León Bendesky

Luz

A menos de un mes de haberse aprobado la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2002, la Secretaría de Hacienda anunció cambios en la aplicación de los subsidios a partir de cierto nivel de consumo residencial de energía eléctrica. Una vez más, el gobierno actúa de manera que parece inconsistente en cuanto a la aplicación de las medidas para la gestión de la economía. Esto crea incertidumbre, provoca fricciones y, en suma, no parece buena costumbre. Ya había ocurrido lo mismo en el primer presupuesto que presentó el Ejecutivo, y que se hizo sobre la base de una estimación del déficit fiscal que un par de semanas más tarde resultó que podría ser siete veces mayor o aun más, cuando se contabilizaron los rubros considerados contingentes.

Después de aprobado el presupuesto federal en las primeras horas de este año, los legisladores declararon públicamente que se había proveído al gobierno de recursos suficientes para gastar. Pero la política fiscal sigue estando atada de modo firme y perverso a la operación de las empresas paraestatales del sector de la energía. No habrá un verdadero cambio en las finanzas públicas que sostenga la estabilidad y el crecimiento sin una amplia reforma energética. Pero para eso se necesita empezar por tener una política clara, explícita y sin vergüenzas al respecto, que aborde los temas de la operación de las empresas, las competencias del Estado y del sector privado, las tarifas, los subsidios y las inversiones. Eso aún no existe y la manera en que se siguen tomando las decisiones da más la impresión de ser en retazos, que no necesariamente ensamblan para dar un todo coherente. Hoy la gestión del sector energético muestra que está vinculada con las necesidades coyunturales del gobierno y no con una visión de largo plazo del desarrollo nacional; ése ha sido uno de los grandes vicios políticos de los últimos años y muy costoso en todos términos. En esto hay aspectos técnicos y financieros que considerar; hay, igualmente, una cuestión de definición y aplicación políticas que no acaban de cuajar.

Esta forma de actuación del gobierno provoca muchas preguntas: Ƒrealmente fue una nota publicada en un diario la que desató la reacción de Hacienda? ƑSe explica con ello la manera tan desaseada de anunciar e instrumentar una medida de ese tipo, que provocó confusiones, exhibió a los funcionarios y obligó al Presidente a posponer la aplicación de los cambios, cuya entrada en vigor había sido anunciada para el primero de febrero? ƑSe justifica este modo de intervenir en la administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en la determinación del costo de la luz? ƑCómo funcionan CFE y Compañía de Luz y Fuerza del Centro y cuáles son los costos de producción de la electricidad? ƑQué acciones siguen a ésta y cómo afectará la situación de los consumidores y las decisiones de inversión de las empresas?

Tal como se anunció originalmente, la reducción de subsidios debería generar un monto adicional aproximado de ingresos públicos de 10 mil millones de pesos que serían aplicados a la propia CFE. ƑNo hubiera sido mejor considerar el asunto dentro del presupuesto y que fuera el propio Congreso el que asignara los recursos en una partida oficial y que no fuera una acción del Ejecutivo? Sería también mejor que hubiera más coordinación entre los responsables de la economía y evitar que Hacienda niegue un impacto inflacionario derivado de los costos de luz para el usuario, y que al mismo tiempo el Banco de México advierta que esa cuestión compromete sus metas de aumento de los precios para este año.

Es claro que debe reforzarse la situación financiera de las empresas públicas dedicadas a la energía, pero esto tiene que ocurrir en el marco de esa política sectorial que aún no existe. Vaya, la cuestión es que la manera en que se está tratando el tema de los subsidios no hace transparente la administración fiscal ni el destino de esos nuevos recursos que pueden obtenerse, ello en el sentido de las estrategias respecto a la propia empresa pública. Los subsidios son una distorsión de los precios y por eso afectan la asignación de recursos. Pero lo anterior no significa que las relaciones mercantiles suplan el uso de formas específicas que interfieran con un problema de distribución de los recursos en la sociedad. Tampoco reduce el asunto a una confrontación simple entre los ámbitos de acción del Estado y del mercado, ni al hecho de que este último deba ser regulado, sino que abre la discusión sobre el campo en el que incluso debe haber mercado o no haberlo en el caso de la energía.

En la última década ha habido cambios relevantes en la gestión energética, que incluyen: medidas de restructuración de las empresas públicas; obtención de recursos financieros por fuera de las partidas presupuestales; desreglamentación, liberalización y privatización de segmentos de la industria, y fijación de precios y tarifas en los que existe una referencia de índole regional, por cuestiones de clima y de la relación fronteriza en el norte del país. Pero eso no constituye una política energética ni da coherencia a las acciones de gobierno.

Hay que empezar por establecer la política explícita en materia de energía y su relación con el funcionamiento general de la economía y el bienestar de la población. La inversión en la energía está estrechamente ligada con el patrón de crecimiento y la estructura industrial y con la manera de inserción en el mercado mundial, especialmente en el de Norteamérica, donde aún se participa en el margen. En esto el actual gobierno no ha logrado proponer nada distinto de sus dos antecesores, que fueron de tumbo en tumbo, y más bien parece enredado. También parecen estarlo los partidos políticos que no fijan una posición clara y creíble respecto a un tema capital como es la energía. Les pasa un poco como a Alicia, quien no podía entrar a la casa de la duquesa porque había tanto ruido adentro que no podían escuchar quién tocaba la puerta. El país necesita luz, de esa que se transmite por cables, y también necesitan luz el gobierno y los demás involucrados en la recreación del sector, de esa que tiene que ver con la visión del país que quieren.