La Procuraduría General de la República (PGR) informó ayer que, de acuerdo con una evaluación interna realizada por su Visitaduría General, el Ministerio Público Federal archivó de manera precipitada e injustificada la denuncia interpuesta en septiembre de 2000 (un año antes de ser asesinada) por la abogada Digna Ochoa, defensora de derechos humanos, por secuestro, robo y amenazas.

De esa evaluación se desprende la posible responsabilidad administrativa y penal de dos directores generales de Control de Procedimientos Penales, de dos agentes del Ministerio Público, de tres agentes auxiliares y de cinco elementos de la Policía Judicial Federal. "Se advirtió -señala el comunicado correspondiente- que el Representante Social de la Federación incurrió en omisiones injustificadas en el cumplimiento de sus obligaciones" y que "actuó de manera precipitada en determinar la reserva de la indagatoria en un tiempo muy corto".

Por principio de cuentas ha de señalarse que la investigación referida, así como la determinación de publicar sus resultados, constituyen decisiones saludables y positivas por parte de la actual dirección de la PGR que, lejos de poner en entredicho la integridad de la institución, la fortalece y la consolida.

En otro sentido, cabe apuntar que el señalamiento de la Visitaduría General de la PGR tiene implicaciones gravísimas, no sólo por la ineficacia y la torpeza de los elementos que archivaron las denuncias de la litigante asesinada, sino porque con sus omisiones e irresponsabilidades crearon las circunstancias propicias para que los todavía anónimos asesinos de Digna Ochoa perpetraran, un año más tarde, el repudiable homicidio.

El comunicado de la dependencia abre, asimismo, la terrible posibilidad de que los funcionarios del Ministerio Público que incumplieron con su deber hayan actuado en complicidad con --y a las órdenes de-- los ámbitos e intereses en los que, a la postre, se gestó el asesinato de la abogada.

Como quiera que sea, resulta fundamental que la PGR vaya hasta el fondo y hasta las últimas consecuencias en la investigación y procuración de justicia, e independientemente de la jerarquía, el fuero o la posición económica y social de los implicados, tanto en las omisiones e irregularidades señaladas, como en el crimen perpetrado un año después.

Finalmente, cabe esperar que se intensifique la colaboración entre la PGR y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, principal encargada de esclarecer ese asesinato que agravia a la sociedad en su conjunto.