Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Viernes 4 de enero de 2002
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Política
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¤ Temen por la integridad física de cinco indígenas; señalan a edil como responsable

Exigen la liberación de zapotecos secuestrados

¤ Acusan al gobierno del estado de permitir que el problema intercomunitario crezca

MATILDE PEREZ U.

En asamblea, los habitantes de las comunidades de Santiago Yagallo, San Isidro la Reforma y Santa María Yaviché, de la sierra norte de Oaxaca, e integrantes de la Organización Pueblos Unidos manifestaron su temor por la integridad física de Flavio Ramos, Delfino Martínez Solís, Aureliano Márquez, Jonás Yescas y Emiliano Ramos, quienes fueron trasladados a la agencia de Santo Domingo Cacalotepec, en donde hace 13 años fue asesinado Rosendo Pérez, delegado regional de Santa María Yaviché.

Los cinco forman parte del grupo de 33 personas que fueron secuestradas el primer día del año --según explicación, por vía telefónica, de los habitantes de las tres comunidades- por un grupo de habitantes de la comunidad de Tanetze de Zaragoza, que encabezó el presidente municipal Jacobo Chávez, después de que Pueblos Unidos pretendió reanudar el servicio de transporte de las comunidades a Oaxaca.

De acuerdo con la narración telefónica de algunos habitantes -quienes pidieron el anonimato ante el temor de represalias-, de las 33 personas secuestradas seis pudieron eludir el cerco y llegar hasta Santa María Yaviché, en donde informaron que la mayoría están golpeadas y heridas. Hasta anoche los cerca de mil 500 habitantes de las tres comunidades permanecían en alerta y trataban de mantener la calma para no trasladarse hasta Tanetze -a 30 minutos de distancia en vehículo- y liberar a los detenidos.

El 22 de diciembre del año pasado Pueblos Unidos (PU) y el Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) sostuvieron una reunión con el gobernador de Oaxaca y diversos integrantes de su gabinete, quienes aceptaron que se reanudara el servicio de autobuses comunitarios que logró impulsar PU en 1999 para los pueblos de Juquila Vijanos, San Isidro la Reforma, Tanetze, Santa María y Santiago, entre otros. Las autoridades estatales se comprometieron a garantizar que el servicio no fuera interrumpido.

Sin embargo, la tarde del primero de enero Jacobo Chávez -en su primer día como presidente municipal- convocó a los habitantes de Tanetze a impedir el paso de autobuses. "Con palos y piedras impidieron que los 33 indígenas zapotecos y tres camionetas de tres toneladas que escoltaban al autobús siguieran su ruta", explicó Raúl Gatica, de CIPO-RFM.

"Así comenzó su gobierno Chávez; entonces a los indígenas que no son de su grupo les espera un periodo de represión, cárcel y muerte", agregó.

Los indígenas comentaron que el actual alcalde fungió como tesorero en la administración 1999-2001, y durante su gestión envió un ultimátum a Santa María Yaviché para que dejara de pertenecer a Tanetze, además que no entregó a esa comunidad los recursos de Progresa, por su terquedad de "mantener sus usos y costumbres y no apegarse a los dictámenes del municipio". Los habitantes realizaron varias movilizaciones de protesta en Oaxaca hasta lograr, en mayo del año pasado, que el Congreso del estado y el gobierno federal intervinieran y se les entregara un millón 800 mil pesos que le correspondía a la comunidad.

Tampoco el gobierno del estado respetó los convenios, ya que del total dio sólo 290 mil pesos e intervino para que ambas partes -Tanetze y Santa María- firmaran un pacto de no agresión.

"Ahora tememos que puedan asesinar a los cinco que fueron llevados a Santo Domingo Cacalotepec y que a los que siguen secuestrados en Tanetze los sigan golpeando como una medida de presión en contra de la organización, para someternos y aceptar a un cacique que está en contra de los usos y costumbres de nuestras comunidades", señalaron los indígenas.

Las autoridades de Oaxaca han dejado que este problema crezca, abundaron. Por su parte, Raúl Gatica, en diversos correos electrónicos que envió a organizaciones indígenas y de derechos humanos para pedir su solidaridad con los zapotecos exige la destitución de Jacobo Chávez como presidente municipal de Tenetze, que se realice una auditoría al ayuntamiento durante el trienio 1999-2001, que se den garantías para el funcionamiento de la línea de transportes comunitarios y se investigue a las empresas privadas del transporte que operan en esa ruta.

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