Ť No se ha dado atención a los problemas estructurales, sostiene el Centro Pro

El gobierno carece de estrategias claras en derechos humanos, afirma Edgar Cortez

Ť Persiste la impunidad y hay lagunas en la impartición de justicia, indica la ONG

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

El primer año de gobierno de Vicente Fox careció de estrategias claras en materia de derechos humanos y tuvo signos de "retroceso" en temas fundamentales como la reforma indígena y el proceso de paz en Chiapas, la persistencia de la impunidad y la tendencia de militarizar los ámbitos de competencia civil, consideró Edgar Cortez, presidente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

En entrevista, señaló que hubo aspectos positivos en el discurso gubernamental y en el tratamiento de casos concretos. Sin embargo, estas acciones no se establecieron desde una visión de Estado.

"Las acciones parecen estar más animadas por la presión internacional, por la preocupación de mantener una buena imagen externa, o bien dar la impresión de que éste es un gobierno benévolo y de buen corazón hacia algunos casos particulares", afirmó.

Cortez explicó que se advierte un discurso renovado, distinto del de los gobiernos priístas, y se refirió, por ejemplo, a la acogida que tuvo el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre desapariciones forzadas ocurridas durante las décadas de los setenta y ochenta.

El problema, agregó, es que el gobierno carece de estrategias claras que sirvan sobre todo para atender los problemas estructurales en el tema de derechos humanos, como son la impartición de justicia, el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indios y la militarización.

Signos de retroceso

"Desde nuestra perspectiva, en estos temas hay estancamiento, incluso signos de retroceso. El caso más reciente es el de la Policía Federal Preventiva que está participando en un operativo en la ciudad de México, lo que sigue alentando la militarización del país."

Consideró que el informe de la CNDH representa un avance, pero es sólo un primer paso porque lo que ha arrojado deja resuelta la discusión de si en esa época hubo o no violación a los derechos humanos. Deja en claro que hubo una política represiva implementada por el Estado.

Sin embargo, señaló que ese informe no se puede quedar en un simple reconocimiento del papel represor del Estado. Se tiene que ir más allá para que se haga justicia, se castigue a los responsables y se generen condiciones para reparar los daños a las víctimas y hacer cambios para que no se repitan esos errores.

En tanto, el Centro Pro Juárez señaló, en un balance de este primer año de gobierno, que ha persistido la impunidad, reflejada en algunos casos de importancia nacional como son la liberación de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, el incumplimiento de la recomendación para que el general José Francisco Gallardo sea liberado, la presencia de paramilitares en Chiapas y el nulo avance en las investigaciones de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

En el caso de la reforma indígena, advirtió que el Poder Ejecutivo fue "incapaz" de alentar políticamente la aprobación de la iniciativa que envió. Por lo tanto, "resultó muy cuestionable" el desempeño del Presidente al no asumir su responsabilidad con el sector indígena y con la sociedad en general.

Aseguró que la impunidad también está presente como factor que agrava el conflicto en Chiapas. Los paramilitares constituyen una amenaza latente, siguen realizando acciones en la zona norte de la entidad y continúan provocando desplazamientos forzosos.

Recordó que inclusive líderes de la organización paramilitar Paz y Justicia fueron liberados recientemente, así como algunos responsables de la masacre de Acteal, lo cual provoca temor entre las víctimas de estos actos y anula posibilidades de avance para reconstruir el tejido social.

En el caso de Chiapas, el Centro Pro Juárez concluyó que el proceso de paz está estancado y los avances logrados se "ubican en el nivel discursivo". Fox, dijo, ha dado muestras de ello en foros internacionales.

En el balance se criticó además la tendencia a militarizar los ámbitos de competencia y responsabilidad civil, línea que ha tenido su manifestación más álgida en el hecho de que el Ejecutivo designó a un militar como responsable de la Procuraduría General de la República (PGR).

Además, refirió la organización civil, la ejecución de la abogada Digna Ochoa demostró también la incapacidad del gobierno para generar condiciones que posibiliten el ejercicio pleno del derecho a defender los derechos humanos, y el Estado mexicano incumplió su obligación de garantizar la vida y la integridad de Ochoa para que pudiera realizar su labor con libertad y seguridad.

Señaló que la mesa de negociación que se instaló en la Secretaría de Gobernación después del asesinato de Ochoa es una buena señal, pero se ha quedado en un nivel de diálogo y "falta observar que esa disposición gubernamental se traduzca en acciones profundas a favor de la defensa y promoción de los derechos humanos".

Explicó que la liberación de Montiel y Cabrera se debió a una "heterodoxa aplicación de la ley, mas no por un acto de justicia en un contexto político delicado para el país y en el que la mirada internacional estaba enfocada a México después del asesinato de Ochoa".

Calificó de grave el hecho de que el general Gallardo siga preso y que el gobierno siga aduciendo cuestiones de legislación interna para no cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Centro Pro Juárez señaló que con estos argumentos el gobierno mexicano omite que los tratados internacionales ratificados por México son ley interna.