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008n1pol ¤ Ofreció trabajar con la justicia castrense y no ha cumplido, afirma el Colem El gobierno simula voluntad para investigar el caso de tres tzeltales violadas por militares ¤ La CIDH lo encontró responsable y recomendó indagar en la jurisdicción ordinaria ROSA ROJAS El gobierno de Vicente Fox "está haciendo sólo una simulación de que tiene voluntad política para cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ponen mesas de trabajo, le hacen al cuento, te prometen mucho y luego no cumplen en los tiempos, en las formas ni en nada", acusó la abogada Martha Figueroa, del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal (Colem), al señalar que "ni se ha trasladado al fuero civil el caso de las tres indígenas tzeltales violadas por militares en 1994, ni se ha hecho nada para juzgar a los violadores en el fuero militar". La CIDH determinó hacer público su informe 53/01 en marzo de 2001, ante la insistencia del gobierno de Vicente Fox de que el caso de las tres hermanas violadas tumultuariamente por militares el 4 de junio de 1994, en un retén ubicado en Altamirano, Chiapas, se juzgue en el fuero militar. En dicho documento la CIDH estableció que el gobierno mexicano es responsable de tortura y violaciones al derecho a la integridad personal y a la protección de la honra y la dignidad; a la libertad personal; garantías judiciales y protección judicial, por lo que le recomendó investigar este caso "de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana". Promesas incumplidas No obstante, ante la negativa oficial para trasladar el caso al fuero civil, se acordó, durante una reunión realizada en octubre -antes del asesinato de Digna Ochoa- con Marieclaire Acosta, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que la Procuraduría General de Justicia (PGR) "iba a trabajar vía exhorto con los militares para investigar el caso". Sin embargo, el pasado 14 de noviembre, en una audiencia con la CIDH efectuada en Washington, en la que participó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que es copeticionario con el Colem en este caso, la PGR "se hizo a un lado, no sé bajo qué argumentos, y entonces la Procuraduría de Justicia de Chiapas iba a colaborar para complementar las diligencias que dicen los militares que faltaban. "El hecho de que la PGR se haya hecho a un lado me hace pensar dos cosas: que el procurador es militar, pero la subprocuradora María de la Luz Lima ha trabajado el tema de víctimas y mujeres; ella sabe lo que es la violencia sexual en un proceso y en una investigación, ella es parte de la apertura de las agencias especializadas en delitos sexuales; por qué en un caso tan paradigmático como el de las tres tzeltales no habla, no dice nada, se hace a un lado. "En octubre se dio un plazo de 15 días para activar la investigación, esos 15 días se volvieron un mes, dos meses, ya vamos para tres meses y nada. Me entrevisté el 30 de noviembre con el procurador de Chiapas y me dijo que él está dispuesto a trabajar el caso de las tres tzeltales violadas, pero que no ha recibido ninguna información de los militares, ningún oficio ni nada, y le dije: ya somos dos." La abogada manifestó que está alarmada ante esta inacción, "es preocupante y peligroso porque en materia de derechos humanos las simulaciones matan, como ya lo vimos en el caso de Digna Ochoa". Subrayó: "Lo más importante para nosotros es que se haga justicia y eso significa que se ejercite acción penal contra los autores materiales de la violación, en primer término, y en segundo que se repare el daño. No estamos pidiendo indemniz ación económica, estamos pidiendo primero que se haga justicia." Consideró que la falta de voluntad política para cumplir la recomendación de la CIDH pudiera deberse a que las autoridades tienen miedo a que si este caso de las tzeltales se resolviera, "entonces las denuncias contra los militares se vendrían en cascada, eso sería en automático". Es preocupante y sintomático, agregó Figueroa, que se estén volviendo a dar denuncias de violaciones por parte de militares. Hace dos meses se denuncia la violación de una niña en Tonalá por elementos militares, "y el discurso se repite como hace siete años: es una menor, los militares alegan que no es cierto, la desprestigian, dicen que es una prostituta, la intimidan de tal manera que ella ya se desistió públicamente, ya se desistió la familia de la querella contra el Ejército. Esto para mí es muy preocupante, el discurso es calcado, la misma amenaza: es difamación, son calumnias contra el Ejército". Respecto de las diligencias que se supone hacen falta sobre el caso de las tzeltales, Figueroa explicó: "Según yo, no falta nada; según los militares, está incompleta la averiguación porque se paró en septiembre de 1995 debido a que ellos querían hacer una nueva revisión ginecológica a las tres hermanas y tomarles otra declaración. Yo les dije que ya las muchachas habían declarado y no iban a volver a declarar, y menos tenían que hacerles otra revisión ginecológica, que ya les había hecho una perito especializada, y ahí se paró el asunto hasta que ganamos la recomendación de la CIDH. "En la mesa de trabajo con Marieclaire (Acosta) yo les decía a los militares que si tienen ganas y voluntad de hacer justicia las diligencias que faltan, que no han dicho cuáles son, las hiciéramos con la PGR; yo quiero que sea un juez civil el que procese, como dice la recomendación de la CIDH, pero como muestra de buena voluntad quiero ver que aunque sea a nivel militar procesen a los militares violadores, que los consignen." Recordó que desde finales de febrero, antes de que se hiciera pública la recomendación de la CIDH, Acosta le había propuesto reabrir la investigación de este caso en el fuero militar. Y sin embargo, hasta ahora no hay ningún avance. (El texto completo de la recomendación 53/01 al gobierno de Vicente Fox se puede consultar en la página de Internet de la CIDH. La dirección es: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Fondo/Mexico11.565.htm)
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