¤ Contralores ciudadanos detectan irregularidades

Cancela la Contraloría del DF una licitación en la SSP

RICARDO OLAYO GUADARRAMA

Una licitación de la Secretaría de Seguridad Pública limitada a sólo dos empresas obligó a la intervención de la Contraloría General del DF, instancia que canceló el procedimiento y también el uso de recursos en cuatro partidas para otras compras, dado que no se tenía documentada "fehacientemente" la aplicación de los criterios de selección.

La irregularidad fue detectada por los dos contralores ciudadanos que participan en el comité de adquisiciones de la Secretaría de Seguridad Pública, y con su denuncia frenaron la licitación para la compra de uniformes para policías.

Las especificaciones de los uniformes se habían cambiado en el seno del comité de adquisiciones de la SSP, por vez primera, para igualarlos con los uniformes de otras entidades, pero únicamente dos empresas cumplían las condiciones marcadas, lo que limitaba la participación.

Las especificaciones reducían la posibilidad de que hubiera más participantes y sembraban dudas de que la confección, con dos telas sintéticas, fuera la indicada para los efectivos policiacos.

De acuerdo con informes obtenidos en la Contraloría General y en la SSP, tras la convocatoria se presentaron protestas de las empresas Industrias Haber's e Imagen Textil, las cuales argumentaron que "las especificaciones de las telas resultaban distintas a las de años anteriores, dirigidas a determinadas empresas" y creaban dudas respecto de la composición de las telas.

Antes de esa queja, la Contraloría General del DF intervino mediante los dos contralores ciudadanos -figura creada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador- según, indicó el responsable del Programa de Contraloría Ciudadana, Andrés Peñaloza Méndez.

Los documentos indican que la Contraloría determinó suspender definitivamente la licitación, con fundamento en el artículo 35 de la Ley de Adquisiciones para el DF, pues el comité de la SSP "no acreditó que los valores requeridos para la confección de la tela a emplearse en los uniformes de policía resulte idónea para el desempeño de las funciones propias del cargo, estableciendo especificaciones determinadas por un fabricante de telas".

En esta circunstancia, se le otorgaba ventaja y con ello se restó transparencia al procedimiento licitatorio. Por esta razón, para preservar el interés público y garantizar que los policías tengan bienes idóneos para su función, se determinó la suspensión, dado que los criterios de la administración pública del Distrito Federal deben fundarse en economía, eficacia, imparcialidad y honradez.

El dictamen de la Contraloría indica que la SSP debe reponer el procedimiento, en tanto siguen su curso las investigaciones administrativas para deslindar responsabilidades, derivadas de la licitación pública 30001066-019-01.

Quedan pendientes en el Tribunal de lo Contencioso las quejas de las empresas concursantes Grupo Industrial Vismar y Calzado Ibisa, que consideraron afectados sus intereses.

El pasado 29 de noviembre la Contraloría fue notificada de la demanda interpuesta por la primera empresa y el límite para dar respuesta es el próximo 8 de enero. En el caso de la segunda empresa, el plazo vence el 11 de enero, fecha en que los magistrados iniciarán el estudio de los expedientes.

Peñaloza Méndez destacó el trabajo realizado en este caso por los contralores ciudadanos, cuya actividad fue vital para detectar las fallas. Agregó que el próximo mes se darán a conocer nuevos nombramientos honorarios de contralores ciudadanos.

Precisó que hay una lista de 100 personas interesadas, que al igual que los 148 ya acreditados en los 93 órganos vinculados a las adquisiciones, cumplen un perfil parecido, en el cual 80 por ciento son profesionistas.