Julio Hernández López

EL SABADO PROXIMO habrá en Ciudad Juárez, Chihuahua, un acontecimiento social de gran revuelo, cuando se casen Stephanie Korrodi Ordaz y Fernando Baeza Gómez. Ella, hija del hombre de los dineros del foxismo, Lino Korrodi; él, del ex gobernador de aquella entidad, quien ahora -según lo publicado en El Heraldo de Chihuahua- trabaja para la familia Hank administrando un rancho productor de piñas -relacionado con Carlos Cabal Peniche y Del Monte- en Costa Rica. Esta será la segunda ocasión en que el mago de las finanzas de la campaña foxista visite aquella entidad norteña para saraos matrimoniales, pues en 1999 otra de sus hijas, Karla, casó con Valentín Fuentes, miembro de una de las familias de más poder económico de la región, que ha sido puntal del priísmo tradicional y que también ha sido enredada en asuntos similares a los que cotidianamente aquejan a los Hank. A esta primera boda asistió como invitado especial Vicente Fox Quesada.

LAS CONNOTACIONES POLITICAS de un hecho que corresponde al ámbito privado son inevitables en un estado en el que el foxismo y el panismo están librando una batalla abierta por recuperar el control político que Francisco Barrio Terrazas perdió frente al priísta Patricio Martínez. Con absoluto descuido de las formas, el contralor federal está empecinado en reinstalarse en Chihuahua como factor político. Un par de semanas atrás, por ejemplo, encabezó en Ciudad Juárez una reunión con medio millar de empresarios a la que llevó a miembros del gabinete presidencial, en una demostración de fuerza facciosa que generó fuertes reacciones en el ánimo del gobernador priísta, Martínez, que de por sí está plenamente predispuesto a los disparates. El viernes pasado, en otro movimiento de ajedrez partidista, Barrio se hizo presente en la tierra que gobernó, fuera de programación oficial, acompañando al secretario de Salud, Julio Frenk.

MARTINEZ, POR SU PARTE, parece empecinado en demostrar con abundancia que vive afectado de su salud mental. Desde que sobrevivió de milagro a un atentado que inexplicablemente sigue en la oscuridad en cuanto a sus autores intelectuales y sus móviles reales, el mandatario priísta se mueve entre el más crudo de los pragmatismos priístas y ciertas pretensiones de sentirse predestinado o iluminado. Sus adversarios lo acusan de enriquecimiento acelerado y colusión con segmentos del narcotráfico a una de cuyas batallas internas suelen atribuir algunas autoridades federales el atentado antes mencionado. El escándalo más reciente del gobernador Martínez ha sido la designación de Jesús José Solís Silva como procurador de Justicia del estado. Diversas organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos han reaccionado negativamente a ese nombramiento. El senador Javier Corral Jurado ?quien forma parte del grupo de Barrio Terrazas? expresó por escrito que el citado procurador, a quien apodan El Chito, tiene "una de las biografías criminales más documentadas del estado", con énfasis en la sistemática violación de derechos humanos y con frecuentes ocasiones en las que se le ha vinculado con los cárteles de la droga.

EN OTRO PUNTO de la frontera, en Baja California, el gobernador del estado, Eugenio Elorduy, vive una situación incómoda desde que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, ordenó cerrar cuentas y movimientos financieros de diez empresas y 14 personas que, según las indagaciones de aquel país, están relacionadas con el lavado de dinero y el apoyo al corporativo de narcotráfico dirigido por los hermanos Arellano Félix. El problema radica en que el secretario de Turismo del gobierno bajacaliforniano, Alejandro Moreno Medina, es copropietario de Valpark, Operadora Valpark, Accesos Electrónicos y Gex Explore, cuatro de las diez empresas acusadas por el presidente estadunidense de lavar dinero. Otras dos de esas diez entidades son, a su vez, copropiedad de Luis Ignacio Moreno Medina, hermano del secretario de Turismo. El nombre y las direcciones de Luis Ignacio fueron señalados expresamente por el Departamento de Estado en la relación de los presuntos lavadólares bancariamente perseguidos.

EL PROPIO GOBERNADOR Elorduy aparece tocado por el escándalo, pues fue él quien en 1985 vendió los terrenos sobre los cuales se construiría el hotel y complejo turístico Oasis, que es otro de los destinatarios de los dardos antidroga del gobierno federal vecino (no se olvide que un jefe policiaco fuertemente ligado con Elorduy y con el actual alcalde de Mexicali está en un penal de alta seguridad, acusado de haber sido protector de los citados Arellano Félix). Tan convencidos están los acusadores de la veracidad de sus indagaciones que, sin mediar proceso judicial alguno, el Departamento del Tesoro comenzará a repartir desde ahora, y hasta el próximo 15, un volante informativo dirigido a los ciudadanos estadunidenses que crucen hacia México, para advertirles que podrían ser sancionados con cárcel hasta por 30 años, y multas de medio millón hasta 10 millones de dólares si compran medicinas en las farmacias Vida o se hospedan en el hotel Oasis Resort. Según nota firmada por Abraham Nudelstejer y Agustín Valle, la vocera del citado departamento estadunidense, Tasia Scolinos, habría dicho que los ciudadanos de ese país no deben gastar dinero "en establecimientos que son manejados por organizaciones que se dedican al narcotráfico". Por lo pronto, a partir del día 15, los agentes aduanales del país vecino podrán confiscar medicamentos y mercancías que hayan sido vendidos por la cadena farmacéutica Vida.

EL GOBIERNO FOXISTA, a pesar de las graves implicaciones políticas y económicas del embargo de cuentas y del enjuiciamiento sumario de empresas y ciudadanos mexicanos, no parece haber valorado correctamente las dimensiones del asunto, tal vez ajetreado como está el canciller Castañeda en propiciar encuentros del Presidente mexicano con disidentes del castrismo, y atareado también el Presidente en escuchar elogios fidelianos a su altura, que un buen ranchero mexicano pondría en remojo por cuanto la amplitud física no es tenida necesariamente en los ámbitos campestres como sinónimo de calidad.

EL HECHO ES que la única reacción más o menos confrontadora del asunto la ha dado el propio gobernador Elorduy, al pedir a la procuraduría federal de justicia que abra una investigación formal sobre las acusaciones estadunidenses, para que no se siga afectando el interés y la honra de mexicanos que no han sido juzgados ni condenados por nadie acá en estas tierras llenas de carteles (no cárteles, que conste) en las calles.

DOLIDO, TAL VEZ pretendiendo ser irónico, pero acaso con voz de profeta que alcanzase con sus visiones la circunstancia bajacaliforniana y acaso la nacional, sobre todo en cuanto a campañas presidenciales de 2000, Elorduy se preguntó: "¿podríamos decir que el hecho de que el presidente Bush y el vicepresidente hayan recibido donativos de la empresa Enron, que quebró, y se llevó todos los patrimonios de sus empleados de una forma fraudulenta, están involucrados en esto? Yo creo que no, definitivamente".

EL PROBLEMA PARA Elorduy, Korrodi, Barrio y Fox sería que la respuesta fuera "sí, definitivamente sí".