Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Viernes 4 de enero de 2002
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Capital
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¤ Deben expropiarse predios con rentas congeladas, plantea el legislador perredista

Propone Quintero construir viviendas dignas

¤ Descarta la administración local desposeer a dueños; se buscará la negociación, señala

GABRIELA ROMERO, MARIA ESTHER IBARRA Y ELIA BALTAZAR

vivienda1Para terminar con la incertidumbre de las 510 mil familias que habitan viviendas con renta congelada, la mayoría en vecindades en estado ruinoso, el diputado perredista Armando Quintero Martínez propuso que el Gobierno del Distrito Federal expropie los terrenos con este tipo de inmuebles para construir viviendas dignas y populares por medio de un nuevo programa habitacional para la ciudad de México.

Si bien el diputado perredista dijo que en otros momentos y casos la expropiación se ha visto como un hecho de "intervencionismo estatal" o una decisión "unilateral" de las autoridades gubernamentales, en el caso de las rentas congeladas resultaría el primer paso para solucionar la situación de miles de capitalinos que habitan viviendas en situación "nada digna".

En opinión de Quintero Martínez, a las autoridades capitalinas les resultaría menos costoso expropiar que buscar lotes baldíos para la edificación de viviendas, con lo cual se lograría arraigar a la ciudadanía en las zonas del Centro Histórico y en las delegaciones centrales. Es más, consideró que los propios dueños de vecindades y casas con rentas congeladas "agradecerían" esa medida, porque recuperarían el costo de una propiedad que por ahora no les reditúa mucho.

En este sentido, el gobierno capitalino aclaró que no recurrirá a la expropiación masiva, sino a la negociación con los dueños de los inmuebles para llevar a cabo un programa de sustitución de vivienda en vecindades, por construcciones en buen estado.

Andrés Manuel López Obrador explicó que "el jefe de Gobierno tiene la facultad de expropiar vecindades en condiciones ruinosas, por interés público. Y por eso vamos a buscar acuerdos con los dueños de estos inmuebles para solucionar un problema de mucho tiempo atrás".

Aclaró que en ciertos casos la expropiación es la medida más apropiada, dados los problemas legales que enfrentan algunos de estos viejos inmuebles, intestados o en litigio entre familiares. "Frente a estas circunstancias la expropiación es una buena medida para simplificar los trámites legales para la regularización del predio".

De hecho, el mandatario local anunció que una parte "considerable" del presupuesto de 2 mil 300 millones de pesos otorgado a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se destinará a la compra de estos predios de vecindades en las delegaciones centrales, donde viven aproximadamente 30 mil familias.

A todos los que se encuentran aún bajo el régimen de rentas congeladas, el jefe de Gobierno aseguró que contarán con todo el apoyo y la protección del gobierno de la ciudad. Y "de ninguna manera vamos a permitir desalojos masivos".

Responsabilidad compartida

Por su parte, el ex asambleísta e integrante de la Asamblea de Barrios, Javier Hidalgo, señaló que no se debió permitir la entrada en vigor de las reformas de Salinas en materia inquilinaria, porque éstas son lesivas para miles de ciudadanos. Sin embargo, rechazó que su partido sea el responsable de esto.

"Fue un descuido, pero no sólo de los diputados del PRD, sino de todos los legisladores, porque ya no estábamos para hacer una prórroga, sino para hacer un nuevo Código Civil", por lo que Hidalgo consideró que a esta omisión no procede poner un parche, sino "quitar las aristas más filosas en materia inquilinaria y brindar cierta protección a los inquilinos".

Armando Quintero Martínez informó que ayer se comunicó telefónicamente con la presidenta de la Comisión de Gobierno, la priísta María de los Angeles Moreno, con quien acordó analizar la problemática de las rentas congeladas, a fin de que el lunes la Asamblea Legislativa emitiera una opinión al respecto.

En tanto, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el priísta Juan José Castillo Mota, admitió que es necesario que la Asamblea Legislativa resarza la omisión en beneficio de las clases afectadas, pero, agregó, "también se necesita que estas personas tengan interés en mejorar sus condiciones de vida, porque tampoco es creíble que en estos días se paguen 20 pesos de renta al mes".

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