETRICH

Nueve años atrás, el Estado boliviano abrió una causa penal contra 12 militantes del Ejército Guerrillero Tupac Katari, entre ellos una mexicana, Raquel Gutiérrez. El sustento jurídico del "caso EGTK", que presentaba 14 cargos de los más graves del código penal a todos los detenidos por igual, se sustentó exclusivamente en declaraciones autoinculpatorias arrancadas bajo tortura a los prisioneros. El juicio nunca prosperó. Los combatientes purgaron cinco años de prisión preventiva y quedaron "a disposición" de la justicia cuatro años más. Jamás se dictó sentencia.

Con el paso del tiempo, la legislación penal en Bolivia cambió. Según ese nuevo marco jurídico, el "caso EGTK" debía haber prescrito en 2000. Pero la causa aún está abierta y los procesados siguen "a disposición". Esta indefinición mantenía a Raquel Gutiérrez como rehén en Bolivia, sin poder regresar a México. Hasta que decidió ponerle fin al suspenso y regresar por la vía de los hechos a su país.

"Mantener viva la causa EGTK no es más que una maniobra de extorsión", señala Raquel Gutiérrez en entrevista. Los 11 procesados bolivianos se mantienen activos políticamente. Dos de ellos, Felipe Quispe y Alvaro García, son líderes muy notorios. El primero, en particular, desempeñó un papel clave en el movimiento indígena que llegó a mantener sitiada la capital del país, La Paz.

Pero el gobierno tiene forma de jalarles la rienda cada vez que lo desea. Al no declararse formalmente cerrada la causa EGTK, los procesados quedan obligados a acudir a los citatorios cada vez que los convoquen. "Y lo hacen, cada vez que la autoridad pretende ejercer presión sobre alguno de los inculpados."

El año pasado, en 2000, se cumplió el término de la prescripción. Gutiérrez, entonces, demandó formalmente que se cerrara el proceso. "Recurrí a todas las instancias, toqué todas las puertas, gané el amparo y luego me hicieron trampa. Esta finta de proceso sigue feliz de la vida, abierto, contraviniendo no sólo la lógica sino la ley."

De modo que un buen día Raquel Gutiérrez, matemática de profesión, viajó al sur, y caminando por alguno de los cientos de pasos de la extensa frontera con Argentina, salió del país andino sin pasar por migración. Y de Argentina, a México.

Entonces el juez Humberto Pinto reactivó la causa y emitió un citatorio en ausencia. De no comparecer la acusada, amenaza con pedir su extradición.

"Hacerme comparecer después de 10 años ¿para qué? Han tenido todo el tiempo del mundo para definir. Estuve cinco años presa y cuatro años a disposición, presentándome todas las veces que me llamaran. Y nunca pudieron definir nada."

Silencio de la cancillería boliviana

No es del proceso de lo que huye, sino de la telaraña kafkiana que tiene entrampado el ejercicio de la ley. "Yo nunca he negado mi responsabilidad en mi participación política en una rebelión. Pero la responsabilidad penal en esa causa, así como está, esos son otros 100 pesos."

Hasta el momento, la cancillería boliviana no ha hecho declaración alguna a propósito de la intención de juez de llevarla de regreso a Bolivia. Mientras, Gutiérrez se prepara para pedir el apoyo de su propio gobierno.

En la historia de Raquel Gutiérrez se da el caso de un desempeño solidario y eficaz de la embajada mexicana. Primero fue Herminio López Bassols, siempre atento a las necesidades de la prisionera mexicana en la cárcel de Obrajes. Después, Margarita Diéguez. "Me apoyaron en numerosas gesti

ones demandando juicio en apego a derecho, el respeto de los plazos procedimentales estipulados por ley, puntos de garantías mínimas, como el estar detenida preventivamente para siempre. Y sobre todo, me brindaron apoyo humano."

En el remoto caso de que Raquel fuera extraditada a Bolivia, según la ley vigente sería declarada en fuga. Tendría que empezar de cero el tiempo de castigo, a pesar de los cinco años de prisión preventiva, a pesar de que nueve años después no se ha dictado sentencia. "Es ?define? un argumento sin salida, un ejercicio de poder descarnado. Si no me hubiera ido, ahí estuviera, acudiendo a cada citatorio, sin avances ni retrocesos, sin posibilidad de cerrar el proceso jamás. Sin poder salir del país. Todos los plazos que dice la ley, yo los he cumplido y excedido, y la autoridad los ha ignorado. El enredo verdadero es que vamos a llegar a sentencia absolutoria, pero como eso es lo que no quieren, pues mantienen el juicio abierto, total, qué pierden."

