Ť Los hechos pueden parecer normales, pero en el fondo se aprecian manipulaciones, dice
Actos aparentemente legales encubrieron las irregularidades halladas en Pemex: Secodam
Ť Documento muestra que préstamos similares se habían otorgado con anterioridad al STPRM
JUAN ANTONIO ZUÑIGA M., ISRAEL RODRIGUEZ J. Y ROBERTO GONZALEZ AMADOR
En el centro de una querella en la que el ex director de Pemex Rogelio Montemayor Seguy ha solicitado "el no ejercicio de la acción penal" en su contra al procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) afirma que las irregularidades detectadas en esta paraestatal fueron encubiertas por actos aparentemente legales.
Sobre el presunto desvío de mil 100 millones de pesos de Pemex al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), la Secodam advierte: "Los hechos pueden presentar ciertas circunstancias que los hacen aparecer como normales, procedentes y aun documentados, pero en el fondo se aprecia la existencia de manipulaciones acordadas o aceptadas entre los directivos de Pemex, y quienes actuaron a nombre del sindicato para desposeer a la empresa de importantes recursos".
Coincidencias y diferencias
Documentos en poder de La Jornada, en los que ambas partes dan su versión sobre el uso de esos fondos, cuya legalidad y destino final investiga la PGR, coinciden en fechas, montos, forma, uso y hasta en los respaldos documentales que motivaron la cuarta adecuación presupuestal a Pemex en 2000.
Pero difieren en la interpretación de los actos que motivaron la solicitud y uso de recursos presupuestales de la paraestatal, entre los cuales se destinaron 640 millones de pesos a un préstamo al STPRM para enfrentar las consecuencias de un litigio perdido en una corte de Texas, por incumplir la entrega de 6 millones de barriles de petróleo residual pactada con la empresa Arriba Limited.
La querella aborda elementos de interpretación sobre leyes y regulaciones específicas que, por un lado, fundamentan la denuncia y por el otro la invalidan; pero ambas partes centran su acusación y defensa, respectivamente, en los dineros canalizados al sindicato petrolero un mes antes de que concluyeran las campañas partidarias por la Presidencia de la República en 2000.
La Secodam señala que "mediante auditoría se detectó el uso incorrecto de fondos públicos, violando la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Orgánica de Pemex y Organismos Subsidiarios, tomando en cuenta que el corporativo de Pemex carecía de presupuesto y autorización del consejo de administración y de la Secretaría de Hacienda".
Y puntualiza: "Maquinaron la distracción del patrimonio de la paraestatal argumentando negociaciones obrero-patronales de dudosa legitimidad".
Asignaciones presupuestarias no rebasadas
Por su parte, al comparecer por escrito ante el titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, Rogelio Montemayor responde, primero, que tanto la Ley Federal del Trabajo como la cláusula 246 del contrato colectivo de trabajo de ese año establecen que "en los casos en que proceda y exista disponibilidad presupuestal, el patrón podrá otorgar préstamos a cuenta de cuotas sindicales al STPRM o a sus secciones, por conducto de su Comité Ejecutivo General".
Después, el ex director corporativo de Pemex asegura que "si bien es cierto que el convenio 9399, que se celebró el 5 de junio de 2000, entre Pemex y el STPRM incidió en el presupuesto de egresos de Pemex, también es verdad que las obligaciones de gasto que se pactaron no rebasaron las asignaciones presupuestarias que se aprobaron para ese año".
Una copia del convenio administrativo sindical 9399, la cual presenta en la parte superior izquierda el sello de la notaría 105 del Distrito Federal -a cargo de Fermín Fulda Fernández-, constata que la solicitud de préstamo por 640 millones de pesos fue hecha por el sindicato petrolero el 31 de mayo de 2000, que la empresa manifestó anuencia para otorgarlo, y deja constancia de que se pagaría en 20 mensualidades a una tasa de interés equivalente al costo porcentual promedio de captación. Es decir, una tasa blanda.
