¤ De 43 observaciones de la Legislatura a los presupuestos de 1999 y 2000 son procedentes 14

Irregularidades del gobierno queretano por comprar a empresas ligadas a funcionarios

¤ Entre las adquisiciones destacan las hechas a una compañía de la que poseería acciones el gobernador

ALEJANDRO GONZALEZ CORRESPONSAL

Queretaro, Qro., 3 de enero. El gobierno estatal incurrió en responsabilidades administrativas al ejercer los presupuestos de 1999 y 2000, con los cuales hizo compras a empresas de funcionarios estatales o propiedad de familiares de éstos, dio a conocer la contralora estatal, Dulce María Yarza Díaz. Entre esas adquisiciones destacan las realizadas a una compañía de la cual posee acciones el gobernador Ignacio Loyola Vera.

En conferencia de prensa, la contralora entregó un documento con el que respondió a 43 observaciones que realizó la Legislatura de Querétaro a las cuentas públicas; de ellas, indicó, 14 no eran procedentes, 27 procedían parcialmente y dos lo hacían en su totalidad.

En el texto se acotó que la administración estatal incurrió en responsabilidad administrativa, al efectuar adquisiciones a la empresa Maquinaria Agrícola, porque "uno de los socios de tal negociación mercantil tiene el carácter de servidor público". No obstante, el escrito omitió que ese funcionario es el propio mandatario Loyola Vera.

A partir de este caso, señaló el documento, la Contraloría estatal instruyó a la Dirección de Adquisiciones que se abstenga en lo sucesivo de realizar compras a cualquier persona que sea servidor público o en su caso, "con las empresas de las cuales éstos sean socios".

"No se observa desviación de recursos, ni malversación de fondos, ni gastos sin comprobar", afirmó Dulce María Yarza, quien se desempeñó como oficial mayor antes de ser contralora estatal, y a juicio de varios diputados locales debe renunciar a su cargo por ser juez y parte en este asunto, al ser una de los funcionarios a quienes se debería iniciar procedimientos administrativos.

En el texto de la funcionaria, se afirma que "en cuanto a la apreciación (hecha por el Congreso) que señala Haber realizado adquisiciones a personas con quienes se tiene presumiblemente parentesco por consanguinidad... es totalmente improcedente".

Por separado, se preguntó a la contralora y a diputados locales qué sanciones se impondrían a partir de las mencionadas irregularidades. Yarza Díaz y los legisladores consultados indicaron que los castigos se especificaban en la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos; no obstante, fueron incapaces de detallar en qué consistirían.

Hasta la tarde de este jueves, fecha en que se cumplía el término de 30 días para que el gobierno estatal iniciara procedimientos administrativos contra implicados en alguna responsabilidad por los ejercicios de 1999 y 2000, la Legislatura de Querétaro no había recibido notificación oficial al respecto.

Medios locales han difundido que el gobierno de Loyola Vera realizó compras a las empresas Fasst y Oliver. La primera es propiedad de Carlos Núñez Elías, hermano de la secretaria de Planeación y Finanzas, Suhaila Núñez Elías, y Eduardo Loyola Vera, hermano del gobernador, es dueño de la segunda.

Denuncian campaña contra el Congreso

Legisladores panistas y priístas aseveraron que el gobierno estatal implementó una campaña de desprestigio contra el Poder Legislativo de Querétaro, "porque no ha asimilado los cambios democráticos ocurridos en el país", que en el estado "implican una fiscalización precisa a cuentas públicas y presupuestos".

Los legisladores Julio Sentíes Laborde y Aidé Guerra Dallilet, del PAN, así como el priísta Juan José Flores Solórzano, se refirieron en entrevistas por separado al veto que el gobernador anunció que hará al presupuesto que aprobó la Legislatura para el ejercicio fiscal 2002.

Coincidieron en que el mandatario instrumenta un proyecto de desprestigio contra el Congreso, por rechazar que fiscalice a fondo sus cuentas públicas. Flores Solórzano advirtió que "a partir de esta Legislatura no habrá otra que se le postre al Poder Ejecutivo".