Las tres principales fuerzas políticas del país se encuentran actualmente en distintos momentos del recambio de sus respectivas dirigencias. El hecho sería destacable en cualquier circunstancia porque, siendo los partidos institutos de interés público subvencionados con fondos del Estado, sus actividades internas han de estar sujetas al escrutinio de la sociedad en general.

Adicionalmente, en la circunstancia actual, la renovación de liderazgos en los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, requiere de la atención pública porque se trata de circunstancias inéditas para esas tres formaciones: el PAN se encuentra, por primera vez en su historia, en la condición de partido gobernante; el segundo intenta realizar su primera sucesión de dirigentes sin el agobio, protección e imposición de la figura presidencial, y el tercero se enfrenta a la desaparición de su antagonista fundacional: la presidencia priísta y el régimen que la rodeaba.

Ninguno de los tres parece haber superado plenamente aún la desorientación y el desconcierto de la caída de lo que se conoció durante siete décadas como sistema político mexicano.

Los procesos de renovación de dirigencias son muy diferentes en los tres partidos, pero hay entre ellos un denominador común: en los tres casos se realizan bajo la mirada de una opinión pública que ha aprendido a distinguir con nitidez entre los usos partidistas democráticos y transparentes y los desaseos cupulares y componendas que marginan a militantes y simpatizantes. Por ello, de la limpieza con que se realice la selección de liderazgos en cada uno de ellos --y de la impresión que causen a la sociedad sus respectivos procesos internos-- dependerá, en gran medida, la suerte y desempeño de esas organizaciones en los comicios del año entrante.

En términos generales, cabe esperar que el nuevo entorno político nacional --es decir, la primera presidencia no surgida del PRI en siete décadas-- permita redefinir y clarificar el papel de los partidos en la vida política. Es indudable la necesidad de tales organismos, así como la pertinencia de seguirlos considerando entidades de interés público.

En este sentido, y si se tiene una mínima noción de los terribles excesos del autoritarismo y el hegemonismo, los costos económicos de la democracia resultan inevitables, necesarios y hasta deseables. Al mismo tiempo, es claro que la normatividad vigente del régimen de partidos debe afinarse para evitar distorsiones de la vida pública, como la fundación y operación de supuestos organismos partidistas y asociaciones políticas que son, en realidad, negocios de particulares realizados a expensas del erario.