ONG japonesas: urge reformar sistema de justicia en México

Señora directora: Solicitamos la publicación de la presente, dirigida al presidente de la CNDH, José Luis Soberanes.

Por este medio, integrantes de grupos de la sociedad civil de Japón, abajo mencionados, que desde la matanza en Acteal el 22 de diciembre de 1997 nos hemos movilizado en busca de mejorar la situación de derechos humanos en México, expresamos nuestro profundo pésame a los familiares y gente cercana a la abogada Digna Ochoa y Plácido.

La noticia de su asesinato fue un verdadero golpe para nosotros y quisiéramos solidarizarnos con todas las personas valientes que están dedicadas a defender los derechos humanos en México.

A pesar de los esfuerzos por legislar en protección de los derechos humanos, las promesas hechas durante la pasada campaña electoral respecto de dicho tema y la reciente entrega del informe de la CNDH sobre la guerra sucia de los años setenta, muchos casos de violación siguen sin aclararse. Es el caso de la matanza de Acteal. Tampoco se conoce nada oficialmente sobre el asesinato de la abogada, por lo cual no podemos dejar de unir nuestra voz con la de doña Rosario Ibarra de Piedra, ilustre luchadora social, quien considera que el reciente informe de la CNDH no contiene información nueva ni situaciones que su organización Eureka no haya denunciado.

Nos mantenemos preocupados y en solidaridad con organizaciones conscientes, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Apelamos a su gobierno, señor presidente Fox, para que tome la iniciativa de reformar el deficiente sistema de la justicia en México, un poder responsable que dejó estos abusos sin ser sancionados durante años.

Comité Japonés de Solidaridad con Centroamérica, Consejo Católico pro Justicia y Paz, Comité Japonés pro Derechos Humanos en México, Asociación Japonesa de Amigos de América Latina, Red Japonesa de Solidaridad con México, Comité Japonés por la Solidaridad con los Pueblos Indígenas de México y Académicos japoneses preocupados por los derechos humanos

Pide juicio justo para su esposo en Querétaro

Señora directora: Solicito la publicación de la presente, dirigida al licenciado Ignacio Loyola Vera, gobernador del estado de Querétaro.

El motivo de esta carta es que quiero hacer de su conocimiento las injusticias que se cometen en contra de mi esposo, Eustacio Yáñez Ledesma, por las autoridades de San Juan del Río, Querétaro. El 11 de noviembre del año en curso, aproximadamente a las 11:30 horas, mi esposo, acompañado de mis dos hijos, se dirigía al pueblo de Altamira Cadereyta para visitar a mi madre y hermanos en una pick-up de su propiedad, por la carretera Cadereyta a Vizarrón. Iba a baja velocidad cuando vieron a unos 4 o 5 motociclistas; en ese instante, uno de ellos quiso rebasar a uno de sus compañeros y no vio que mi familia circulaba en ese carril, impactándose contra la parte delantera izquierda del vehículo, lo que provocó que se levantara el cofre. Mi esposo perdió por completo la visibilidad y frenó, pero sintieron otro impacto. Al bajarse de la unidad vieron dos cuerpos tendidos en la carretera. Llegaron policías de Cadereyta y de la Federal de Caminos y en menos de cinco minutos hicieron un dictamen pericial en el cual aparece que mi esposo, sin ninguna razón, aceleró la camioneta y se precipitó en contra de los motociclistas, causándoles la muerte a ambos.

Mi esposo fue remitido de inmediato ante el agente investigador de San Juan del Río, Querétaro. En la averiguación previa SJ/I/1216/2001 se calificó lo ocurrido como homicidio y daños. Cabe señalar que dentro de las violaciones que se han dado en este procedimiento resalta el hecho de que no le permitieron a mi esposo reservarse el derecho a declarar como lo marca la Constitución.

Como somos personas de bajos recursos nos vimos obligados, por la presión política y económica que representa el problema, a declarar una supuesta asistencia de un defensor de oficio (que al parecer ni cédula profesional tiene). Mi esposo me pidió encontrar otro defensor, que no podemos seguir pagando. En el proceso se han insertado elementos que indican una absoluta culpabilidad de mi esposo, ya que se han violado los derechos constitucionales que le asisten, como otorgarle la libertad provisional que prevé el artículo 20 constitucional, que otorga el derecho a fianza.

