Ť Evalúan los avances en el cumplimiento de recomendaciones emitidas por la CIDH

Se aplican 30 medidas para dar protección a defensores de derechos humanos: Gobernación

Ť Muchas de esas acciones fueron solicitadas por organismos no gubernamentales, asegura

Ť El general Gallardo ahora "está en mucho mejores circunstancias": Ricardo Sepúlveda

ALONSO URRUTIA

En una reunión para evaluar los avances en la aplicación de las medidas cautelares para la protección de los defensores de derechos humanos recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Secretaría de Gobernación anunció la institucionalización de una política en este sector que permita aplicar con regularidad tales medidas.

Durante el encuentro, al que acudieron el subprocurador general de la República, Eduardo Ibarrola Nicolín, y la subsecretaria de Derechos Humanos de la cancillería, Marie Claire Acosta, efectuada en la Secretaría de Gobernación, el primero dio a conocer un informe de los avances en las investigaciones realizadas en torno a los anónimos con que amenazaron a cinco defensores de derechos humanos días después del asesinato de Digna Ochoa.

Al término del encuentro, Ricardo Sepúlveda, responsable de la Secretaría de Gobernación para tratar los asuntos de derechos humanos, se refirió también al general José Francisco Gallardo y subrayó que su reciente traslado a otro penal ha incrementado sensiblemente las garantías en favor de su persona.

"Realmente está en mucho mejores circunstancias, tiene más amplitud, porque es un Centro de Readaptación Social con menos reclusos y, por lo tanto, tiene más libertad de movimiento, más exclusividad".

El funcionario mencionó que en los próximos días habrá una sesión de la CIDH a fin de evaluar las medidas que ha realizado el gobierno mexicano para ofrecerle mayores garantías al general Gallardo. Comentó que ese organismo internacional ya ha sido notificado oficialmente de las medidas para incrementar su protección y la de su familia.

Al referirse a la reunión evaluatoria del comité de seguimiento de las medidas cautelares, Sepúlveda mencionó que desde que se recibieron las recomendaciones de la CIDH el gobierno mexicano ha instrumentado 30 medidas de protección a defensores de derechos humanos, muchas de las cuales no fueron solicitadas por el organismo internacional, sino por diversas organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos.

Acordarán criterios de aplicación

"Las medidas de protección son fundamentalmente de custodia, de acompañamiento, de vigilancia, aunque también hay otras, referidas a favorecer con más medios de comunicación, teléfonos, a las organizaciones para que puedan mejorar la comunicación entre ellos", detalló Sepúlveda.

Explicó que en algunos casos la responsabilidad de la aplicación de estas medidas corre a cargo de la PGR u otras dependencias gubernamentales, pero "en algunos otros casos este acompañamiento lo reciben de parte de organismos internacionales que se dedican a esto, como es el caso de las Brigadas Internacionales por la Paz".

-Cuando habla de 30 medidas, Ƒse refiere al número de personas bajo protección?

-Son personas e instituciones, porque algunas medidas son, por ejemplo, para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

Sepúlveda mencionó que en la reunión se platicó de la firma de un convenio interinstitucional que permita tener mecanismos de coordinación de las políticas de derechos humanos que favorezcan una más estrecha colaboración en las acciones de las diversas dependencias gubernamentales.

Comentó que se elaborará un documento con criterios para el otorgamiento de las medidas de protección, cómo se van a proporcionar, qué procedimiento se va a seguir, qué medidas son las que se van a otorgar, en qué circunstancias, de manera que exista un criterio más uniforme, más claro, tanto para los mismos defensores como para las dependencias.

Sobre las denuncias de las organizaciones no gubernamentales respecto al doble discurso gubernamental y las acusaciones de buscar lucrar con el financiamiento internacional que les hizo la PGR, Sepúlveda dijo que la Secretaría de Gobernación estaba evaluando este pronunciamiento para dar una respuesta oficial a las organizaciones.