Responsabilidad compartida

Han sido ocho largos meses de discusiones, opiniones de todo tipo, deliberaciones e intensos cabildeos en torno a la reforma fiscal y a la situación económica de México. No faltaron agoreros, prospectivas y escenarios proyectados con diferentes hipótesis.

No se obtuvo la reforma hacendaria ideal, salió aquello que como fruto de los acuerdos en la pluralidad fue posible concretar. En principio, hubo pronunciamientos reconociendo la necesidad de llevar a cabo un fortalecimiento de las finanzas públicas por la vía de un rediseño en la legislación tributaria por una parte y, por la otra, determinando la orientación del gasto.

La estrategia del gobierno federal, como es por todos aceptado, no fue la mejor; hubo errores tácticos al no haber previamente explorado la posibilidad de obtener de las fuerzas políticas los consensos centrales que evitaran la contaminación del tema, especialmente en lo relativo al impuesto general del IVA en alimentos y medicinas. La inercia a la cual se fueron sumando partidos políticos, legisladores y grupos sociales alrededor de una oposición a la tributación al consumo en productos básicos, sirvió como detonador para buscar otras alternativas.

El proceso de negociación evidentemente era obligado y necesario, cada partido político representado en el Congreso de la Unión tenía su estrategia, había considerado sus tiempos, sus momentos y sus ritmos. También hubo cabildeo de empresarios, todos manifestaron, a su modo, la necesidad de la reforma hacendaria, siempre y cuando no se les afectara en sus intereses.

Varios lenguajes escuchamos en corto de quienes estaban conscientes de atender con responsabilidad, seriedad y sentido nacionalista el tema, y los discursos populistas de aquellos opositores a ultranza, capaces de conducir al país al caos con tal de que su partido gane la siguiente elección.

Ningún partido político tenía los votos suficientes ni en la Cámara de Senadores ni en la de Diputados para sacar por sí solo las leyes fiscales, esta situación ponía a todos enfrente para llevar a cabo procesos de negociación. La disyuntiva se presentaba entre optar por dotar de mayores recursos a la nación o entrar al camino de la austeridad y seguramente con mayores índices de recesión. El PRI nunca presentó propuesta alguna, curiosamente se colocó en el papel del opositor radical, con divisiones internas y opiniones encontradas. Tenía muchos conflictos de intereses y adicionaron sus controversias con situaciones coyunturales como la renovación de su dirigencia.

Ahora que se han aprobado las leyes fiscales comienzan los reposicionamientos para apartarse de las críticas que invariablemente traen consigo reformas de esta naturaleza, por quienes se sienten agraviados en sus intereses. Estoy seguro que esa posición era inevitable, es decir, la reforma perfecta tambien hubiese sido cuestionada, como en ocasiones anteriores ha ocurrido. No se trata de una defensa radical a la reforma, desde luego que es perfectible, simplemente se señalan elementos a considerar como puntualización de efectos previamente esperados. Lo que pretendo resaltar son cuestiones de responsabilidad política, en tanto los debates se centraron en especificidades particulares, concretamente en lo relacionado con la telefonía y el denominado impuesto sobre productos suntuarios.

El PRI ha marcado su distancia en ambos temas, sin embargo, en la Cámara de Diputados estuvo a favor e inclusive llevó a cabo propuestas en relación con la telefonía, discrepando de sus compañeros en el Senado, y en el segundo caso, dieron los votos necesarios para que en la Cámara de Senadores se aprobara la reforma, absteniéndose en la de Diputados. Ambas posiciones las utilizan con ambigüedades con el objeto de capitalizar lo positivo y sumarse a aquellas críticas que les pueden resultar adversas.

En síntesis, podríamos afirmar que la responsabilidad de la reforma hacendaria es de todos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, donde se sumaron acuerdos en un proceso por demás complejo y, desde luego, se debe asumir esa responsabilidad en la medida del valor que tienen los consensos frente a las necesidades del país.

Lo anterior nos conduce a la parte básica de la obtención de los recursos y su destino. Se pretende con las reformas adicionar la recaudación en poco más de un punto porcentual del producto interno bruto, circunstancia que posibilitó incrementar y reasignar recursos en diversos rubros del presupuesto presentado por el Ejecutivo federal. A manera de ejemplo, de manera muy general se expone el siguiente cuadro comparativo:

Ahora corresponde al Ejecutivo Federal, los de las entidades federativas y a los ayuntamientos dar un uso eficiente, transparente y adecuado de los recursos públicos para que se refleje el esfuerzo de todos los mexicanos en mejor calidad de vida de la población.