Internacionalista

A sus 39 años, Raquel es una de las últimas internacionalistas, una generación que abrazó causas sin importar banderas ni fronteras.

En 1983 daba la vida por la revolución salvadoreña. Militaba en las Fuerzas Populares de Liberación, uno de los cuatro grupos armados del FMLN. La habían ubicado en el frente urbano Clara Elizabeth, en San Salvador. Eran años de cruentas batidas contra la población civil.

Ese año las FPL experimentaron un descalabro. Por razones ideológicas, de sectarismo extremo, su máximo dirigente, Cayetano Carpio, Marcial, ordenó el asesinato de Nélida Montes, Ana María, una de las lideresas más carismáticas. En medio del escándalo y la crítica internacional, Marcial se suicidó en Managua ?al menos eso dice la versión oficial? y las FPL se reagruparon en torno de un nuevo liderazgo, manteniendo su alianza con el FMLN. Excepto, precisamente, el frente Clara Elizabeth, que se declaró marcialista y quedó aislado del resto del movimiento. Clandestinos, sin información debido a los métodos de compartimentación, los militantes de base quedaron en el limbo, "jugándonos la vida sin saber por qué", recuerda Raquel.

En medio de tal desorden fue detenida la mexicana. Tuvo suerte. En esa época la policía salvadoreña se inclinaba más por desaparecer a los rebeldes prisioneros, más que por proceder jurídicamente contra ellos. Raquel fue entregada a México.

Junto con otros bolivianos que también habían salido de las FPL, se presentó la posibilidad de "insertarse" en las luchas revolucionarias de ese país andino. El amor, confiesa, también tuvo que ver en esa decisión.

Sublevación de los aymaras

Desde 1982, después de una serie de golpes dictatoriales, Bolivia experimentaba un periodo democrático peculiar, con el resurgimiento de un movimiento de masas muy grande. Simultáneamente la derecha se reorganizaba. Parte del movimiento social, agrupado en Ofensiva Roja, pasa a la clandestinidad y forma el Ejército Guerrillero Tupac Amaru.

En 1985 se convoca a elecciones y gana la derecha; se plantea la transformación neoliberal del país. Para la nueva organización armada, es un momento clave. En 1989 se intentó promover una sublevación general de comunidades aymaras y quechuas. En 1992 la organización sufre golpes muy fuertes. En ese marco Raquel cae presa. En ese momento, ella era responsable de prensa y propaganda del EGTK.

Es desaparecida durante siete días y al cabo de ese periodo de incomunicación absoluta en un cuartel es presentada ante la justicia. Es acusada, junto con 11 detenidos más, de 14 delitos. "Me vaciaron el código penal", recuerda. Entre otros, el más grave fue el de alzamiento armado, copiado letra a letra de las leyes mussolinianas, que determinan que la rebelión contra los poderes legales amerita la pena máxima. Otros cargos son posesión de armas, incitación pública a delinquir, asociación delictuosa, y los conexos.

Pero el Estado boliviano armó, en ese sonado caso, un "pésimo proceso, incompleto, insostenible en términos judiciales. A todos nos acusaron de todo por igual, como si fuéramos hermanos siameses, sin tomar en cuenta que cada quien tenía responsabilidades distintas, cuando la responsabilidad penal es individual, primer principio de la defensa. Fuera de las declaraciones firmadas bajo tortura, no se presentó ninguna prueba".

Pronto el "caso EGTK" se convirtió en un proceso paradigmático en Bolivia, en buena medida gracias al profesionalismo de la defensa con la que contaron los detenidos.

Tuvimos una buena defensa que puso en jaque al Estado en casa caso, narra. Uno de los principales argumentos a favor de los detenidos fue el de la "prueba prohibida", un principio constitucional contra la tortura, es decir, que no se pueden hacer autoincriminaciones. Entrampado en su propia ineficiencia, el llamado juez de instrucción optó por la indefinición legal.

En ese limbo, las dos mujeres del grupo pasaron cinco años en prisión preventiva en la cárcel femenil de Obrajes. El resto del grupo en los penales varoniles de San Pedro y Chonchocoro.

Las reformas penales de 1997 dieron al código boliviano un barniz de modernidad y, entre otras cosas, se instituyó que un acusado no puede permanecer preso sin sentencia, en casos graves como esta causa, por más de cinco años. Y ya en libertad el proceso tiene que continuar y terminar. Si en ocho años no hay conclusión, el juicio se cierra, prescribe.

Ese plazo se cumplió y el juicio, contra lo que dicta la ley, no se ha cerrado. Por eso Raquel está ahora en México, dispuesta a recurrir a la defensa de su país contra la irracionalidad de un proceso sin fin.