En ese orden de ideas y continuando con las violaciones a las garantías que le asisten a mi esposo, se cambia el posible delito y se le priva de su libertad sin que hasta hoy exista la sentencia del juzgador de primera instancia que conoce de este juicio con el número de expediente 360/2001. En dicho juzgado penal en el estado de Querétaro se pretende sentar culpabilidad a mi esposo por la falta de un ojo que accidentalmente perdió, pero no se puede acusar a una persona de no tener pericia si cuenta con permiso para conducir, otorgada por las autoridades de tránsito.

Por lo anterior, le ruego intervenga y observe que las autoridades que conocen de este juicio no omitan el derecho que le asiste a mi esposo en cuanto a su libertad condicional y para que la fianza sea fijada de manera justa y de posible realización, tomando en cuenta nuestras posibilidades económicas, ya que el origen del derecho emana de la justicia y equidad.

Señora Mariana Hernández Reséndiz, Tlalnepantla, estado de México

Remodelación causa perjuicios en Tlatelolco

Señora directora: Mucho le agradeceré la publicación de esta carta en la que expreso mi profundo desacuerdo con las obras de supuesta remodelación que se están llevando a cabo en la zona arqueológica de Tlatelolco. Este conjunto urbano-arquitectónico consta de la zona arqueológica, la Plaza de las Tres Culturas y los pasillos y fuentes adyacentes. Estos espacios abiertos indican que la unidad habitacional fue planeada no sólo para ser habitada y recorrida, sino admirada en todo su esplendor como concepto de carácter práctico y estético. Hace unos meses se inició la colocación de barandales alrededor de la zona arqueológica.

Ahora, la visión panorámica que debe presumirse en este tipo de conjuntos ha sido arruinada, pues casi desde cualquier lugar donde se mire, al menos desde el lado norte, las rejas de dos metros de altura la impiden o estorban. Si el argumento para tal acción es la protección de las ruinas, hubiese bastado con poner un barandal de un metro, que impidiera que las mascotas o algún osado saltaran y causaran daños.

Soy una persona temporalmente minusválida, amante de la arqueología y la historia de nuestro país, y considero que en vez de llevar a cabo esas obras pensadas sólo por alguien con muy poco sentido estético, hubiese sido más útil hacer corredores turísticos abiertos a todos, con rampas para sillas de ruedas en los largos pasillos llenos de escaleras. Además de todo eso, los corredores-sur han sido cerrados al público en general. Ahora será una zona reservada para todos aquellos turistas que cuenten con la suma de 35 pesos la entrada.

Esto es una cuestión inmoral y absurda, pues los pasillos y la zona arqueológica constituyen un punto de encuentro y de recreación cultural y visual para los residentes y visitantes de Tlatelolco. No es la suma, sino el acto lo que me produce enojo y desconcierto, aunque hay que decir que ahora no voy a poder recorrer completamente la zona, pues 35 pesos es un salario mínimo en un país donde gran parte de la población no cuenta con los recursos suficientes para invertir en educación y recreación.

Por más que la entrada a estudiantes y maestros sea gratuita o con descuento es, aparte de todo, ridículo que se pretenda cobrar por un recorrido de 15 minutos lo que se cobra en el Museo Nacional de Antropología, con varias salas, aire acondicionado, recorrido con cientos de piezas y videos explicativos, cuyo recorrido a veces dura más de dos días.

Pongo a consideración estos argumentos para que toda la comunidad, en especial la tlatelolca, manifieste su opinión en foros como este y haga recordar a las autoridades del DF y del INAH lo mucho que se le debe a Tlatelolco para pagarle de manera tan ingrata. Exijo que las autoridades correspondientes den marcha atrás en la imposición de las medidas que dañan el patrimonio histórico y artístico de este lugar.

Jorge Bravo M.

La autonomía del IPN es indispensable, opina

Señora directora: Cuando el presidente Fox dio posesión como director general del IPN a Miguel A. Correa Jasso el 12 de diciembre del año 2000, el presidente dijo entonces: "Espero que este sea el último nombramiento que el gobierno federal haga de un director del Politécnico, porque vamos a proponer su autonomía" (La Jornada, 13/12/00). Lo que sucede en el IPN importa no sólo a los politécnicos, sino al país mismo, pues el instituto podría consolidarse como elemento estratégico para el necesario y urgente desarrollo económico nacional. Sin embargo, para que el IPN responda al reto requiere cambios de fondo que lo conduzcan hacia su modernización.

