Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Sábado 29 de diciembre de 2001
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Mundo
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Ť Se derrumba la bolsa y renuncia el presidente del Banco Nación

Condiciona Bush ayudar a Argentina vía FMI

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 28 de diciembre. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, ofreció a Argentina asistencia técnica a través del Fondo Mo-netario Internacional (FMI), bajo la condición de que ordene su política fiscal y monetaria.

De hecho, el tema de la relación entre el gobierno de Argentina y el organismo financiero internacional quedó incluido ya en la agenda del nuevo gobierno de este país para enero próximo.

El titular del FMI, Horts Koehler, envió el jueves pasado una carta al presidente interino Adolfo Rodríguez Saá, para expresar la disposición del organismo a buscar conjuntamente una "solución sustentable" a los problemas económico de esta nación.

La carta de Koehler fue interpretada por el gobierno como la reanudación del diálogo bilateral, indicó el secretario general de la presidencia, Luis Lusquinos, si bien dentro del ahora gobernante peronismo existe una disputa en-tre quienes quieren que Rodríguez Saá gobierne hasta 2003 y los que insisten en la celebración de elecciones en marzo.

Así, la crisis golpea los talones del presidente interino y este día la nueva moneda, el argentino, que se emitirá a mediados de enero, originó un derrumbe en la bolsa de valores y la renuncia del presidente del Banco Nación, David Expósito, quien afirmó que será necesario emitir alrededor de 15 millones de argentinos por año, lo que in-mediatamente fue interpretado como el primer paso a una devaluación descontrolada.

Bush dijo que Estados Unidos trabaja junto a los países latinoamericanos para intentar encontrar una salida a la crisis argentina, para lo cual ha hablado con los presidentes de México, Uruguay, Chile y Brasil.

Pero al ofrecer asistencia técnica a través del FMI, destacó la necesidad de que el gobierno de Buenos Aires ponga en orden sus políticas fiscal y monetaria, y desarrolle un plan económico.

Bush habló vía telefónica este viernes con Rodríguez Saá y acordaron reunirse muy pronto.

Por lo pronto, y en respuesta a las recomendaciones de Washington, Buenos Aires dijo que intentará que la deuda interna no corra la misma suerte que la externa, cu-yos pagos fueron suspendidos.

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, expresó en Buenos Aires su disposición a sumarse al es-fuerzo de apoyar un programa "sustentable" de recuperación de la economía argentina, luego de entrevistarse con Rodríguez Saá.

En medio de todo esto, la disputa política por la duración del mandato del presidente interino continuaba en el seno del Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical (UCR).

Mientras, el empresario Carlos Salvucci presentó este viernes ante la Corte Suprema un recurso de amparo para que suspenda los comicios anticipados de marzo próximo y prolongue la gestión de Rodríguez Saá hasta 2002.

"Un gobierno de 90 días no puede consolidar en tan breve plazo la destrucción generada en los dos años precedentes porque las medidas económicas requieren tiempo", sostuvo el empresario.

La Corte Suprema rechazó el recurso tras alegar que la petición debe hacerse ante tribunales inferiores, pero no se pronunció sobre la cuestión de fondo, la solicitud de extensión del mandato presidencial de Adolfo Rodríguez Saá.

El presidente de la UCR, Angel Rozas, se mostró a favor de que el mandatario continúe en el gobierno por dos años más; en cambio los líderes del Partido Justicialista, con ambición de llegar la Casa Rosada, reiteraron su oposición a que se suspendan los comicios que deben realizarse en marzo.

Así, el senador peronista por la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, que figuraría como uno de los candidatos, instó a Rodríguez Saá a respetar la decisión le-gislativa y llamar a nueva elección.

Por su parte, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo dijo al diario español El País que la caída del presidente Fernando de la Rúa se debió a la desestabilización provocada por sus socios en la coalición de gobierno.

Como partidos, la UCR y el Frente País Solidario "no le permitieron a De la Rúa gobernar. Lo boicotearon permanentemente. Los principales funcionarios lo abandonaron y le hicieron la vida imposible desde el Congreso", sostuvo el ex funcionario.

De su lado, el ministro español de Relaciones Exteriores, Josep Piqué, de vista en Buenos Aires, afirmó que la situación en este país es "muy grave" y se lleva una impresión de incertidumbre y preocupación, pero al mismo tiempo resaltó la confianza que merece Argentina para superar su crisis.

El malestar comienza a moverse otra vez bajo los casi 40 grados de calor que causan desmayos en las colas hasta de tres o cuatro cuadras frente a muchos bancos, que debieron solicitar fuertes custodias policiales ante la indignada población, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde miles de jubilados y trabajadores llevan días sin cobrar.

Tampoco se ha resuelto la situación en provincias como Entre Ríos, uno de los focos del levantamiento popular del 19 de diciembre, donde se adeudan hasta cuatro meses de salarios.

Al mismo tiempo, una multitudinaria marcha de docentes protestó frente al Ministerio de Educación, acéfalo desde la decisión del presidente interino de transferir a las provincias el control de la educación en el país.

Los maestros reclaman la continuidad del ministerio y del incentivo docente, beneficio salarial otorgado en el gobierno de De la Rúa, y la asignación de un presupuesto educativo que equipare a todas las provincias y garantice la vigencia de las escuelas públicas.

Por otra parte, la jueza federal María Servini de Cubría, quien advirtió sobre las características de los pasados episodios que culminaron con el levantamiento popular y la insubordinación civil de los días 19 y 20 de diciembre, denunció amenazas y presiones anónimas en su contra.

Al encontrar puntos oscuros y no lograr que se le informe quién ordenó esa represión -en la que murieron siete personas- cuando estaba en vigencia el estado de sitio, decretado por el entonces presidente De la Rúa, la juez sostuvo que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias en su investigación.

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