Las motivaciones del préstamo solicitado por el STPRM se encuentran contenidas en la minuta de una reunión entre directivos de Pemex y representantes sindicales, la cual se llevó a cabo el mismo 31 de mayo.
Según este documento, el sindicato expuso que "ese tipo de préstamos se han venido otorgando con anterioridad" y expuso las razones con que fundamentó su petición: "Obligaciones económicas derivadas de las demandas interpuestas en contra del Comité Ejecutivo General y de cada una de sus 36 secciones; elevados débitos heredados de directivas anteriores".
Continúa la minuta: "Sensible disminución de los ingresos por cuotas sindicales, con motivo del reajuste de más de cien mil trabajadores sindicalizados"; "supresión, a partir de 1989, de los ingresos por utilidades resultantes de los contratos de obra concertados directamente con Pemex o subcontratados con terceros"; "decremento, casi total, de los superávit registrados por empresas auspiciadas por el sindicato, como ranchos, granjas, fábricas, talleres y otras", y "creciente ineficiencia de la hacienda sindical, dado el constante deterioro del poder adquisitivo".
Montemayor Seguy asegura que la operación de financiamiento fue "absolutamente legal".
La Secodam, por su parte, sostiene que el convenio 9399 constituye "el inicio de un conjunto de actos indebidos por el director de Pemex y los directivos corporativos de Administración y de Finanzas, utilizados para distraer fondos públicos al amparo de la relación obrero-patronal que no estaba debidamente justificada".
Convenio firmado ante la STPS
En un oficio de la dirección corporativa de Administración, a cargo entonces de Carlos Juaristi -también notariado y el cual fue remitido a la gerencia de Administración Financiera del corporativo- se anexó copia del recibo expedido por la directiva sindical, "a través del cual se le otorgó un préstamo por 640 millones de pesos, para solventar demandas laborales, civiles, penales y fiscales que existen en el STPRM". Este oficio está fechado el 6 de junio de 2000.
El 31 de julio de 2000 el sindicato petrolero presentó a Pemex un pliego de exigencias y reclamaciones, por el incumplimiento de la paraestatal "a diversos compromisos y acuerdos pactados en las revisiones contractuales de 1997 y 1998, las cuales constituyen una violación al contrato colectivo", según explicó Montemayor al procurador Macedo de la Concha.
Después de 16 reuniones de trabajo, celebradas entre el 3 y el 29 de agosto, las partes firmaron el 11 de septiembre el convenio 9492, en el cual Pemex acepta otorgar un apoyo económico de 250 millones de pesos para atender específicamente las consecuencias del fallo en su contra por haber incumplido el contrato suscrito con Arriba Limited 14 años atrás.
Entre peticiones, préstamo y apoyo, los requerimientos acumulaban mil 100 millones de pesos, pero de esa cantidad se dedujeron los 640 millones que se había entregado al STPRM el 6 de junio anterior, por lo que la cantidad neta entregada ahora fue de 460 millones de pesos. Pero la adecuación presupuestal a Pemex, efectuada el 29 de septiembre, fue de mil 180 millones.
En su alegato ante la PGR, Montemayor afirma que "la propia autorización de la SHCP especificó que de la adecuación compensada autorizada de mil 180 millones de pesos correspondían, de acuerdo con el Calificador por Objeto del Gasto interno de Pemex, al rubro 'Gastos de Previsión Social pagados a terceros del Corporativo'".
El convenio 9492 se formalizó ante la Secretaría del Trabajo, según consta en la documentación de ambas partes en poder de La Jornada.
En su apreciación, la Secodam sostiene que "la obligación del patrón, en este caso Pemex, no incluye brindar apoyos económicos para solventar problemas estrictamente vinculados entre particulares y entre los cuales no era parte Pemex. Sin embargo, los funcionarios públicos involucrados, bajo un ardid de relación laboral, dispusieron de recursos ajenos a los objetivos de la paraestatal, lo que podría ser constitutivo de un ilícito penal".
Pero eso lo determinarán la PGR y el Poder Judicial de la Federación.