El IPN nació en 1936 ?sin ley orgánica, por cierto?, como la institución educativa tecnológica de los gobiernos de la Revolución mexicana ?que no del Estado, pues su creación no pasó por el Congreso de la Unión?, con el fin de formar los recursos humanos necesarios para el desarrollo industrial del país, lo cual se les dificultaba con otras instituciones como la UNAM. El IPN ha sido desde entonces un órgano dependiente de la SEP. Lo que al inicio fue una relación virtuosa entre el IPN y el gobierno del partido de la revolución mexicana, se convirtió con el tiempo en una relación viciosa, donde la estructura interna de gobierno burocrático vertical, la subordinación y el clientelismo político han predominado sobre la academia. La comunidad de investigadores, profesores y estudiantes, sin embargo, sigue creyendo en la nobleza de los fines con los que fue creado, especialmente en lo relativo a su carácter de institución pública, laica y gratuita.

La actual Ley Orgánica del IPN otorga al director general todas las facultades ejecutivas, legislativas y jurisdiccionales: la más completa autocracia institucionalizada. Además, en ninguna parte de dicha ley se mencionan las libertades de enseñanza y de investigación. En este contexto, el director Correa, a través del Consejo General Consultivo (CGC) del IPN, publica una convocatoria (La Jornada, 29/8/01), según la cual se retoma una Comisión Especial (CE) del CGC formada desde octubre del año 2000 ?con todavía Diódoro Guerra como director general-, la que tiene como propósito "organizar los trabajos de revisión de la Ley Orgánica del Instituto".

El director Correa, con base en la convocatoria citada y situándose detrás del CGC está realizando una toma de opinión a la comunidad, porque la toma de decisión se la reserva seguramente para sí y por partida triple: una cuando la CE elabore el preproyecto, y otra más cuando presente al presidente Fox su proyecto final de reforma. Para comprenderlo mejor, observemos que el 53 por ciento de los 155 miembros del CGC son funcionarios designados por el director general. Asimismo, difícilmente los profesores e investigadores expresarán libremente sus críticas al proceso, pues están sometidos a un sistema de becas que necesitan y temerían perder si lo hacen, dado el verticalismo autoritario que prevalece en el IPN.

Significativamente, no se conoce a la fecha la propuesta de reforma del director Correa, sea porque no la tiene o porque no la quiere hacer saber a la comunidad... todavía: lo más probable es que la presente con portada del CGC, en un acto de pusilanimidad intelectual. La inercia del verticalismo autoritario predomina hoy por sobre un cambio de mentalidad hacia el ejercicio racional de las libertades autonómicas que debería facilitarse ya, mediante un proceso democrático auto-educativo supremo de la comunidad politécnica. El resultado del proceso actual de reforma pudiera ser legal, pero sería ilegítimo, pues carecería de la legitimidad que le otorga la participación horizontal de la comunidad politécnica.

En una reunión de empresarios el director Correa expresó como orador invitado que la autonomía del IPN es "deseable, pero no indispensable" (La Jornada, 10/8/01), lo cual es incorrecto. Al no ser autónomo, su comunidad carece de las garantías necesarias para el ejercicio de las libertades académicas, administrativas y de gobierno consustanciales a una institución de cultura superior como el IPN. Sin duda, la autonomía es indispensable, por lo tanto, el problema central es el de la racionalidad en el ejercicio de dichas libertades, de donde deriva su modelo de sistema educativo superior, base de la reforma orgánica del IPN.

Heberto Reynel Iglesias

Denuncia hostigamiento de Antorcha Campesina

Señora directora: Después de haber exigido al gobernador del estado de Puebla, al gobierno federal y a la CNDH el esclarecimiento del asesinato de campesinos e indígenas y la liberación de nuestros compañeros presos por delitos prefabricados, así como castigo a los responsables por los hechos ocurridos en diferentes fechas desde 1983, atribuibles a integrantes de la organización priísta Antorcha Campesina, quiero denunciar que he recibido amenazas de muerte y persecución policiaca.

No cabe duda de que Antorcha Campesina, como ya es costumbre, recurre a amenazas con el apoyo de la policía judicial del estado de Puebla. Van dos ocasiones que acude al DF preguntando sobre mi paradero o de mi familia, utiliza compañeros nuestros y a mis familiares bajo amenazas para que sirvan de guías.

Exijo al gobierno federal y del estado que cese la persecución policiaca en contra de mi persona o de mi familia.

Si algo me pasa, hago responsables al presidente municipal antorchista de Huitzilan de Serdán, Moisés González Lira, y al presidente municipal electo, Juan Gregorio Bonilla, a los ingenieros Martín Julio Pérez y Angel Guerrero Estrada, y por supuesto, al gobernador Melquiades Morales Flores.

Bartolomé Melchis Santiago (delegado de la UCI). El Congreso Nacional Indígena (CNI)