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¤ Rechaza Agustín Guerrero que la medida
tenga un alto costo político para su partido
Permitió el PRD la entrada en vigor de reformas
inquilinarias
¤ La decisión se pensó muy bien, dice ¤
Considera que el impacto de las repercusiones será mínimo
¤ Anunció su postulación para contender por la dirigencia
capitalina del sol azteca
GABRIELA ROMERO SANCHEZ
El secretario general del Partido de la Revolución
Democrática en el Distrito Federal (PRD-DF), Agustín Guerrero
Castillo, afirmó que ese instituto político valoró
las reformas propuestas por Carlos Salinas de Gortari en materia inquilinaria
y consideró "que lo mejor era no abrir el expediente de las rentas
congeladas",
por lo que ya no se solicitó hacer ninguna modificación al
Código Civil.
Entrevistado
luego de que anunciara oficialmente su candidatura a la presidencia del
PRD -DF, Guerrero Castillo explicó que esta decisión se "pensó
muy bien", e incluso se "checó en el Registro Público de
la Propiedad la situación de los inmuebles con renta congelada,
año con año, detectándose que 80 por ciento están
intestados, de tal manera que el gobierno capitalino podría poner
en marcha un programa de expropiación, con un costo bajo, porque
nadie reclamaría los predios".
Tras rechazar que esta medida pueda tener un costo político
alto para el Partido de la Revolución Democrática, Agustín
Guerrero consideró que el impacto de la entrada en vigor de las
reformas impulsadas por Carlos Salinas será mínimo. De hecho,
"en el partido ubicamos como una solución de fondo, y la más
procedente, la expropiación de todos estos predios irregulares,
por decirles de alguna manera, ya que actualmente nadie paga predial ni
agua, además los inmuebles están en un proceso de deterioro
que pone en riesgo a quienes los habitan".
"Gana todo mundo"
Para Guerrero Castillo, con la expropiación "gana
todo mundo. El gobierno, porque podrá actualizar y ampliar su base
de contribuyentes; los dueños, porque se les comprará su
terreno, y los inquilinos, porque se les construirá una vivienda
segura, lo cual además generará empleos y se podrán
cumplir las metas anuales en la materia".
Con
base en los datos recabados en el Registro Público de la Propiedad,
el secretario general del PRD capitalino calculó que los predios
de renta congelada son alrededor de 350 mil, con promedio de 12
viviendas cada uno, aunque de éstas sólo está ocupada
la mitad.
Precisó que en las delegaciones Cuauhtémoc
y Venustiano Carranza, donde se concentra el mayor número de predios
con renta congelada, 30 por ciento de estos inmuebles son utilizados
como bodegas, sobre todo por el nivel de inseguridad que hay en estas zonas.
"Entonces, no es una familia la que se beneficia con la renta, sino los
comerciantes".
El candidato a la dirigencia local del PRD amplió
que el proceso de expropiación llevaría 30 días, a
partir de que el gobierno capitalino lo anuncie, "si en este lapso no hay
reclamos, se hacen los estudios técnicos necesarios y a más
tardar en un año se concluirá la construcción de las
viviendas".
Por otra parte, Guerrero salió en defensa del presidente
de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa, Adolfo López
Villanueva, al señalar que las modificaciones a los códigos
Civil y de Procedimientos serían competencia de la Comisión
de Administración y Procuración de Justicia. No obstante,
cuando se le recordó que en la anterior legislatura, sus compañeros
de partido Javier Hidalgo y Rodolfo Pichardo promovieron la prórroga
a la entrada en vigor de la llamada ley Salinas desde la primera
comisión, Guerrero Castillo aceptó que se pudo haber hecho
lo mismo ahora.
Cabe precisar que la entrada en vigor de las reformas
de Salinas de Gortari al capítulo de Arrendamiento en el Código
Civil y en el Código de Procedimientos Civiles se han
venido posponiendo desde 1993, y que como consecuencia
de las movilizaciones que realizó el Movimiento Urbano Popular (MUP),
se congelaron durante cinco años.
En 1998 la Cámara de Diputados acordó prorrogarlas
nuevamente, dejando a la Asamblea Legislativa del DF la facultad de modificar
el Código Civil, por lo que este órgano podría derogar
definitivamente las reformas o, en su defecto, presentar una nueva iniciativa
que actualice el capítulo en cuestión.
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